José Hilario Moreno de la Cruz
Expediente 232/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Hilario Moreno de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual hace del conocimiento a este Juzgado de Distrito, que ese Órgano Jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, asignándole el número de juicio 231/2016; por tanto, glósese a los autos del cuaderno de antecedentes derivado del juicio amparo 232/2016, para que obre como corresponda.- En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por *************** y ************* por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y Actuaria adscrita a ese Tribunal. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número ***/****, y fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente (énfasis añadido): "A).- La orden verbal del C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante la cual prohibió a la actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a que trabara legal y formal embargo en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 18 de febrero de 2016, en el expediente laboral número 378/2007. B).- De la C. Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se reclama la ejecución de la orden verbal del C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante la cual prohibió a la actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a que trabara legal y formal embargo en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 18 de febrero del 2016, en el expediente laboral número 378/2007 y como consecuencia de ello, la omisión de trabar embargo sobre bienes del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO, en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha 18 de febrero del 2016, en el expediente laboral número 378/2007. C).- De la C. Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se reclama la ejecución de la reinstalación de los ahora quejosos ********************** y ******************************* teniendo como parámetro el ofrecimiento del empleo realizado por el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO, en su escrito de contestación a la demanda y no cumplimiento a los lineamientos del laudo condenatorio de fecha 16 de enero del 2014, dictado en el expediente laboral número 378/2007." Asimismo, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de Distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en su demanda de amparo en la parte que interesa, que reclaman la orden verbal que afirman dio el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a la actuaria adscrita a dicho órgano laboral, prohibiendo a ésta, trabar formal y legal embargo en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, y de la actuaria de referencia, la ejecución de dicha orden llevada a cabo en la diligencia aludida y como consecuencia la omisión de trabar embargo sobre los bienes del Ayuntamiento demandado; además, impugnan la ejecución de la reinstalación en el juicio laboral ***/****. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consistente en la orden verbal del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual prohibió a la actuaria adscrita a ese órgano laboral que trabara legal y formal embargo en la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; lo cual permite establecer y debe considerarse que la determinación combatida indefectiblemente tuvo ejecución material en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, toda vez que fue en ese municipio donde se llevó a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; por lo que es dable concluir que lleva implícita una ejecución cuya materialización debe contemplarse para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Por lo anteriormente expresado, si se considera que el acto reclamado tiene un efecto positivo porque ya se ejecutó en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, se tiene que al respecto se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgado es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis I.1o.A.44 A, de la Novena Época, Instancia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Asimismo, se aplica a lo anterior, la tesis publicada en la página setenta y tres, tomo 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto enseguida se transcribe: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AÚN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecutó materialmente el acto reclamado.
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