José Hilario Martínez Martínez
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Hilario Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRLA.203/2019-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil diecinueve. 1.- Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 53 a 69), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Hilario Martínez Martínez, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. 2.- Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3.- Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia dictada en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.- Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.- Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6.- Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7.- Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8.- Destino del incidente. En virtud que del auto admisorio se advierte que se ordenó formar, por duplicado, el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este asunto, acuérdese lo conducente en dicha pieza incidental, si resulta procedente. 9.- Se dejan documentos a disposición. Por otra parte, se deja a disposición de la parte quejosa el original del contrato de arrendamiento de quince de mayo de dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en la calle Pico de Orizaba, número quinientos dos (502), colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez (fojas 7 a 9), mismo que anexó a su demanda de amparo; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, será destruido junto con el expediente. 10.- Se ordena devolución de documentales. Finalmente, como se advierte de la certificación de cuenta que en la Secretaría de este Juzgado obran las documentales siguientes: Original del juicio sumario civil 175/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca (tomo anexo I). Cuaderno de pruebas de la parte demandada (tomo anexo II). Incidente de tacha de testigos (tomo anexo III). Cuaderno de pruebas de la parte actora (tomo anexo IV). Que remitió la autoridad responsable juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en su informe justificado (fojas 24 y 25); en consecuencia: Devuélvanse los mismos, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. PRLA.203/2019-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil diecinueve. 1.- Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 53 a 69), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por José Hilario Martínez Martínez, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso. 2.- Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3.- Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia dictada en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.- Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.- Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6.- Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7.- Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8.- Destino del incidente. En virtud que del auto admisorio se advierte que se ordenó formar, por duplicado, el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este asunto, acuérdese lo conducente en dicha pieza incidental, si resulta procedente. 9.- Se dejan documentos a disposición. Por otra parte, se deja a disposición de la parte quejosa el original del contrato de arrendamiento de quince de mayo de dos mil dieciséis, respecto del inmueble ubicado en la calle Pico de Orizaba, número quinientos dos (502), colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez (fojas 7 a 9), mismo que anexó a su demanda de amparo; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, será destruido junto con el expediente. 10.- Se ordena devolución de documentales. Finalmente, como se advierte de la certificación de cuenta que en la Secretaría de este Juzgado obran las documentales siguientes: Original del juicio sumario civil 175/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca (tomo anexo I). Cuaderno de pruebas de la parte demandada (tomo anexo II). Incidente de tacha de testigos (tomo anexo III). Cuaderno de pruebas de la parte actora (tomo anexo IV). Que remitió la autoridad responsable juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en su informe justificado (fojas 24 y 25); en consecuencia: Devuélvanse los mismos, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 203/2019 MESA 7-A° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ...Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACION POR LISTA AL TERCERO INTERESADO JUAN ANTONIO LOPEZ NIZ. VISTOS; para resolver el juicio de amparo número 203/2019, del índice de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, José Hilario Martínez Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto siguiente (se copia imagen): La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 10 a 14) se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 203/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 24 y 25) se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) Rosa María Velásquez Velásquez y 2) Juan Antonio López Niz; la primera se apersonó a este juicio en auto de veintinueve de marzo siguiente (fojas 31 y 32) y el restante se emplazó el doce de abril de este año (foja 47); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115 y 117 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable tiene su residencia en la ciudad de Oaxaca, esto es, dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos de autoridad que se reclaman. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio, deben quedar precisados cuáles son. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al expresarse los actos reclamados. Por sus razones, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y textos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese entendido, de un análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, se advierte que a las autoridades responsables se les reclaman los actos siguientes: Autoridad responsable ordenadora: 1. Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Autoridad responsable ejecutora: 2.- Ejecutor llevador de expediente 175/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Actos reclamados: A). La orden de lanzamiento dictada en el juicio sumario civil número 175/2017, del índice Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca respecto del bien inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes, en la ciudad de Oaxaca. B). La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil número 175/2017, del índice Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso A) del segundo considerando. Por cuanto al acto reclamado marcado en el inciso A) del apartado que antecede, las autoridades responsables 1) juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro (ordenadora) y 2) actuario Judicial adscrito (ejecutora) -fojas 22 y 23-, negaron su existencia (fojas 22 y 23). Sin que el quejoso haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. Pues en el caso de las constancias que obran en el juicio sumario civil 175/2017 (tomo anexo I), no existe la orden de lanzamiento que se reclama, al encontrarse pendiente el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en dicho juicio. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la existencia del acto reclamado en estudio, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Énfasis añadido Así como la tesis VI.2º.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que este homólogo comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Énfasis añadido CUARTO.- Existencia del acto reclamado precisados en el inciso B) del segundo considerando. Las autoridades responsables 1) juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro (ordenadora) y 2) actuario Judicial adscrito (ejecutora), al rendir sus informes justificados (fojas 22 y 23), negaron la existencia del acto precisado en el inciso B) del segundo considerando que antecede; sin embargo, se desvirtúa dicha negativa, pues de las constancias que obran en el juicio sumario civil 175/2017 (tomo anexo I); documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; se advierte que la parte quejosa no fue emplazada a dicho juicio en el que, por sentencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 128 a 136 tomo anexo I), entre otras cuestiones, se condenó a la parte demandada a la desocupación y entrega voluntaria del inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes, en la ciudad de Oaxaca (sentencia confirmada únicamente respecto a sus efectos, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca civil 275/2018, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca fojas 158 a 165 tomo I). Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 226 publicada, en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, la cual es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acredita que el acto reclamado afecta su interés jurídico o legítimo. El concepto de interés jurídico, de acuerdo a la jurisprudencia que enseguida se plasmará, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio (derecho subjetivo) el cual se encuentra protegido por alguna norma legal. El criterio jurisprudencial citado es de la Octava Época, fue emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, se puede localizar con el número de tesis VI. 2o. J/87, en la página trescientos sesenta y cuatro, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, y es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así, para acreditar la anterior postura jurídica, es conveniente establecer que para defender la afectación de la posesión y/o propiedad a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen, es necesario acreditar los elementos siguientes: 1. Su condición de tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados. 2. Su calidad de poseedor y/o propietario del inmueble que se pretende defender en la vía constitucional, y 3. La afectación de esa propiedad y/o posesión mediante los actos reclamados. Así, la falta de alguno de los requisitos enumerados tiene como consecuencia que la propiedad y/ posesión aducida, por quien se ostenta tercero extraño a juicio, no sea susceptible de defenderse a través de esta vía constitucional. Asimismo, se estima oportuno puntualizar que, para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, debe juzgarse sobre la eficacia de las pruebas; en este caso, de la posesión aducida, frente a la autoridad responsable y no frente a terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber en favor de éstos o del quejoso es, en todo caso, materia del juicio de origen y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el juez de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por tanto, en relación con la posesión que aduce tener el quejoso, el estudio de las pruebas que ofreció no es para resolver quién resulta el legítimo poseedor o propietario, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y sobre la base de los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violación de los derechos humanos en perjuicio del aparente poseedor que, en la especie, resulta, además, ser un tercero extraño a juicio. En el caso, no se encuentra acreditada la afectación a su interés jurídico, pues de las constancias que obran en el juicio sumario civil 175/2017 (tomo anexo I); documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; se advierte que el solicitante de amparo no fue señalado como demandado y, por ende, al no haberse seguido la litis natural en su contra, ningún agravio le irrogan las actuaciones en el mismo, ya que las partes en ese juicio son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional para demandar el cese de alguna violación, cuando les son transgredidos sus derechos dentro de ese procedimiento por la actuación de la autoridad. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Tomo VI, Septiembre de 1997, página 648, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además de lo anterior, tampoco se encuentra acreditada la afectación a su interés jurídico, ante la falta de un justo título de fecha cierta que ampare la posesión del inmueble del que refirió poseer, esto es, el ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes, en la ciudad de Oaxaca (foja 3). Ello es así, dado que al analizar la acreditación de los elementos necesarios para proteger en este juicio de amparo la posesión aducida por la parte quejosa, respecto del inmueble objeto del juicio de origen, se advierte lo siguiente: Respecto al primero de los requisitos ya señalados y necesarios para defender la posesión, se tiene por acreditado, dado que el quejoso tiene el carácter de tercero extraño en estricto sentido en el juicio de origen. Por otra parte, respecto al segundo de los elementos citados, no se tiene por acreditado, dado que el peticionario del amparo solo ofreció como prueba de su parte la siguiente: Contrato de arrendamiento privado celebrado aparentemente el quince de mayo de dos mil dieciséis, entre él y Juan Antonio López Niz, como arrendador (fojas 7 a 9). Además, cabe precisar que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda, lo siguiente (foja 3): (Imagen escaneada) Se precisa que si bien la parte quejosa señala que anexó copia certificada del citado contrato de arrendamiento, la documental que anexó fue en original (fojas 7 a 9). Ahora, de dichas manifestaciones se advierte que la parte quejosa refirió haber celebrado el quince de mayo de dos mil dieciséis contrato de arrendamiento, aparentemente, entre él y Juan Antonio López Niz, como arrendador, respecto del inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes en la ciudad de Oaxaca. Para acreditar lo anterior, como se dijo, la parte quejosa ofreció como prueba documental la siguiente (fojas 7 a 9): contrato privado de arrendamiento de quince de mayo de dos mil dieciséis, celebrado entre Juan Antonio López Niz (en su carácter de arrendador) y el promovente (en su carácter de arrendatario). En razón de lo anterior, resulta válido concluir que la documental citada no resulta suficiente para acreditar que la parte quejosa tiene la posesión del inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes en la ciudad de Oaxaca, ante la falta de fecha cierta de dicho contrato de arrendamiento. En efecto, en principio, debe existir un documento en el cual conste el acto traslativo de posesión o de propiedad del inmueble controvertido y luego dicho documento debe contar con fecha cierta, entendiéndose por ésta cuando sucede lo siguiente: a) El documento privado se inscribe ante el Registro Público de la Propiedad. b) Desde la fecha en la que se presenta ante un fedatario público que certifique las firmas plasmadas. c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Se cita como apoyo el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice de dos mil once, Tomo V, Materia Civil, Primera Parte, SCJN, Primera Sección, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. De igual forma, resulta ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, publicada en la Novena Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril 2008, Tomo XXVII, página 11, registro 169963, cuyo rubro y texto dicen: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En el caso, la parte quejosa precisó en los antecedentes del acto reclamado que el quince de mayo de dos mil dieciséis celebró contrato de arrendamiento con Juan Antonio López Niz (en su carácter de arrendador) y el promovente (en su carácter de arrendatario), respecto del inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes, en la ciudad de Oaxaca (foja 3). No obstante lo anterior, la prueba documental que aportó el solicitante de amparo, consistente en el contrato privado de arrendamiento de quince de mayo de dos mil dieciséis (fojas 7 a 9), no resulta suficiente para acreditar la posesión que adujo detentar del citado bien inmueble, ni la celebración del referido contrato de arrendamiento, ante la falta de fecha cierta de dicho contrato, por lo que, ante la falta de un justo título de fecha cierta que ampare la posesión del referido inmueble que adujo detentar la parte quejosa, el solicitante de amparo carece de interés jurídico en este juicio de amparo. En el contexto apuntado, si con la prueba aportada por la parte quejosa no se justificó el derecho que dice tener respecto del inmueble del que alega es poseedor, como tampoco evidencia que exista una afectación a tales derechos, resulta claro que el promovente del amparo no demostró en este juicio de amparo indirecto su interés jurídico, pues -como ya se dijo- la trasmisión de la posesión y de la que dice gozar requería de la existencia de un justo título de fecha cierta. En el entendido de que los razonamientos que han quedado establecidos, en relación con el contrato aludido, en modo alguno prejuzgan sobre su validez, existencia o nulidad que pudiera resultarle a dicho acuerdo de voluntades, ya que tales ponderaciones se hicieron con el exclusivo propósito de evidenciar lo improcedente que resulta este juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público, como se precisó al inicio de este considerando. Por las razones que informa, se cita la tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Página 333, tomo V, Mayo de 1997, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". Asimismo, también apoya la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tesis: 2ª./J. 16/94 Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De la misma manera, debe decirse que no se advierte de autos que la parte quejosa tenga un derecho legítimo que deba ser tutelado. Además, la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, no acredita el interés jurídico que debe tener para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés; como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3a./J.21/90, visible en la página 229, del tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 207221, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia publicada en la página 229, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Bajo ese contexto, si los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa resultan ineficaces para acreditar que el bien controvertido está en su posesión, es evidente que debe sobreseerse en el juicio, al haber omitido demostrar su interés jurídico, pues, como se dijo, para acreditar aquel era necesario que demostrara que es el titular del derecho que estima conculcado, de manera que se tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca convicción de que tiene el bien de que se trata. Es aplicable la tesis 2a.LIII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, visible a página 333, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Luego, dado que de las constancias del juicio natural no se advierte ninguna actuación dirigida en contra del quejoso, ni éste aportó el medio de prueba idóneo para acreditar el derecho que estima infringido, pese a que tenía obligación de hacerlo al ostentarse como tercero extraño, es que, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional promovido por José Hilario Martínez Martínez, respecto del acto reclamado en estudio a las autoridades responsables, incluso a la que fue señalada como ejecutora, al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución" SEXTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Hilario Martínez Martínez, contra los actos reclamados, consistentes en a) la orden de lanzamiento dictada en el juicio sumario civil número 175/2017 del índice Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de Pico de Orizaba número quinientos dos, Colonia Volcanes en la ciudad de Oaxaca y b) la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil número 175/2017, del índice Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, atribuidos al 1) juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro (autoridades ordenadoras), y 2) ejecutor llevador de expediente 175/2017, del índice del citado órgano jurisdiccional (autoridad ejecutora); lo anterior, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de esta sentencia, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, el día de hoy nueve de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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