José Hilario Florentino Ortega López
Expediente 1092/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 32 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Hilario Florentino Ortega López
- Carlos Eduardo Barrera Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintinueve de abril del año en curso, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar ARCHÍVESE este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por otra parte, por cuanto al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión definitiva, procede la destrucción de dicho cuaderno, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyanse estos expedientes y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentra catalogado como no originales; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirán junto con el expediente, de conformidad con el artículo 21 de Acuerdo General mencionado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con dos minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1092/2021, promovido por José Hilario Florentino Ortega López, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra: 1. la demanda de amparo presentada por José Hilario Florentino Ortega López; 2. auto admisorio de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; y 3. informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Carlos Eduardo Barrera Pérez se encuentran debidamente emplazados. Por otra parte se da cuenta, con el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala, registrado con el número 8059. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado. Asimismo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintiuno de abril del año en curso, por el cual informa que la carpeta de investigación CIUIAPIZD-1/109/2021, aún no se encuentra judicializada; lo anterior, para que obre como corresponda. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala remitió copia autentificada de la carpeta de investigación CIUIAPIZD-1/109/2021; asimismo, con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en las siguiente: 1. el informe justificado de la autoridad responsable; 2. copias auténticas de la carpeta de investigación que remita la autoridad responsable; 3. documentales públicas consistentes en los acuses de recibo donde el quejoso ha solicitado la devolución de su vehículo; 4. Presuncional legal y humana; 5. Instrumental de actuaciones; así las documentales ofrecidas en su escrito presentado ante este juzgado el veinticinco de enero del año en curso (registro 1461), consistentes en la factura original número 0321, certificado de propiedad número 023689790, con folio 033049471, pedimento de importación número 063012976010494 y tarjeta de circulación con número de folio AU-C-7536926. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria el Agente del Ministerio Público adscrito presento pedimento ministerial mediante el cual realizó manifestaciones a título de alegatos; a lo que la Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos vertidos por el Agente del Ministerio Público adscrito, para ser considerados en el momento procesal oportuno. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, y enseguida procédase a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1092/2021, promovido por José Hilario Florentino Ortega López, por propio derecho contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, Titular del Primer Turno, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día siguiente hábil en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Hilario Florentino Ortega López, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto reclamado siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, Titular del Primer Turno, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: Negativa de devolución del vehículo del cual refiere se propietario, consistente en la vagoneta express van, marca Chevrolet, modelo 1994, con número de serie IGBEG25Z1RF109327, y número de pedimento 12976010494. Ese acto lo consideró violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado correspondiente, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Carlos Eduardo Barrera Pérez. A las diez horas con dos minutos del esta propia data, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa por parte de la autoridad responsable de devolución del vehículo del cual refiere se propietario, consistente en la vagoneta express van, marca Chevrolet, modelo 1994, con número de serie IGBEG25Z1RF109327, y número de pedimento 12976010494. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, Titular del Primer Turno, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, aceptó la existencia del acto reclamado. Aceptación que encuentra sustento en las constancias que remitió al rendir informe con justificación, consistentes en copia auténtica de la carpeta de investigación CIUIAPIZD-1/109/2021; documentales que por ser públicas se les confiere eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo el estudio de fondo del asunto, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser de orden preferente dicho aspecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, Titular del Primer Turno, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la negativa de devolución de la unidad vehicular marca Chevrolet tipo van, línea chevy van, modelo 1994, color rojo/gris/negro, con placas de circulación NKK-28-15 del Estado de México, número de serie 1GBEG25Z1RF109327, negativa emitida dentro de la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-1/94/2021. En atención a lo anterior, a criterio de este órgano de control constitucional, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la trascripción que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, al Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, Titular del Primer Turno, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del acto reclamado, resulta procedente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación armónica del artículo en mención, prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, a través del Juez de Control. Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, la negativa a su petición de la devolución de la unidad vehicular marca Chevrolet tipo van, línea chevy van, modelo 1994, color rojo/gris/negro, con placas de circulación NKK-28-15 del Estado de México, número de serie 1GBEG25Z1RF109327, al tratarse de una determinación en la fase de investigación, corresponde al Juez de Control determinar si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Por ello, se reitera que, a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet tipo van, línea chevy van, modelo 1994, color rojo/gris/negro, con placas de circulación NKK-28-15 del Estado de México, número de serie 1GBEG25Z1RF109327, en forma expedita y en breve término, es decir, en una sola audiencia y con citación de las partes; lo anterior, con independencia de que se trate de una técnica de investigación. Sirven de apoyo a contrario sensu, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, cuyos rubros y textos refieren: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por último, es preciso destacar que la parte promovente tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso el parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, porque de sus conceptos de violación se advierte que también controvierte la legalidad del acto que impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña, no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Elementos por los que el suscrito concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto reclamado consistente en la negativa de devolución de la unidad vehicular marca Chevrolet tipo van, línea chevy van, modelo 1994, color rojo/gris/negro, con placas de circulación NKK-28-15 del Estado de México, número de serie 1GBEG25Z1RF109327, decretada en la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-1/94/2021, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Sin que pase desapercibido para la suscrita que en el caso no se trate de una omisión del Agente del Ministerio Público de investigar, sin embargo, al tratarse de una determinación realizada en la etapa de investigación, ésta de igual manera puede ser impugnada ante el Juez de Control, como lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado a contario sensu. Así como el criterio X.1o.1 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo III, con registro digital 2023161, cuyo rubro y texto son: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derecho humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho alusión, lo que a su vez da lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En virtud de la conclusión alcanzada, no es dable estudiar los aspectos de fondo del presente asunto, así como los conceptos de violación planteados en la demanda, dado el sobreseimiento advertido en el juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid- 19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 63, 65 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por JOSÉ HILARIO FLORENTINO ORTEGA LÓPEZ, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria de juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe. L'KJB/DRH.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala, se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación UIAPIZD-1/109/2021, el aquí quejoso solicitó se judicializara la citada investigación; sin embargo, de las constancias que autos no obra constancia alguna que acredite si a la presente fecha la mencionada carpeta de investigación ya se encuentra judicializada. En ese tenor, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia son de estudio preferente y de orden público, y dada la naturaleza del acto reclamado dentro del presente juicio, consistente en la negativa de devolver un vehículo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Amparo, es pertinente requerir a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos Titular del Primer Turno, de Apizaco, Tlaxcala, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir del día siguiente en que quede debidamente notificado del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si la carpeta de investigación UIAPIZD-1/109/2021, a la presente fecha ya se encuentra judicializada, y en su caso, señale el Juez que conoce de la misma y el número de la causa con la que fue radicada, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho; lo anterior, por ser necesarias para la debida integración de la presente litis constitucional. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5° de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2019418 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.T.1 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se advierte que aún transcurre el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Norte, con sede en esta ciudad, las cuales fueron agregadas por auto de treinta de marzo del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Finalmente, agréguese el pedimento ministerial de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula, las que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, respecto a la copia certificada que solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, expídasele las copias que solicita, una vez que se dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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