José Hernández Quiroga
Expediente 1043/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Hernández Quiroga
Actuaciones
- Principal
Estado procesal y reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, mismas que se reflejaron en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021 y SECNO/09/2021. En dichas circulares se decretó, en lo que interesa, medidas relativas a la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco ambos de enero, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero todos del presente año respectivamente, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanuda el presente juicio de amparo. Oficio de cuenta. Agréguese el oficio a través del cual el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, acusa recibo de las constancias digitalizadas que integran el presente juicio, enviadas vía interconexión e informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, por ende, se avocó al conocimiento del asunto asignándole el juicio de amparo 1550/2020-II. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y atento a lo ordenado en los puntos Décimo Primero, segundo párrafo, y Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que estableció como susceptibles de destrucción los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; por tal motivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este Juzgado para su resguardo en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; y, en el momento oportuno, siguiendo el procedimiento correspondiente, procédase a la transferencia del presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que el presente asunto es susceptible de destrucción. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo y el escrito de cuenta presentados por José Hernández Quiroga por propio derecho; contra actos del FONACOT. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1043/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia para conocer para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por las razones siguientes: Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Por regla general, en la República mexicana, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Para dirimir un conflicto competencial entre dos órganos jurisdiccionales especializados en razón de la materia debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda pero, en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Para determinar qué Tribunal debe conocer del juicio deben analizarse los actos demandados, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos contendientes es el adecuado para conocer del asunto respectivo, como sería en este asunto, en el que se analiza la demanda promovida por la actora. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la orden de descuento de su cuenta de banco de nómina por la cantidad de $2,365.00 (dos mil trescientos sesenta y cinco pesos con cero centavos, moneda nacional), por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con motivo de un supuesto crédito. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada el treinta de agosto de dos mil seis, al resolver la contradicción de tesis 107/2006-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 132/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 174173, tomo XXIV, septiembre de 2006, materia laboral, página: 309, con el rubro "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN.", ha considerado, en la parte que interesa, que la cobertura normativa que rige el alcance del derecho al salario, se obtiene con base en las medidas sociales de carácter constitucional, internacional y legal tendentes a garantizarlo. En este sentido, la Corte determinó, con base en la interpretación de los artículos 5º, 123, apartado A, fracciones X, XII, XXII y XXVII, incisos b), d), e), f) y h), de la Constitución Federal; numerales 1º, 3º, 6º y 10 del Convenio Relativo a la Protección del Salario; 6º, 7º y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 2º, 3º y 18 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a los fines del derecho del trabajo, según lo ha precisado el legislador en los artículos 2º, 3º y 18 de la Ley Federal del Trabajo, lo siguiente: 1) Que existen normas constitucionales que prevén, a favor de toda persona, el derecho al goce efectivo del salario en materia de trabajo, como remuneración justa, frente a particulares y todo tipo de poderes públicos, prohibiendo cualquier tipo de acto que induzca al trabajador a desviarlo de sus fines generales. 2) Que existen normas de carácter internacional que dirigen la conducta de los Estados a fin de establecer un conjunto de medidas mínimas tendentes a la protección efectiva del goce del salario, en beneficio de toda persona, en el sentido apuntado. 3) Que existe un reconocimiento constitucional e internacional en el sentido de que el goce efectivo del derecho al producto del trabajo tiende a hacer posible el desempeño del trabajo en libertad; el respeto a la dignidad de la persona; así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado. Desde esa perspectiva, el Alto Tribunal desprendió la existencia del derecho fundamental de toda persona al goce y protección efectiva del salario, como remuneración justa derivada de la actividad laboral, cuya tutela permite el desempeño del trabajo en libertad, el respeto a la dignidad de la persona, así como la efectividad del derecho a un nivel de vida individual y/o familiar adecuado, lo que conlleva deberes de abstención y promoción dirigidos a los poderes públicos y particulares a esos efectos, así como medidas prohibitivas tendentes a evitar todo tipo de actos que induzcan al trabajador a desviar el salario de sus fines generales. El artículo 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, prevé lo siguiente: "103 bis. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a la Ley que lo regula, establecerá las bases para:--- I. Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado; y--- II. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio.". En los artículos 1, 2, 9, 13 y 27 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se dispone lo siguiente: "1. Se crea el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.". "2. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.--- Asimismo, el Instituto deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Además, deberá ajustar su operación a las mejores prácticas de buen gobierno y mejora continua, quedando sujeto, entre otras, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.". "9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto sólo podrá realizar las siguientes operaciones:--- I. Garantizar los créditos y, en su caso, otorgar financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;--- II. Otorgar financiamiento a los trabajadores para la adquisición de bienes y pago de servicios y garantizar dichas adquisiciones y pagos;--- III. Contratar financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley y en las disposiciones aplicables en la materia;--- IV. Gestionar ante otras instituciones la obtención de condiciones adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores;--- V. Realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de financiamientos otorgados a que se refieren las fracciones I y II anteriores;--- VI. Participar y coadyuvar en esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento a los Distribuidores, que tiendan a disminuir el precio y facilitar la adquisición de dichos bienes y pago de servicios;--- VII. Promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y contribuir a la orientación de su gasto familiar, y--- VIII. Realizar las operaciones y servicios análogos o conexos necesarios para la consecución de las operaciones previstas en este artículo, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.--- Las garantías que otorgue el Instituto conforme a las fracciones I y II y los financiamientos que contrate en términos de la fracción III de este artículo, deberán hacerse con cargo a los Recursos del Fondo y, en ningún caso, los montos de dichas operaciones en su conjunto podrán ser superiores al importe de los Recursos del Fondo. Asimismo, las operaciones a que se refiere este párrafo quedarán sujetas a la consideración y, en su caso, autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.". "13. La administración del Instituto estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, quienes se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en esta Ley y en los demás que constituya el propio Consejo, así como de los servidores públicos que prevea el Estatuto Orgánico.". "14. El Consejo se integrará en forma tripartita por los siguientes consejeros:--- I. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;--- II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;--- III. El Secretario de Economía;--- IV. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;--- V. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de patrones más representativas del país, y--- VI. Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de trabajadores más representativas del país, debidamente registradas ante la Secretaría del Trabajo.--- El Titular de la Secretaría del Trabajo, considerando las propuestas de las organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinará mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones de patrones y de trabajadores que, en el marco de la ley, deban ser propuestas a participar en la integración del Consejo.--- Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva. Estos representantes percibirán por su participación las remuneraciones que determine el Consejo Directivo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.". "27. El Director General del Instituto será designado por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Secretario del Trabajo y Previsión Social. El nombramiento deberá recaer en persona que reúna los requisitos que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y quien, además, deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel decisorio en materia financiera dentro del sistema financiero mexicano.". De los numerales citados conviene resaltar las premisas normativas siguientes: Se instaura el beneficio de financiamiento y créditos para que los trabajadores adquieran bienes y pago de servicios. El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener bienes procurando el mejor aprovechamiento del salario, contribuyendo a la orientación del gasto familiar. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el organismo descentralizado encargado de administrar ese fondo. Los recursos del fondo se destinarán para otorgar a los trabajadores financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. El Instituto tiene la facultad de realizar operaciones de descuento respecto de financiamientos otorgados. Conforme a los elementos normativos precedentes, se puede afirmar que cuando el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorga crédito a los trabajadores, lo hace en cumplimiento de la norma constitucional que garantiza el derecho a la protección del salario de los trabajadores, a fin de que obtengan créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios, de acuerdo con el sistema de financiamiento desarrollado en la ley, en el que se destaca que el Instituto tiene la facultad de realizar operaciones de descuento respecto de financiamientos otorgados. Por tanto, el acto que emite el mencionado Instituto, mediante el cual ordena a los patrones realizar o incrementar los descuentos por concepto de crédito, es de naturaleza eminentemente social y se encuentra inmerso en la materia de trabajo, no sólo porque incide de manera directa en el derecho previsto en el artículo 123, apartado A, fracciones X, XII, XXII y XXVII, incisos b), d), e), f) y h), de la Constitución Federal, en tanto impacta en el esquema de financiamiento previsto en la ley, sino además porque altera el salario de los trabajadores, que representa uno de los elementos más relevantes de las relaciones de trabajo. En ese sentido, si bien la naturaleza jurídica del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores es administrativa, porque tiene el carácter de organismo descentralizado público de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por ello las resoluciones o acuerdos que emite constituyen actos formalmente administrativos; no debe perderse de vista que el ejercicio de sus atribuciones, en el caso que se estudia, afecta aspectos de naturaleza social inmersos en el campo del derecho de trabajo, y por tanto debe privilegiarse el contenido material del acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque de esa manera se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de amparo en que se impugne la orden de descuento en el salario de los trabajadores por concepto de pago de crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y, en esa medida, se procura proteger, en su caso, la garantía social aparentemente violada. Circunstancias por las que a juicio de este órgano jurisdiccional, en el asunto que se analiza, se presenta una afectación directa a derechos laborales, pues se puede alterar el salario de los trabajadores en activo, por lo que la competencia por materia para conocer del juicio de amparo promovido en contra de la orden que emite el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que se realicen descuentos al salario de un trabajador, para el pago de un crédito otorgado por dicho Instituto, se surte a favor de un juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias por contradicción 2a./J. 58/2011 y 2a./J. 59/2011, ambas pronunciadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Mayo de 2011, páginas 375 y 348, respectivamente, correspondientes a la Novena Época, que literalmente disponen: "FOVISSSTE. LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SON DE NATURALEZA LABORAL. Cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Fondo de la Vivienda, otorga crédito, lo hace en cumplimiento del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado para obtener a través de un crédito barato y suficiente, habitaciones cómodas e higiénicas, y de acuerdo con el sistema de financiamiento desarrollado en la ley, se destaca que conforme al artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la forma de pago del crédito será mediante descuentos que no excederán el 30% del sueldo básico de los trabajadores. Por tanto, la orden a las dependencias o entidades de incrementar los descuentos por concepto de pago del crédito de vivienda del 30% al 50% del salario de los trabajadores en activo, es de naturaleza eminentemente social y se encuentra inmersa en la materia de trabajo, no sólo porque incide directamente en la garantía prevista en la norma constitucional aludida, al impactar en el esquema de financiamiento previsto en la ley, sino además porque altera el salario de los trabajadores que representa uno de los elementos más relevantes de las relaciones de trabajo.". "FOVISSSTE. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA ORDEN DEL ISSSTE DE INCREMENTAR LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. Si bien es cierto que la naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es administrativa, porque tiene el carácter de organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública Federal, y por ello sus resoluciones o acuerdos constituyen actos formalmente administrativos, también lo es que cuando en ejercicio de sus atribuciones ordena a las dependencias o entidades incrementar los descuentos por concepto de pago del crédito de vivienda del 30% al 50% del salario de los trabajadores en activo afecta aspectos de la seguridad social inmersos en el campo del derecho de trabajo. En esa virtud, debe privilegiarse el contenido material del acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque así se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de garantías en que se impugne la orden indicada y, en esa medida, se procura proteger la garantía social aparentemente violada. En consecuencia, la competencia por materia para conocer del juicio de garantías promovido contra ese acto se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo donde exista esa competencia especial; sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios cuando no exista competencia especializada.". Acorde a lo expuesto, este Juzgado de Distrito estima que lo procedente es remitir el juicio de amparo en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a través del sistema de interconexión, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese.
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