José Hernández Islas

Expediente 1477/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1477/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • José Hernández Islas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente Constitucional de San Felipe del Progreso y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese como como juicio de amparo 1477/2019-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que los impetrantes de amparo reclaman La solicitud de firmar su renuncia voluntaria a sus cargos, así como el abandono de sus instalaciones de los hoy quejosos en su carácter de Director de la Dirección Jurídica y Consultiva Municipal y Auxiliar Jurídico de dicha Dirección, del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción II y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, debido a que el acto que se reclama, no resulta ser de autoridad, sino se trata de una actuación respecto de la relación laboral entre los trabajadores (quejosos) y el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México. En efecto, el acto que reclama la peticionaria de amparo no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernada y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguiente "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De dicho criterio se sostiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisan del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, el referido juicio constitucional resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese contexto, de la demanda se advierte que el acto reclamado deviene de una relación laboral, esto es, los quejosos como trabajadores del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, como patrón equiparado. Entonces, el acto reclamado consistente en la solicitud de firmar su renuncia voluntaria a sus cargos así como el abandono de sus instalaciones de los hoy quejosos, no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre la demandante del amparo y el referido organismo es de carácter laboral. Así, el acto reclamado carece de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación laboral que guarda la quejosa con el referido organismo, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral, en la que el ente público actúa como patrón y no con el carácter de autoridad. Por tanto, se colige que atento a la relación que guardan los quejosos y el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, México, en la que éste tiene la calidad de patrón equiparado, y aquella la de trabajadores, en el caso, para efectos del juicio de amparo el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción II y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***contra actos del Presidente Constitucional de San Felipe del Progreso y otras autoridades. DOMICILIO. Por cuanto, al correo electrónico como domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé ese medio para realizar las notificaciones a las partes. De lo anterior, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener su cedula registrada en el aludido sistema. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. REPRESENTANTE COMÚN. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ***, para los efectos del presente juicio de amparo, sin perjuicio de que las partes puedan substituirlo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, por lista a los quejosos.

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