Jose Hernandez Ayala
Expediente 1179/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Hernandez Ayala
- Jose Luis Peñaloza Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; asimismo, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, téngase como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Ahora bien, visto el contenido de las constancias que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, toda vez que de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, cumple con lo requerido por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en virtud de que remite copia certificada del auto en el que reconoce la personalidad a **; por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto en comento, únicamente por lo que se refiere a la personalidad del promovente. De conformidad con el numeral 26, fracción II, de la Ley de la Materia, téngase por señalados para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que designa. Con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta ***, en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, adminiculadas con el acuse de recibo del escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis ante la autoridad de referencia, se advierte que tiene reconocida dicha personalidad en el juicio de origen. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por José Luis Peñaloza Ramos, quien se ostenta como apoderado del quejoso, mediante el subsana la prevención formulada por auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete. En consecuencia, este Juzgador se encuentra en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Admisión de la demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo, promovida por José Luis Peñaloza Ramos, quien se ostenta como apoderado legal de José Hernández Ayala, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de cerrar instrucción, en el juicio laboral 01/3331/11. Sin que este Juzgado desconozca el contenido de la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis con número de registro 2011580, al no advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Requerimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante, para que al momento de rendir su informe con justificación, remita copia certificada del auto en el que dicte cierre de instrucción, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento sin causa justificada en el término concedido, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por los ordinales 237, fracción I y 258 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Apercibimiento a la parte quejosa en relación con la denominación de la autoridad responsable. Con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la ley de la materia); en consecuencia se le apercibe en el sentido que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN"; De la parte tercero interesada. Asimismo, con fundamento en el numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que al momento de rendir su informe con justificación, refiera el nombre de las partes procesales dentro del juicio laboral de origen 01/3331/11, así como el último domicilio señalada para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 237, fracción I de la Ley de Amparo. De la personalidad del promovente. Con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta señalada como responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a José Luis Peñaloza Ramos quien se ostenta, como apoderado legal de José Hernández Ayala, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida de actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, conforme al artículo 2 transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Isidro Fierro Villanueva, Secretario que autoriza y da fe.
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