Jose Herlindo Fernandez Arroyo
Expediente 1276/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Herlindo Fernandez Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1276/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las constancias exhibidas por el Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, José Herlindo Fernández Arroyo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (fojas 12-16), este Juzgado -al que por razón de turno correspondió recibir la demanda de amparo- la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, le dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad inexistente al Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, siendo su nombre correcto el de Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, a quien se le solicitó su informe justificado. De igual forma, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se tuvo como tercero interesado a Alejandro Fernández Arroyo, quien presentó la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, por lo que se le emplazó a juicio. Seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa: Del Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, reclamo el pretender dictar o haber realizado una diligencia para que entregue el inmueble marcado con el número 5 de la calle Alonso Martínez, antes calle Viuda de Chavolla, de la Colonia Jardines de Catedral, de Zamora Michoacán, del cual ostenta la posesión a Alejandro Fernández Arroyo. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el pretender cumplimentar la entrega del inmueble a que se refiere el párrafo anterior y que les hubiese mandado o les manda ejecutar el Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán Tercero. Causal de improcedencia de estudio preferente. En primer término debe decirse que quien resuelve estima, que por cuestión de método debe privilegiarse el estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a actos que sean materia de otro juicio de amparo, sobre la determinación de la existencia o inexistencia de los actos reclamados, dado que la hipótesis en comento, no condiciona su existencia de los actos combatidos en el primero amparo. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen 16, Tercera Parte, página 57, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 239124, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia. Sin que pase desapercibido para este juzgador, la jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN.", en razón de que se trata de un supuesto distinto al asunto de que se trata. Esto, pues mientras que en dicha jurisprudencia se precisó que para determinar si se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción II del propio ordenamiento legal, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen. En el asunto de que se trata, la causal de improcedencia a estudio se refiere a aquéllos actos que sean materia de otro juicio de amparo, lo que, como ya se dijo, no requiere de un análisis previo de la existencia de los actos reclamados. Así se tiene que la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (El subrayado es nuestro) (.)". Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. Dicha causal de improcedencia tiende a evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una proliferación de juicios sobre la misma materia, que impediría la firmeza de las resoluciones judiciales. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis: I.11o.C.31 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, Décima Época, Materias(s): Común, Registro digital: 2019187, que dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora, quien resuelve considera que en el caso concreto, se está en presencia de la citada figura jurídica de litispendencia, dado que el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo 834/2022, del índice de este Órgano jurisdiccional, en contra de las mismas autoridades y actos reclamados que en el juicio en que se actúa, el cual si bien fue resuelto en sentencia pronunciada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se encuentra transcurriendo el término para que cause ejecutoria. Lo que se corrobora con la captura correspondiente que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación, según se advierte del cuadro comparativo siguiente: JUICIO DE AMPARO 834//2022 JUICIO DE AMPARO 1276/2022 Del Fiscal Regional de la procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, del Director de Investigación y Análisis y del Agente del Ministerio Público Especializado en robo de Vehículos: Del Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, responsable reclamo el pretender dictar o haber dictado una orden de aseguramiento de inmueble en mi contra fuera de todo procedimiento legal, sin que se hubiesen seguido las formalidades constitucionales y legales del procedimiento legal, y en la que motivado y fundado debidamente. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el pretender cumplimentar la orden de aseguramiento de inmueble a que se refiere el párrafo anterior y que les hubiese mandado o les mandare ejecutar el Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán responsable, igualmente por tratarse de actos ilícitos y cometidos fuera de todo procedimiento legal. Del Fiscal Regional de la procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, del Director de Investigación y Análisis y del Agente del Ministerio Público Especializado en robo de Vehículos: Del Fiscal Regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán, reclamo el pretender dictar o haber realizado una diligencia para que entregue el inmueble marcado con el número 5 de la calle Alonso Martínez, antes calle Viuda de Chavolla, de la Colonia Jardines de Catedral, de Zamora Michoacán, del cual ostenta la posesión a Alejandro Fernández Arroyo. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el pretender cumplimentar la entrega del inmueble a que se refiere el párrafo anterior y que les hubiese mandado o les manda ejecutar el Fiscal Regional de la Procuraduría General del estado en la Zona Regional de Zamora, Michoacán. Lo anterior, revela que las cuestiones que ahora plantea el quejoso en su escrito de demanda, relativas a la diligencia de restitución de inmueble, no son susceptibles de análisis a través de otro juicio biinstancial, toda vez que fueron materia dentro de un juicio de la misma naturaleza que el que se intenta. Ello, porque en dicho juicio -834/2022- el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la orden de aseguramiento (restitución) y su cumplimentación (ejecución); y en el que se actúa "el pretender dictar o haber realizado una diligencia para que entregue el inmueble"; lo que se traduce en el mismo acto, en tanto que es la consecuencia (ejecución) legal del aseguramiento (restitución) reclamado en el primero, lo que incluso también fue señalado como acto destacado. Se dice de este modo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. Lo que se explica, toda vez que no está permitido que el quejoso presente cuantas demandas estime necesarias si, desde un primer momento, estuvo en plena aptitud de reclamar en una misma todos los actos que se encuentren relacionados con un acto principal, pues en todo caso y sólo si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, lo conducente será, en su caso, promover la ampliación, pues los fines de ésta son la concentración de la acción en un solo asunto a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En concordancia con lo anterior debe decirse, que si el acto reclamado en el juicio en que se actúa -aun y cuando se precisó de una diferente manera- formó parte del primer juicio de amparo, en el que destacó la ejecución de la orden de aseguramiento (restitución); pero además, dicha ejecución es una consecuencia de la citada restitución, es indudable que se trata del mismo acto tildado de inconstitucional. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis Aislada, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIII, página 2899, Quinta Época, Materias(s): Civil, Común, Registro digital: 344392, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS RECLAMADOS EN UN JUICIO DE GARANTIAS ANTERIOR. Si los actos que se reclaman en el amparo son de los derivados o consecuencias legales de los combatidos en el juicio de garantías anterior, que se encuentre pendiente de resolución, el caso se halla comprendido en la causal de improcedencia que establece la fracción III del artículo 73, de la ley orgánica respectiva, lo que determina el sobreseimiento, de acuerdo con la fracción III del artículo 74 de la misma ley; improcedencia que comprende tanto a los interesados en el juicio de donde deriva el acto reclamado, como a los extraños al mismo. En ese contexto, el quejoso sólo podrá presentar una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera, si tuvo conocimiento de aquellos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no estuvo en aptitud de ampliarla por haberse celebrado la audiencia constitucional. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho de que en el juicio a estudio deriva que el siete de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia respectiva, esto es con data posterior a la presentación de la demanda de aquél juicio de amparo 834/2022. Lo anterior, en razón a que no fue reclamada por vicios propios, sino únicamente como una consecuencia de los actos atribuidos a la ordenadora, a saber, la orden de aseguramiento (restitución) del inmueble. Sirve de apoyo, la tesis consultable en el Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 55, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 230865, que a la letra dice: "ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS RECLAMADOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS. SI NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS, EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLOS. Una recta interpretación de la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, permite establecer que, el juicio de garantías no sólo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, sino también contra aquellos actos que se hayan emitido, sustentados en el acto reclamado, siempre y cuando no se les atribuyan vicios propios, porque al decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquél, igual suerte correrán sus consecuencias legales, de conformidad con el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De ahí que, en el caso, el suscrito considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, que señala el juicio de amparo, por tal motivo lo procedente es sobreseer en este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Herlino Fernández Arroyo, por los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en los diversos tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de junio del año en curso; en tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que allega la autoridad en cita, las cuales envió de manera electrónica y se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Dese vista a la parte quejosa con las mismas Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, remitió a este órgano jurisdiccional por correo electrónico las constancias de la diligencia practicada el siete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación ********************; sin embargo de la lectura íntegra de las mismas se advierte que no se encuentran completas y legibles. Por tanto, requiérase nuevamente al Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba notificación del presente auto remita copia certificada, legibles y completas de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************, en específico la diligencia practicada el siete de noviembre de dos mil veintidós y las constancias que hayan servido como base para llevarla a cabo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento o no informar el impedimento legal que tenga para ello, dentro del plazo que se le concede a la autoridad, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de junio del año en curso; en tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que allega la autoridad en cita, las cuales envió de manera electrónica y se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Dese vista a la parte quejosa con las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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