José Heriberto Huerta Sotelo
Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Heriberto Huerta Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En tres de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA que: La sentencia dictada en este juicio, se ha incorporado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial y está disponible en versión pública en la liga ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp. ... Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. De igual forma, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19 y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese el ocurso de cuenta; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la resolución menciona y entréguense previa comparecencia, identificación y razón que de su recibo se deje en autos; asimismo, se tiene por autorizada a la persona señalada en el ocurso de cuenta, para los efectos que señaló el promovente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 331/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y se da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde se indica que no se ofrecieron. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que el quejoso los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 331/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Ante la declaración de incompetencia legal para conocer del asunto por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda se turnó a este órgano jurisdiccional, donde previo desahogo, se admitió por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; también se requirió informe justificado; y se señaló a la parte tercera interesada. La responsable rindió su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso sucesorio seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Objeto del presente juicio. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como acto reclamado: La sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación ... del índice de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la que confirmó la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de exclusión de herederos y reconocimiento de gananciales, deducido del juicio sucesorio intestamentario 503/2014 del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar de esta ciudad. En dicha interlocutoria se absolvió a los demandados de todas las prestaciones reclamadas por el quejoso. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por la responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió, las que por ser de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. Por escrito de dos de abril de dos mil dieciocho, José Heriberto Huerta Sotelo demandó en la vía incidental la "nulidad de declaración de herederos", destacando entre otras cuestiones que su padre, autor de la sucesión, estaba divorciado de la demandada ..., y que existen vicios y falsedad en los documentos por los denunciantes de la sucesión, destacando lo relativo al estado civil del de cujus; y que la mencionada persona no tiene derecho a gananciales del fallecido. II. Previa apelación por desechamiento de la causa, el asunto se admitió el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, como "Incidente de exclusión de herederos y reconocimiento de gananciales". III. Seguido el trámite, se dictó sentencia el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se precisó como prestación demandada, la exclusión del reconocimiento de gananciales contra ...; y la exclusión del carácter de herederos de ... y ...; no obstante, se calificó que el actor no acreditó los extremos de su acción y se resolvió absolviendo a los demandados. IV. Inconforme, el actor incidentista y hoy quejoso, promovió recurso de apelación, resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veintitrés de febrero de dos mil veintidós dentro del toca ..., confirmando el fallo impugnado. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Violaciones procesales, conforme al artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo. Considerando que la resolución reclamada pone fin al incidente del que emana la sentencia reclamada, este sería el momento procesal para examinar las violaciones procesales que se hubieren cometido en el procedimiento. Al efecto se cita el criterio con registro 231932, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia(s): Civil, Página: 772, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO INDIRECTO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA. En la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, el afectado debe combatir las violaciones a las normas del procedimiento junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114, del mismo ordenamiento." No obstante, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que los conceptos de violación se enfocan predominantemente a las consideraciones de la sentencia reclamada; de modo que no hay cuestiones procesales que depurar o examinar previamente, por lo que con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente, se pasa directamente al estudio de fondo en lo que respecta a la sentencia reclamada. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. (a) En esencia, el quejoso indica que la sentencia reclamada violenta el derecho al debido proceso, legalidad y acceso a la justicia, puesto que refleja un incumplimiento a la función de resolución de conflictos. Violentando el principio de congruencia, la Sala reconoce que existen inconsistencias en los documentos, pero ilógicamente confirma la sentencia impugnada. (b) Se omitió valorar el extracto de defunción ..., folio ..., que en su reverso contiene la certificación que muestra que es un documento alterado, pero al igual que el juez, se decide por darle valor jurídico a pesar de reconocer sus inconsistencias. Indica que la Sala omitió considerar de manera completa los hechos y elementos probatorios que le fueron ofrecidos, conforme a los cuales se revela que ..., compareció dolosamente como cónyuge supérstite, aun cuando su matrimonio había sido disuelto. El acta de defunción contiene el verdadero estado civil del difunto, empero, se tuvo por acreditado con las constancias del divorcio ..., para reconocer a la contraria como cónyuge supérstite. (c) Quienes se ostentan como hijos del de cujus, no acreditaron su entroncamiento legalmente; y se omitió considerar el caudal probatorio para demostrar tal extremo, pues en el acta de nacimiento de ..., no aparece la firma del autor de la sucesión, como requisito indispensable de un acto jurídico; además de que existe diferencia en la edad respecto del autor de la sucesión, que permite sostener que se trataba de otra persona. Además, respecto del entroncamiento de ..., se omitió considerar que existen irregularidades que revelan que su progenitor no coincide con el autor de la sucesión. (d) La sala soslayó tres cuestiones trascendentales en el asunto, que es la acreditación del estado civil del de cujus; que existen documentos públicos alterados; y que los supuestos hijos no acreditaron su entroncamiento. Lo que en su conjunto pone de manifiesto la incongruencia e ilegalidad de la sentencia reclamada. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que se explica a continuación. El primer término se precisa que este juzgador considera que la sentencia reclamada fue emitida con apego a los principios de fundamentación y motivación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, no asiste razón a la parte quejosa en lo que señala en su concepto de violación sintetizado en el inciso (a), aún por la discrepancia que reconoció la autoridad en los documentos; pues al efecto, se advierte en el acto reclamado que la autoridad fundó y motivó su determinación bajo la consideración de que el juez de origen sí había cumplimentado el mismo deber, y se refirió a los preceptos y precedentes relativos que se invocaron desde el origen. Por lo que hace a la discrepancia entre documentos, señaló que en el acta ..., del Registro Civil de Tlachichuca, Puebla, aparecen como testigos el apelante y su hermana; y en la diversa 395 de la Ciudad de México, únicamente el apelante. Mientras que de las constancias del juicio de divorcio necesario ... (sic), se apreciaba que hubo un vínculo matrimonial entre ... y ..., por lo que los gananciales que corresponden a la primera, son solo por el tiempo vigente del matrimonio, esto es, desde el doce de enero de mil novecientos setenta, al tres de febrero de mil novecientos noventa y tres. Y aunque las declaraciones testimoniales hicieran referencia a que el autor de la sucesión era casado, ello no repercute en el juicio, dado que las constancias del proceso correspondiente acreditan el divorcio. Por último, indicó que sí se valoró correctamente el acta de ..., con alcance demostrativo pleno, pues aunque carezca de firmas, la comparecencia que asienta se hizo frente al Presidente Municipal, fungiendo como Juez del Registro Civil con fe pública para certificar los actos jurídicos; lo que apoyó en la tesis XXI.1o.11 C, intitulada: "REGISTRO CIVIL. ACTAS DE NACIMIENTO. LA FALTA DE FIRMA DE LOS COMPARECIENTES Y DE LOS TESTIGOS NO PRODUCE SU NULIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO)." Por tal razón, se considera que el acto que por esta vía se reclama sí cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues la Sala fundó y motivó su determinación, a fin de disipar la disonancia entre las piezas probatorias, lo que revela que sí abordó su contenido y que su determinación, en el aspecto formal, no es arbitraria. Tampoco puede considerarse que hubo una violación al artículo 17 al incumplirse con la función de resolución de controversias, pues debe mencionarse que el alcance de este derecho fundamental es que el justiciable tenga una resolución para dirimir la controversia que sujeta a la potestad de los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano y que se le diga si tiene o no la razón (acoger la acción o la defensa), no que la decisión sea indefectiblemente favorable a sus intereses. Al respecto se cita el criterio de jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, en Materia(s): Constitucional, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En esta tesitura, son infundados los asertos del quejoso plasmados en el inciso (b), ya que contrario a lo que dice el quejoso, del fallo reclamado se advierte que la Sala sí abordó el contenido de ambas constancias de defunción. Por otro lado, el demandante de amparo parte de un equívoco cuando refiere que ilegalmente se reconoce a ..., como cónyuge supérstite; ya que a consideración de este órgano, en realidad la litis resuelta en el acto reclamado, enfocó sus razones al reconocimiento de gananciales por el periodo determinado hasta el divorcio, no a declararla como cónyuge supérstite, pues tal circunstancia ocurrió en diversa resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de declaratoria de herederos (foja 42 a 45 de este expediente), y que no es materia del presente juicio. De ahí que tales manifestaciones sean de desestimarse por inoperantes. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL.". Además, sus asertos sobre el correcto estado civil a través de la integración de diversos medios de prueba, tampoco abona a su pretensión de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado por ilegalidad en sus consideraciones, porque el artículo 39 del Código Civil para esta ciudad dispone que sólo se acredita con el acta correspondiente, como se ve del contenido de dicho precepto: "Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la Ley." Aspecto que el juez de la causa justificó en la interlocutoria primigenia y confirmada; ello, sin perjuicio de que a criterio de este órgano, lo relevante para efectos del sentido de la decisión, fue lo relativo al divorcio con la demandada incidentista, para fijar un periodo por concepto de gananciales, lo que se hizo conforme a las sentencia del juicio correspondiente (...); por lo que se itera, no son de acoger los argumentos del quejoso en ese aspecto, porque la calidad de cónyuge supérstite no se define en el asunto del que deriva el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia2a./J. 108/2012 (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Respecto de los conceptos de violación (c) que se enfocan en el tema del entroncamiento de ... y ... con el autor de la sucesión, tampoco es de estimarse puesto que respecto de la primera, la Sala confirmó la decisión del a quo, sosteniendo que el acta de nacimiento goza de valor probatorio pleno, aún sin la firma, porque el acto jurídico relativo tuvo lugar en presencia de un fedatario, que en el caso fue el Presidente Municipal de Tlachichula, en funciones de Juez Registral, lo que apoyó la autoridad en un precedente del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es acorde al principio de legalidad y no apareja irregularidad en la sentencia reclamada; porque entre sus argumentos el quejoso se ciñe en forma destacada a la ausencia de firmas y la discrepancia con la edad del autor de la sucesión, esto es, sin revelar si sobre el acta pesa declaración de nulidad. Esta circunstancia adquiere trascendencia jurídica puesto que el derecho civil para esta ciudad predetermina el valor que debe dar el juez a las actas registrales; y las reviste de una presunción de certeza iuris tantum, que impide, sin prueba en contrario sobre falsedad, mermar su alcance demostrativo, como se colige del contenido del artículo 50 del Código Civil para esta ciudad, que dispone: "Artículo 50. Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que preceden, hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa.". Lo anterior se apoya en el criterio I.3o.C.979 C, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2189, que dispone: "RECONOCIMIENTO DE HIJO. ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL, SURTE TODOS SUS EFECTOS HASTA QUE NO SE DECLARE SU NULIDAD JUDICIALMENTE. De conformidad con el artículo 50 del Código Civil para el Distrito Federal, las actas extendidas por el Registro Civil hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. Por otra parte, de la interpretación sistemática de lo dispuesto por los diversos 340, 344, 345, 352, 353, 366, 367, 369 y 389 de la legislación en comento, se desprende que el acto jurídico de reconocimiento de hijo, constituye una manifestación de voluntad en virtud de la cual se imponen a quien lo realiza todas las obligaciones que derivan del parentesco. Así, al ser un acto puramente volitivo, éste no puede ser revocado por quien lo hizo, ni basta el dicho de la madre para excluir esa paternidad. De ahí que, de acuerdo a los preceptos citados la única forma de revocar dicho acto para que el reconocido pierda la condición de hijo de quien lo reconoció, es mediante declaración judicial, en la que se declare su nulidad. Entonces, aun cuando en juicio se demuestre la existencia de dos actas de nacimiento en las que se haya reconocido como hijo a la misma persona por diferentes padres, en diferentes épocas, si no existe constancia de que se haya declarado judicialmente la nulidad de alguna de ellas, ambas continúan vigentes y subsisten en sus efectos legales." Y respecto de las causas que expone para controvertir el entroncamiento de ..., este órgano advierte que desde la emisión de la interlocutoria del juez primario, se sentenció que operaba la presunción de filiación que refiere el artículo 324, fracción I del Código Civil para esta ciudad; sin que se aprecie que haya controvertido en lo específico dicha postura judicial en sus agravios contra tal sentencia, pues la revisión del pliego muestra que los temas torales fueron: indebida fundamentación y motivación, la existencia de documentos alterados, inexistencia de requisitos en los documentos de quienes se ostentaron como herederos y el estado civil del de cujus, falta de revisión de constancias por parte del juez, ausencia de entroncamiento, atribución de conductas desleales, dolosas y de engaño de sus contrarios; lo que torna inoperantes sus conceptos de violación en este punto específico. Por analogía se invoca la tesis jurisprudencial 1a./J. 150/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 176604, Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN." Finalmente, respecto de los conceptos de violación previstos en el apartado (d) sobre los puntos torales que se dice que soslayó la Sala responsable, también son inoperantes, ya que a criterio de este órgano, parten de consideraciones que ya fueron desestimadas, conforme a lo expuesto en esta resolución. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Por lo expuesto, y dado que este órgano no advierte causa para suplir la deficiencia de la queja, es que deben desestimarse los conceptos de violación; y por ende, negar el amparo. Al efecto, se invoca la tesis 1a./J. 65/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1153, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra la sentencia reclamada de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy doce de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 12 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 331/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Ante la declaración de incompetencia legal para conocer del asunto por parte del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda se turnó a este órgano jurisdiccional, donde previo desahogo, se admitió por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; también se requirió informe justificado; y se señaló a la parte tercera interesada. La responsable rindió su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso sucesorio seguido ante un Juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Objeto del presente juicio. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como acto reclamado: La sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación ... del índice de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por la que confirmó la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de exclusión de herederos y reconocimiento de gananciales, deducido del juicio sucesorio intestamentario 503/2014 del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar de esta ciudad. En dicha interlocutoria se absolvió a los demandados de todas las prestaciones reclamadas por el quejoso. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por la responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió, las que por ser de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. Por escrito de dos de abril de dos mil dieciocho, José Heriberto Huerta Sotelo demandó en la vía incidental la "nulidad de declaración de herederos", destacando entre otras cuestiones que su padre, autor de la sucesión, estaba divorciado de la demandada ..., y que existen vicios y falsedad en los documentos por los denunciantes de la sucesión, destacando lo relativo al estado civil del de cujus; y que la mencionada persona no tiene derecho a gananciales del fallecido. II. Previa apelación por desechamiento de la causa, el asunto se admitió el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, como "Incidente de exclusión de herederos y reconocimiento de gananciales". III. Seguido el trámite, se dictó sentencia el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se precisó como prestación demandada, la exclusión del reconocimiento de gananciales contra ...; y la exclusión del carácter de herederos de ... y ...; no obstante, se calificó que el actor no acreditó los extremos de su acción y se resolvió absolviendo a los demandados. IV. Inconforme, el actor incidentista y hoy quejoso, promovió recurso de apelación, resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veintitrés de febrero de dos mil veintidós dentro del toca ..., confirmando el fallo impugnado. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Violaciones procesales, conforme al artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo. Considerando que la resolución reclamada pone fin al incidente del que emana la sentencia reclamada, este sería el momento procesal para examinar las violaciones procesales que se hubieren cometido en el procedimiento. Al efecto se cita el criterio con registro 231932, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia(s): Civil, Página: 772, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO INDIRECTO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA. En la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, el afectado debe combatir las violaciones a las normas del procedimiento junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114, del mismo ordenamiento." No obstante, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que los conceptos de violación se enfocan predominantemente a las consideraciones de la sentencia reclamada; de modo que no hay cuestiones procesales que depurar o examinar previamente, por lo que con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente, se pasa directamente al estudio de fondo en lo que respecta a la sentencia reclamada. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. (a) En esencia, el quejoso indica que la sentencia reclamada violenta el derecho al debido proceso, legalidad y acceso a la justicia, puesto que refleja un incumplimiento a la función de resolución de conflictos. Violentando el principio de congruencia, la Sala reconoce que existen inconsistencias en los documentos, pero ilógicamente confirma la sentencia impugnada. (b) Se omitió valorar el extracto de defunción ..., folio ..., que en su reverso contiene la certificación que muestra que es un documento alterado, pero al igual que el juez, se decide por darle valor jurídico a pesar de reconocer sus inconsistencias. Indica que la Sala omitió considerar de manera completa los hechos y elementos probatorios que le fueron ofrecidos, conforme a los cuales se revela que ..., compareció dolosamente como cónyuge supérstite, aun cuando su matrimonio había sido disuelto. El acta de defunción contiene el verdadero estado civil del difunto, empero, se tuvo por acreditado con las constancias del divorcio ..., para reconocer a la contraria como cónyuge supérstite. (c) Quienes se ostentan como hijos del de cujus, no acreditaron su entroncamiento legalmente; y se omitió considerar el caudal probatorio para demostrar tal extremo, pues en el acta de nacimiento de ..., no aparece la firma del autor de la sucesión, como requisito indispensable de un acto jurídico; además de que existe diferencia en la edad respecto del autor de la sucesión, que permite sostener que se trataba de otra persona. Además, respecto del entroncamiento de ..., se omitió considerar que existen irregularidades que revelan que su progenitor no coincide con el autor de la sucesión. (d) La sala soslayó tres cuestiones trascendentales en el asunto, que es la acreditación del estado civil del de cujus; que existen documentos públicos alterados; y que los supuestos hijos no acreditaron su entroncamiento. Lo que en su conjunto pone de manifiesto la incongruencia e ilegalidad de la sentencia reclamada. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que se explica a continuación. El primer término se precisa que este juzgador considera que la sentencia reclamada fue emitida con apego a los principios de fundamentación y motivación. De acuerdo a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En el caso, no asiste razón a la parte quejosa en lo que señala en su concepto de violación sintetizado en el inciso (a), aún por la discrepancia que reconoció la autoridad en los documentos; pues al efecto, se advierte en el acto reclamado que la autoridad fundó y motivó su determinación bajo la consideración de que el juez de origen sí había cumplimentado el mismo deber, y se refirió a los preceptos y precedentes relativos que se invocaron desde el origen. Por lo que hace a la discrepancia entre documentos, señaló que en el acta ..., del Registro Civil de Tlachichuca, Puebla, aparecen como testigos el apelante y su hermana; y en la diversa 395 de la Ciudad de México, únicamente el apelante. Mientras que de las constancias del juicio de divorcio necesario ... (sic), se apreciaba que hubo un vínculo matrimonial entre ... y ..., por lo que los gananciales que corresponden a la primera, son solo por el tiempo vigente del matrimonio, esto es, desde el doce de enero de mil novecientos setenta, al tres de febrero de mil novecientos noventa y tres. Y aunque las declaraciones testimoniales hicieran referencia a que el autor de la sucesión era casado, ello no repercute en el juicio, dado que las constancias del proceso correspondiente acreditan el divorcio. Por último, indicó que sí se valoró correctamente el acta de ..., con alcance demostrativo pleno, pues aunque carezca de firmas, la comparecencia que asienta se hizo frente al Presidente Municipal, fungiendo como Juez del Registro Civil con fe pública para certificar los actos jurídicos; lo que apoyó en la tesis XXI.1o.11 C, intitulada: "REGISTRO CIVIL. ACTAS DE NACIMIENTO. LA FALTA DE FIRMA DE LOS COMPARECIENTES Y DE LOS TESTIGOS NO PRODUCE SU NULIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO)." Por tal razón, se considera que el acto que por esta vía se reclama sí cumple con la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues la Sala fundó y motivó su determinación, a fin de disipar la disonancia entre las piezas probatorias, lo que revela que sí abordó su contenido y que su determinación, en el aspecto formal, no es arbitraria. Tampoco puede considerarse que hubo una violación al artículo 17 al incumplirse con la función de resolución de controversias, pues debe mencionarse que el alcance de este derecho fundamental es que el justiciable tenga una resolución para dirimir la controversia que sujeta a la potestad de los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano y que se le diga si tiene o no la razón (acoger la acción o la defensa), no que la decisión sea indefectiblemente favorable a sus intereses. Al respecto se cita el criterio de jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, en Materia(s): Constitucional, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En esta tesitura, son infundados los asertos del quejoso plasmados en el inciso (b), ya que contrario a lo que dice el quejoso, del fallo reclamado se advierte que la Sala sí abordó el contenido de ambas constancias de defunción. Por otro lado, el demandante de amparo parte de un equívoco cuando refiere que ilegalmente se reconoce a ..., como cónyuge supérstite; ya que a consideración de este órgano, en realidad la litis resuelta en el acto reclamado, enfocó sus razones al reconocimiento de gananciales por el periodo determinado hasta el divorcio, no a declararla como cónyuge supérstite, pues tal circunstancia ocurrió en diversa resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de declaratoria de herederos (foja 42 a 45 de este expediente), y que no es materia del presente juicio. De ahí que tales manifestaciones sean de desestimarse por inoperantes. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL.". Además, sus asertos sobre el correcto estado civil a través de la integración de diversos medios de prueba, tampoco abona a su pretensión de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado por ilegalidad en sus consideraciones, porque el artículo 39 del Código Civil para esta ciudad dispone que sólo se acredita con el acta correspondiente, como se ve del contenido de dicho precepto: "Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la Ley." Aspecto que el juez de la causa justificó en la interlocutoria primigenia y confirmada; ello, sin perjuicio de que a criterio de este órgano, lo relevante para efectos del sentido de la decisión, fue lo relativo al divorcio con la demandada incidentista, para fijar un periodo por concepto de gananciales, lo que se hizo conforme a las sentencia del juicio correspondiente (...); por lo que se itera, no son de acoger los argumentos del quejoso en ese aspecto, porque la calidad de cónyuge supérstite no se define en el asunto del que deriva el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia2a./J. 108/2012 (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Respecto de los conceptos de violación (c) que se enfocan en el tema del entroncamiento de ... y ... con el autor de la sucesión, tampoco es de estimarse puesto que respecto de la primera, la Sala confirmó la decisión del a quo, sosteniendo que el acta de nacimiento goza de valor probatorio pleno, aún sin la firma, porque el acto jurídico relativo tuvo lugar en presencia de un fedatario, que en el caso fue el Presidente Municipal de Tlachichula, en funciones de Juez Registral, lo que apoyó la autoridad en un precedente del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es acorde al principio de legalidad y no apareja irregularidad en la sentencia reclamada; porque entre sus argumentos el quejoso se ciñe en forma destacada a la ausencia de firmas y la discrepancia con la edad del autor de la sucesión, esto es, sin revelar si sobre el acta pesa declaración de nulidad. Esta circunstancia adquiere trascendencia jurídica puesto que el derecho civil para esta ciudad predetermina el valor que debe dar el juez a las actas registrales; y las reviste de una presunción de certeza iuris tantum, que impide, sin prueba en contrario sobre falsedad, mermar su alcance demostrativo, como se colige del contenido del artículo 50 del Código Civil para esta ciudad, que dispone: "Artículo 50. Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que preceden, hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa.". Lo anterior se apoya en el criterio I.3o.C.979 C, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 2189, que dispone: "RECONOCIMIENTO DE HIJO. ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL, SURTE TODOS SUS EFECTOS HASTA QUE NO SE DECLARE SU NULIDAD JUDICIALMENTE. De conformidad con el artículo 50 del Código Civil para el Distrito Federal, las actas extendidas por el Registro Civil hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. Por otra parte, de la interpretación sistemática de lo dispuesto por los diversos 340, 344, 345, 352, 353, 366, 367, 369 y 389 de la legislación en comento, se desprende que el acto jurídico de reconocimiento de hijo, constituye una manifestación de voluntad en virtud de la cual se imponen a quien lo realiza todas las obligaciones que derivan del parentesco. Así, al ser un acto puramente volitivo, éste no puede ser revocado por quien lo hizo, ni basta el dicho de la madre para excluir esa paternidad. De ahí que, de acuerdo a los preceptos citados la única forma de revocar dicho acto para que el reconocido pierda la condición de hijo de quien lo reconoció, es mediante declaración judicial, en la que se declare su nulidad. Entonces, aun cuando en juicio se demuestre la existencia de dos actas de nacimiento en las que se haya reconocido como hijo a la misma persona por diferentes padres, en diferentes épocas, si no existe constancia de que se haya declarado judicialmente la nulidad de alguna de ellas, ambas continúan vigentes y subsisten en sus efectos legales." Y respecto de las causas que expone para controvertir el entroncamiento de ..., este órgano advierte que desde la emisión de la interlocutoria del juez primario, se sentenció que operaba la presunción de filiación que refiere el artículo 324, fracción I del Código Civil para esta ciudad; sin que se aprecie que haya controvertido en lo específico dicha postura judicial en sus agravios contra tal sentencia, pues la revisión del pliego muestra que los temas torales fueron: indebida fundamentación y motivación, la existencia de documentos alterados, inexistencia de requisitos en los documentos de quienes se ostentaron como herederos y el estado civil del de cujus, falta de revisión de constancias por parte del juez, ausencia de entroncamiento, atribución de conductas desleales, dolosas y de engaño de sus contrarios; lo que torna inoperantes sus conceptos de violación en este punto específico. Por analogía se invoca la tesis jurisprudencial 1a./J. 150/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 176604, Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN." Finalmente, respecto de los conceptos de violación previstos en el apartado (d) sobre los puntos torales que se dice que soslayó la Sala responsable, también son inoperantes, ya que a criterio de este órgano, parten de consideraciones que ya fueron desestimadas, conforme a lo expuesto en esta resolución. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Por lo expuesto, y dado que este órgano no advierte causa para suplir la deficiencia de la queja, es que deben desestimarse los conceptos de violación; y por ende, negar el amparo. Al efecto, se invoca la tesis 1a./J. 65/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Civil, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1153, intitulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra la sentencia reclamada de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy doce de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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