José Heriberto Guzmán Lujan
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Heriberto Guzmán Lujan
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la suscrita encargada del despacho estima que el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como que al haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por José ..., regístrese bajo el número 696/2021-VI. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El citatorio de fecha veintiocho de junio del año en curso, girado por el Agente del Ministerio Público de Investigación de Huehuetoca, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación NIC:CUA/FC4/01/MP1/184/00496/21/06 y NUC:CUA/CUA/FC4/037/176805/21/06, por el que se le requiere para que comparezca en compañía de su defensor a las oficinas de esa representación social, para hacerle saber sobre la imputación que obra en su contra, el nombre de su acusador y rinda su entrevista en relación a los hechos, con el apercibimiento que en caso de no asistir, se harán valer los medios de apremio contemplados en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En este sentido, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. De la primera porción normativa se aprecia que el legislador contempló la improcedencia del juicio de amparo no sólo dentro de las primeras XXII fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, sino que en la última de ellas estableció que éste se tornaría improcedente cuando ello derivara de alguna disposición de la Constitución Federal o la misma Ley de Amparo. A su vez, el numeral 107, fracción II, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo tal disposición no debe entenderse como una posibilidad abierta para impugnar cualquier acto de esta naturaleza, sino que el acto que se reclame emitido por autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo -como puede ser el Ministerio Público- debe ser de imposible reparación, entendiéndose como tal a aquel que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en los que México es parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las fracciones II, III y IV deben interpretarse en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo los actos ejecutados por autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción II); en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III) o bien los emitidos por los tribunales judiciales administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido (fracción IV); deben afectar materialmente derechos sustantivos y por tanto no procede el amparo contra determinaciones intermedias o actos meramente procesales. Sobre esas bases, se tiene que el citatorio impugnado no es de imposible reparación, ya que ese acto implica únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues no transgrede materialmente algún derecho subjetivo del quejoso ni le impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo anterior, porque el citatorio reclamado, solamente constituye una comunicación del Ministerio Público para que el agraviado acuda al desahogo de una entrevista relacionada con un hecho ilícito investigado, lo cual, como se dijo, no le irriga perjuicio alguno, pues no transgrede un derecho fundamental como la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad; empero, en todo caso, la afectación sucederá hasta que se ejerza acción penal y la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determina procedente librar una orden de aprehensión u obsequiar citatorio para la formulación de la imputación respectiva; estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad. En efecto, la sola comparecencia del agraviado ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio porque aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación respectiva, lo que significa que, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, habida cuenta que la transgresión a sus derechos quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la autoridad responsable cuando valore el material probatorio en la carpeta de investigación y determine lo que considere procedente y que como consecuencia de ello alguna autoridad judicial libre algún mandato de captura en su contra. De ahí que en la fase procedimental de la carpeta de investigación el citatorio reprochado debe considerarse como un acto para su integración que de ninguna manera afecta derechos sustantivos del impetrante, puesto que su finalidad es la comparecencia del agraviado ante la autoridad ordenadora para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 1ª.CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De igual manera es ilustrativa, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 239, que reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." No se soslaya que, conforme a los artículos 215 y 104, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el supuesto de no comparecer injustificadamente, pueda imponerse una medida de apremio, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la persona citada no asista sin justificación, y el representante social haga efectiva la multa, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en los derechos sustantivos del quejoso. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia aludida procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, pues así lo señaló expresamente. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea."
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