José Heriberto García Ordoñez

Expediente 283/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 48 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
283/2019
Año
2019
Actuaciones
48
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • José Heriberto García Ordoñez
  • Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala
  • Amado Guarneros Rodriguez
  • Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el doce de marzo de dos mil veinte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/748/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el amparo directo 283/2019, en la que concedió a José Heriberto García Ordóñez, la protección constitucional para los siguientes efectos (fojas 214 y 242): ".SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. El amparo se concede para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario responsable: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. Ordene recabar oficiosamente pruebas, especialmente la pericial en valuación y acordará la práctica, aplicación o perfeccionamiento de diligencias en favor del ejidatario ahora quejoso, con la finalidad de establecer el monto de los bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, conforme a la prestación marcada con el número 12. Asimismo, en cuanto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, deberá recabar las pruebas necesarias, como la pericial e inspección, para determinar si realmente acontecen las afectaciones anuales y en los ciclos agrícolas, en las tierras aledañas a las ocupadas y sembradíos, con motivo de las lluvias, por la altura de la carretera, desagües o encauzamientos mal hechos o inexistentes y los diversos aspectos técnicos y factores que señala el accionante. III. Hecho lo anterior, dicte una nueva sentencia, en la cual dejará intocado lo que no es materia de la concesión y, con libertad de jurisdicción: III.I Al estudiar la prestación que identificó con el número 12, consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, prescinda de considerar que el actor aceptó legalmente el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa, aunado a que tampoco debe tomar en cuenta los "avalúos de bienes distintos a la tierra", pues carecen de valor. Además, debe tener por ciertas las afirmaciones del actor, con motivo de que la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no contestó la demanda. III.II Prescinda de considerar que se actualizó la prescripción respecto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, relativas al pago por las diversas afectaciones señaladas en torno a las tierras diversas a las áreas ocupadas, así como a las siembras, particularmente desde el once de febrero de dos mil cuatro, en su caso, hasta el cumplimiento de la sentencia que se dicte. III.III Prescinda de considerar que la contraprestación por concepto de ocupación previa es un pago anticipado y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación." Para lograr una mejor explicación sobre la determinación a la que se asumirá en esta resolución es oportuno citar a la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del texto siguiente (fojas 224 vuelta a 226, 222 vuelta y 221): ".Por otra parte, en diverso apartado del primer concepto de violación, el quejoso controvierte el estudio efectuado por la responsable respecto a la prescripción de las prestaciones identificadas por el Tribunal Agrario con los números 10 y 13, consistentes en el pago de afectaciones anuales y el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas dejadas de percibir cada ciclo agrícola; pues, al respecto, argumenta: (.) Son fundados los reseñados argumentos, porque la responsable analizó la prescripción respecto a las afectaciones generadas con motivo de la ocupación en el año dos mil cuatro, respecto a las tierras en las que está la carretera. Empero, indebidamente consideró prescritas las distintas prestaciones relativas a las afectaciones, diversas alegadas porque en realidad alegó la actora quejosa en las prestaciones que refiere pues, según lo adujo en su demanda, se presentan repetidamente cada año o en los ciclos agrícolas, respecto a las siembras en las tierras de labranza vecinas o aledañas a las ocupadas, con la carretera. Previo a corroborar tal aserto, en principio, es necesario acotar que el Tribunal Unitario Agrario, incurrió en una incongruencia respecto al estudio de las prestaciones relativas al pago de afectaciones anuales y el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas dejadas de percibir cada ciclo agrícola, identificadas por la responsable con los números 10 y 13, pues por una parte consideró prescrita la acción atinente y, por otra, analizó el fondo de tales prestaciones considerando que no están acreditadas por falta de pruebas, pues las exhibidas no demuestran las afectaciones o daños. Por ende, es menester dilucidar si en realidad debe prevalecer o no la prescripción, pues de ser correcta la decisión implicaría un impedimento para analizar los conceptos de violación en torno al fondo relacionado con la procedencia o no de dichas prestaciones, ya que prevalecerían las consideraciones relativas a la actualización de la citada figura jurídica extintiva del derecho de acción." (.) Por tanto, con motivo de las citadas violaciones es incorrecta la fundamentación y motivación de la responsable respecto al estudio de la prestación que identificó con el número 12, consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas. En tal orden de ideas, la responsable debe estudiar nuevamente la citada prestación, prescindiendo de considerar que el actor aceptó legalmente el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa de las fracciones de 1-62-95.17 hectáreas y 14-49.29 hectáreas de la parcela 10 Z-1 P-1/2, aunado a que tampoco debe tomar en cuenta los "avalúos de bienes distintos a la tierra"; lo cual, implicará el análisis sustancial en torno a la cuantificación atinente..." Este órgano colegiado, por auto de doce de agosto de dos mil veinte, tuvo por recibido el oficio 337/2020, del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, el amparo directo 283/2019, con la sentencia dictada en el mismo, así como los expedientes agrarios 446/2016 en dos tomos y 536/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 279). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 505 y 506), habiendo hecho manifestaciones ambas partes (fojas 334 a 343 y 513). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente (fojas 288 a 290): I. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de siete de agosto de dos mil dieciocho (foja 288 vuelta). II. Ordenó reponer el procedimiento, a fin de desahogar las siguientes pruebas: a) Inspección Judicial en las parcelas 8 Z-1 P1/2 y 10 Z-1 P1/2, para verificar si son susceptibles de cultivo, si se aprecian daño ocasionados por las lluvias, deslave o escurrimiento de agua o por el relieve o desnivel de la carretera Apizaco-Huachinango, Tramo Tlaxco-Chignahuapan. b) Pericial en valuación respecto de bienes distintos a los de la tierra. c) Pericial en avalúo en percepciones agrícolas. d) Pericial en topografía que se practicaría en las parcelas 8 Z-1 P1/2 y 10 Z-1 P1/2. Con relación a las periciales requirió a las partes para que, en el término de cinco días, designaran peritos en materias de topografía, valuación de bienes inmuebles, valuación de bienes distintos a la tierra y valuación de percepciones agrícolas; asimismo, en caso de que a su interés conviniera, adicionaran los puntos de los cuestionarios propuestos. e) La inspección judicial se desahogó el treinta de septiembre de dos mil veinte, como lo informó la responsable (foja 327). f) En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la responsable tuvo por recibido el dictamen pericial en materia de topografía elaborado por el perito del demandado Gobierno del Estado de Puebla (foja 326). g) En proveído de uno de julio de dos mil veintiuno se recibió el dictamen pericial en materia de topografía emitido por el experto de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 390). h) En auto de seis de julio de dos mil veintiuno se recibió el dictamen pericial en materia de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas elaborado por el perito de la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 400). i) En proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada "Carreteras de Cuota-Puebla" y se le tuvo por conforme con los dictámenes en materia de topografía y valuación de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas exhibidos por los codemandados Gobierno del Estado de Puebla y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 411 y 412). j) El tribunal agrario, en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, recibió el dictamen pericial en materia de valuación de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas elaborado por el experto tercero en discordia (fojas 425). III. El tribunal agrario responsable dictó sentencia el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la cual, al no haber sido materia de concesión del amparo, dejó intocadas las consideraciones siguientes: Son improcedente las excepciones de prescripción de la acción; falta de acción y derecho; la que deriva de que las autoridades sólo están facultadas a lo que la ley les permite; la de no afectación al interés jurídico; la de improcedencia de la vía; falta de legitimación pasiva; falta de legitimación activa; la que deriva del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria; la denominada sine actione agis; la de pago; de excepción Non mutati lebelli; la de incompetencia del tribunal agrario y el litisconsorcio pasivo necesario (fojas 463 vuelta a 469 vuelta). La declaración de nulidad absoluta de dos convenios de ocupación previa celebrados respecto de la parcela 10 del ejido Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala (fojas 470 vuelta y 471 vuelta) La determinación de que es improcedente la declaración de nulidad absoluta del convenio de ocupación previa de once de febrero de dos mil cuatro (fojas 471 vuelta a 473). La improcedencia de la prestación consistente en el pago proporcional a favor del actor de los recursos que se han cobrado de manera indebida por concepto de peaje de la superficie que resulte del dictamen pericial en topografía correspondiente a la parcela 8 del ejido Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala (foja 495). La procedencia de la excepción de legitimación pasiva del Gobernador del Estado de Puebla, Carreteras Cuota Puebla, Vías Concesionadas de Carretera PAPSA Sociedad Anónima de Capital Variable para iniciar el decreto expropiatorio (fojas 496 y vuelta). III. I. Al estudiar la prestación identificada con el número 12 consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, determinó lo siguiente (fojas 492 vuelta a 493 vuelta): Prescindió de considerar que el actor aceptó el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa. Estableció que no se deben tomar en cuenta los avalúos de bienes distintos de la tierra. Se deben tener por ciertas las afirmaciones del actor porque la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no contestó la demanda. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción: ".Tal y como lo establece la ejecutoria que se cumplimenta, se procede a parafrasear parte de los razonamientos esgrimidos en la misma, los convenios de ocupación previa firmados por el actor, fueron declarados nulos absolutamente y en consecuencia inexistentes, por tanto, no debieron tener valor para demostrar que los pagos en ellos establecidos sean correctos. Al haberse declarado improcedente la prestación marcada con el número "12", referente al pago de los bienes distintos a la tierra por los magueyes pulqueros adultos y la avena que se localizaban en las fracciones de las parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 que fueron ocupadas por la vía de comunicación, se estableció que los pagos por estos conceptos ya habían sido pagados al actor, pues se tomó en cuenta los convenios de fecha veintisiete de marzo de dos mil cuatro, sin embargo, éstos fueron declarados nulos plenamente e inexistentes, habiéndose dicho que en los mismos existía una aceptación de pago por parte de los ejidatarios. Resultando que dicha nulidad no permite que el momento en ellos pactados sea correcto, ya que precisamente la causa de nulidad fue declarara por el hecho de haber faltado la firma de los que intervinieran en el mismo, entre ellos el representante de la Procuraduría Agraria; siendo por ello que el ejidatario al no contar con una adecuada defensa y estar asesorado sobre los alcances del convenio que firmara se encontraba en incertidumbre jurídica, no sólo respecto a la ocupación previa, sino también en cuanto al monto establecido como daños. Por tanto, en la ejecutoria se resalta el hecho de que resulta irrelevante, que el ejidatario hubiera firmado dicho convenio ya que no implica aceptara de forma legal los montos de los pagos, pues no estaba en la aptitud de saber si dichas cantidades fueran correctas por los bienes distintos a la tierra, a pesar de que éste no impugnara esa parte en su amparo, pero el Tribunal de Alzada suple la queja deficiente, destacando que no fue asentada la realización de un pago total por concepto de bienes distintos a la tierra fijos en la superficie que se le afectara, pues del convenio se aprecia que aparece en "ceros" la cantidad que supuestamente fuera pagada al ejidatario (foja 89 del expediente 536/2015 teniendo a la vista como hecho notorio); así como observó (sic) que los "avalúos de bienes distintos a la tierra" con número de folio APE-003, no se debieron tomar en consideración en virtud de no estar firmados por persona alguna, por ende no se puede tener por cierto que el promovente los tuvo a la vista y firmara de conformidad los montos ahí establecidos, ya que son únicamente formatos preliminares que no se encuentran autorizados. Resultando con ello que se ordenó en la ejecutoria que se cumplimenta, se prescindiera de considerar la aceptación del ejidatario de haber aceptado dichos montos por el concepto de pago de bienes distintos a la tierra, así como tampoco los "avalúos de bienes distintos a la tierra", debiéndose analizar la cuantificación precisa por esos conceptos. Por ende, se tienen por ciertas las afirmaciones del actor José Heriberto García Ordoñez en el sentido de que, en la fecha de afectación de las fracciones de sus parcelas para la construcción de la vía de comunicación, sí existían los bienes distintos a la tierra que refiere, máxime que la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala no contestó la demanda y se le hizo efectivo el apercibimiento de haber quedado incursa en afirmativa ficta. (...) Y en cuanto a las documentales solicitadas, se tiene que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Presidenta Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, mediante oficio número 8ª/ALCALDÍA/387/2020, informó lo solicitado por este Unitario, en donde refiere que no se encontró registro alguno que permita precisar qué tipo de cultivo agrícola que de forma predominante se practica en el poblado de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala; así como no se pudo encontrar registro que pueda precisar si en el área del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala se cultive habitualmente maguey pulquero o avena (fojas 1023 y 1024); pero el encargado de la oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tlaxcala, mediante oficio número 149.01/783/2020, recibido el cuatro de noviembre de dos mil veinte, dio contestación a lo solicitado por este unitario, en donde refiere que no se encuentra dentro del programa PROCAMPO registradas las parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 del actor José Heriberto García Ordoñez con cultivo de maguey pulquero y, respecto al cultivo de avena, dicho productor sembró en el ciclo PV 2019 en la parcela 8 Z-1 P-1/2 y en el PV 2020 en la parcela 10 Z-1 P-1/2 (foja 1118). Teniéndose así por cierto, que el promovente, sí contaba con cultivos de maguey y avena en sus parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 ubicadas en el poblado de mérito, teniéndose con dichas probanzas por debidamente probado el dicho del accionante, independientemente de habérsele dado valor por haber quedado incursa en afirmativa ficta la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. Debiéndose estar a la condena ya impuesta a la demandada en el considerando anterior referente al pago solicitado por el actor, al haber resultado procedente su pretensión; esto es la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala deberá pagar a favor del actor José Heriberto García Ordoñez, por los Bienes Distintos a la Tierra la cantidad de $222,500 pesos, pues el valor del maguey adulto por unidad ya actualizado es de $890 pesos, desde el año dos mil cuatro, al día en que emitió su dictamen." III.II Respecto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, relativas al pago por las diversas afectaciones señaladas en torno a las tierras diversas a las áreas ocupadas, así como a las siembras, particularmente desde el once de febrero de dos mil cuatro, en su caso, hasta el cumplimiento de la sentencia que se dicte, la responsable prescindió de considerar que se actualizó la prescripción, pues determinó lo siguiente (foja 477 a 492): ".Ahora bien, toda vez que aún no se ha emitido el decreto expropiatorio correspondiente, no obstante que la carretera de mérito ya ha sido concluida en el tramo que afectó la parcela del ejidatario, por tratarse de un hecho continuado, es de estimarse que la ocupación previa ilegal subsiste, pues será hasta que se desincorpore del régimen ejidal la superficie materia de este juicio, que dicha ocupación previa ilegal concluya para dar paso a la ocupación definitiva, de ahí que resulte procedente condenar a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a pagar los daños y perjuicios, los cuales son equiparable al pago legal y justo por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, desde que se firmó el convenio de ocupación previa con fecha once de febrero de dos mil cuatro hasta que se realice el pago indemnizatorio y se desincorporen las superficies afectadas. Ahora bien, una vez establecida la obligación de la demandada, resulta procedente y en acatamiento a la ejecutoria número D-283/2019 que se cumplimenta, en donde se ordenó que este Tribunal se pronunciara respecto a la excepción de prescripción que hicieran valer las demandadas al dar contestación a la demanda que realizara el promovente. Toda vez que la ley agraria no prevé la figura de la prescripción negativa, se debe acudir a la legislación supletoria, esto es, el Código Civil Federal tal y como lo prevé el artículo 2º (sic) de la Ley Agraria, en donde dicho Código define a la prescripción negativa como: "Artículo 1158.- La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley." Asimismo, el numeral 1934 del mismo ordenamiento supletorio establece un plazo para poder exigir dicho cumplimiento, que es precisamente el de dos años a partir de que se ha causado el daño, tal y como se lee en el mismo: "Artículo 1934.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño." Sin embargo, como ya se analizó con antelación, dicha excepción deviene improcedente, toda vez que los daños y perjuicios causados a la parte actora han sido continuos, al persistir la ocupación previa ilegal, la cual seguirá existiendo hasta en tanto no se desincorpore la superficie afectada del régimen ejidal. Por ende, las pretensiones correspondientes al pago de daños y perjuicios, los cuales comprenden, el pago por la ocupación previa y las percepciones agrícolas dejadas de percibir por la promovente, se encuentran subsistiendo hasta en tanto no sea desincorporada la superficie ilegalmente ocupada por la demandada del régimen ejidal, determinando que el cómputo inicia en la misma fecha, esto es, desde el once de febrero de dos mil cuatro, fecha en que fuera suscrito el convenio de ocupación previa por el ejidatario, por los motivos ya expuestos con antelación. Pues atendiendo los términos en que fue opuesta dicha excepción por las demandadas, de la misma se conoce que fue hecha valer por las prestaciones que se reclaman a su representada, esto es, se traduce a todas las pretensiones hechas valer por la demandada, en donde, la demandada transcribe el numeral 1934 del Código Civil Federal, el cual aduce a la prescripción de dos años con que se cuenta para exigir la acción de la reparación de daños causados, a partir del día siguiente a que se hayan generado éstos; estableciendo dicha demandada que, la acción que la parte actora ejercita para demandar a su representada, tiene naturaleza jurídica eminentemente civil, misma que se configura como una acción de pago de pesos; circunstancia que se actualiza en el presente asunto, pues al observar las pretensiones que se analizan en el presente rubro, solicitados por la parte actora, es el pago por la ocupación previa, el pago de los daños y perjuicios y el pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas dejadas de percibir. Sin embargo, tal y como ya se expuso de manera fundada y motivada en los párrafos que anteceden, dicha excepción deviene improcedente." III.III Prescindió de considerar que la contraprestación por concepto de ocupación previa es un pago anticipado y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación, pues al respecto expuso (fojas 499 y vuelta): ".Resultando con ello que no se realizará descuento alguno al monto que le será pagado al actor José Heriberto García Ordóñez por parte de la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala en virtud de no haberse demostrado en autos que el mismo recibiera dichos montos como pago de los daños y perjuicios, los cuales comprende la ocupación previa y las percepciones agrícolas, ni los bienes distintos de la tierra, como ya fue estudiado supra líneas." (sic) IV. Enseguida, se analizan las manifestaciones vertidas por el quejoso José Heriberto García Ordoñez. Mediante escrito presentado en este órgano colegiado el veintiocho de octubre de dos mil veinte expone lo siguiente (fojas 334 a 338): a) El Tribunal Agrario responsable, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, requirió al quejoso para que en el término de cinco días designara perito en materia de topografía, valuación de inmuebles, bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas, además para que adicionara los puntos de los cuestionarios propuestos sobre los que versarían dichas periciales, con los apercibimientos correspondientes en caso de no cumplir con dicho requerimiento. b) Al respecto, el ahora quejoso manifestó a dicho Tribunal Agrario que por carecer de medios económicos solicitaba se le proporcionara un perito adscrito a ese órgano jurisdiccional. c) Sin embargo, no accedió a su petición, sino que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte determinó tener por perdido su derecho para realizar tal designación y por conforme con los peritajes que emitieran en las materias antes mencionadas los expertos designados por el codemandado Gobierno del Estado de Puebla. d) Con lo anterior, la autoridad responsable incurre en "exceso y defecto", además transgrede el principio "contradicción y congruencia", toda vez que revoca sus propios acuerdos; por tanto, debe admitir la pericial con las modalidades propuestas por el quejoso. Como se puede constatar de los resumidos argumentos, la parte quejosa, aun cuando afirma que la responsable incurrió en exceso y defecto, lo cierto es que su pretensión es evidenciar que al recabar oficiosamente la pericial incurrió en una infracción de carácter procesal porque no accedió a su petición de que le proporcionara un perito adscrito al órgano jurisdiccional. Sin embargo, tales argumentos expuestos por la parte quejosa no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, pues en ésta se concedió la protección constitucional para que la responsable recabara oficiosamente la pericial en valuación y acordara la práctica, aplicación o perfeccionamiento de diligencias en favor del ejidatario ahora quejoso, con la finalidad de establecer el monto de los bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas. De ahí que cualquier infracción procesal en que pudiera haber incurrido el tribunal agrario es un aspecto ajeno a la ejecutoria de amparo y, por ende, al ser novedosos no pueden ser materia de examen en esta resolución, pues ello escapa a los límites establecidos en el fallo protector. En apoyo a esta decisión, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." V. Ahora, la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar manifestaciones, expone que el cumplimiento realizado por el Tribunal Unitario Agrario responsable debe calificarse en estricto apego a la normatividad aplicable y considerando el efecto para el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 513 a 515). Al respecto, debe decirse que, como ya se determinó anteriormente en esta resolución, la autoridad responsable emitió el nuevo fallo siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector. Consecuentemente, de lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso; por oficio al Gobernador del Estado de Puebla; Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado "Carreteras de Cuota-Puebla", Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, estos dos últimos por conducto de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y por lista a Vías Concesionadas de Carretera "PAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a quince de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el doce de marzo de dos mil veinte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/748/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el amparo directo 283/2019, en la que concedió a José Heriberto García Ordóñez, la protección constitucional para los siguientes efectos (fojas 214 y 242):".SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. El amparo se concede para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario responsable: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. Ordene recabar oficiosamente pruebas, especialmente la pericial en valuación y acordará la práctica, aplicación o perfeccionamiento de diligencias en favor del ejidatario ahora quejoso, con la finalidad de establecer el monto de los bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, conforme a la prestación marcada con el número 12. Asimismo, en cuanto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, deberá recabar las pruebas necesarias, como la pericial e inspección, para determinar si realmente acontecen las afectaciones anuales y en los ciclos agrícolas, en las tierras aledañas a las ocupadas y sembradíos, con motivo de las lluvias, por la altura de la carretera, desagües o encauzamientos mal hechos o inexistentes y los diversos aspectos técnicos y factores que señala el accionante. III. Hecho lo anterior, dicte una nueva sentencia, en la cual dejará intocado lo que no es materia de la concesión y, con libertad de jurisdicción: III.I Al estudiar la prestación que identificó con el número 12, consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, prescinda de considerar que el actor aceptó legalmente el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa, aunado a que tampoco debe tomar en cuenta los "avalúos de bienes distintos a la tierra", pues carecen de valor. Además, debe tener por ciertas las afirmaciones del actor, con motivo de que la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no contestó la demanda. III.II Prescinda de considerar que se actualizó la prescripción respecto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, relativas al pago por las diversas afectaciones señaladas en torno a las tierras diversas a las áreas ocupadas, así como a las siembras, particularmente desde el once de febrero de dos mil cuatro, en su caso, hasta el cumplimiento de la sentencia que se dicte. III.III Prescinda de considerar que la contraprestación por concepto de ocupación previa es un pago anticipado y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación." Para lograr una mejor explicación sobre la determinación a la que se asumirá en esta resolución es oportuno citar a la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del texto siguiente (fojas 224 vuelta a 226, 222 vuelta y 221): ".Por otra parte, en diverso apartado del primer concepto de violación, el quejoso controvierte el estudio efectuado por la responsable respecto a la prescripción de las prestaciones identificadas por el Tribunal Agrario con los números 10 y 13, consistentes en el pago de afectaciones anuales y el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas dejadas de percibir cada ciclo agrícola; pues, al respecto, argumenta: (.) Son fundados los reseñados argumentos, porque la responsable analizó la prescripción respecto a las afectaciones generadas con motivo de la ocupación en el año dos mil cuatro, respecto a las tierras en las que está la carretera. Empero, indebidamente consideró prescritas las distintas prestaciones relativas a las afectaciones, diversas alegadas porque en realidad alegó la actora quejosa en las prestaciones que refiere pues, según lo adujo en su demanda, se presentan repetidamente cada año o en los ciclos agrícolas, respecto a las siembras en las tierras de labranza vecinas o aledañas a las ocupadas, con la carretera. Previo a corroborar tal aserto, en principio, es necesario acotar que el Tribunal Unitario Agrario, incurrió en una incongruencia respecto al estudio de las prestaciones relativas al pago de afectaciones anuales y el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas dejadas de percibir cada ciclo agrícola, identificadas por la responsable con los números 10 y 13, pues por una parte consideró prescrita la acción atinente y, por otra, analizó el fondo de tales prestaciones considerando que no están acreditadas por falta de pruebas, pues las exhibidas no demuestran las afectaciones o daños. Por ende, es menester dilucidar si en realidad debe prevalecer o no la prescripción, pues de ser correcta la decisión implicaría un impedimento para analizar los conceptos de violación en torno al fondo relacionado con la procedencia o no de dichas prestaciones, ya que prevalecerían las consideraciones relativas a la actualización de la citada figura jurídica extintiva del derecho de acción." (.) Por tanto, con motivo de las citadas violaciones es incorrecta la fundamentación y motivación de la responsable respecto al estudio de la prestación que identificó con el número 12, consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas. En tal orden de ideas, la responsable debe estudiar nuevamente la citada prestación, prescindiendo de considerar que el actor aceptó legalmente el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa de las fracciones de 1-62-95.17 hectáreas y 14-49.29 hectáreas de la parcela 10 Z-1 P-1/2, aunado a que tampoco debe tomar en cuenta los "avalúos de bienes distintos a la tierra"; lo cual, implicará el análisis sustancial en torno a la cuantificación atinente..." Este órgano colegiado, por auto de doce de agosto de dos mil veinte, tuvo por recibido el oficio 337/2020, del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, el amparo directo 283/2019, con la sentencia dictada en el mismo, así como los expedientes agrarios 446/2016 en dos tomos y 536/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 279). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 505 y 506), habiendo hecho manifestaciones ambas partes (fojas 334 a 343 y 513). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente (fojas 288 a 290): I. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de siete de agosto de dos mil dieciocho (foja 288 vuelta). II. Ordenó reponer el procedimiento, a fin de desahogar las siguientes pruebas: a) Inspección Judicial en las parcelas 8 Z-1 P1/2 y 10 Z-1 P1/2, para verificar si son susceptibles de cultivo, si se aprecian daño ocasionados por las lluvias, deslave o escurrimiento de agua o por el relieve o desnivel de la carretera Apizaco-Huachinango, Tramo Tlaxco-Chignahuapan. b) Pericial en valuación respecto de bienes distintos a los de la tierra. c) Pericial en avalúo en percepciones agrícolas. d) Pericial en topografía que se practicaría en las parcelas 8 Z-1 P1/2 y 10 Z-1 P1/2. Con relación a las periciales requirió a las partes para que, en el término de cinco días, designaran peritos en materias de topografía, valuación de bienes inmuebles, valuación de bienes distintos a la tierra y valuación de percepciones agrícolas; asimismo, en caso de que a su interés conviniera, adicionaran los puntos de los cuestionarios propuestos. e) La inspección judicial se desahogó el treinta de septiembre de dos mil veinte, como lo informó la responsable (foja 327). f) En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la responsable tuvo por recibido el dictamen pericial en materia de topografía elaborado por el perito del demandado Gobierno del Estado de Puebla (foja 326). g) En proveído de uno de julio de dos mil veintiuno se recibió el dictamen pericial en materia de topografía emitido por el experto de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 390). h) En auto de seis de julio de dos mil veintiuno se recibió el dictamen pericial en materia de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas elaborado por el perito de la demandada Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 400). i) En proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada "Carreteras de Cuota-Puebla" y se le tuvo por conforme con los dictámenes en materia de topografía y valuación de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas exhibidos por los codemandados Gobierno del Estado de Puebla y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (foja 411 y 412). j) El tribunal agrario, en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, recibió el dictamen pericial en materia de valuación de bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas elaborado por el experto tercero en discordia (fojas 425). III. El tribunal agrario responsable dictó sentencia el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la cual, al no haber sido materia de concesión del amparo, dejó intocadas las consideraciones siguientes: Son improcedente las excepciones de prescripción de la acción; falta de acción y derecho; la que deriva de que las autoridades sólo están facultadas a lo que la ley les permite; la de no afectación al interés jurídico; la de improcedencia de la vía; falta de legitimación pasiva; falta de legitimación activa; la que deriva del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria; la denominada sine actione agis; la de pago; de excepción Non mutati lebelli; la de incompetencia del tribunal agrario y el litisconsorcio pasivo necesario (fojas 463 vuelta a 469 vuelta). La declaración de nulidad absoluta de dos convenios de ocupación previa celebrados respecto de la parcela 10 del ejido Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala (fojas 470 vuelta y 471 vuelta) La determinación de que es improcedente la declaración de nulidad absoluta del convenio de ocupación previa de once de febrero de dos mil cuatro (fojas 471 vuelta a 473). La improcedencia de la prestación consistente en el pago proporcional a favor del actor de los recursos que se han cobrado de manera indebida por concepto de peaje de la superficie que resulte del dictamen pericial en topografía correspondiente a la parcela 8 del ejido Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala (foja 495). La procedencia de la excepción de legitimación pasiva del Gobernador del Estado de Puebla, Carreteras Cuota Puebla, Vías Concesionadas de Carretera PAPSA Sociedad Anónima de Capital Variable para iniciar el decreto expropiatorio (fojas 496 y vuelta). III. I. Al estudiar la prestación identificada con el número 12 consistente en el pago de bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas, determinó lo siguiente (fojas 492 vuelta a 493 vuelta): Prescindió de considerar que el actor aceptó el monto por concepto de pago de los bienes distintos a la tierra con motivo de los convenios de ocupación previa. Estableció que no se deben tomar en cuenta los avalúos de bienes distintos de la tierra. Se deben tener por ciertas las afirmaciones del actor porque la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no contestó la demanda. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción: ".Tal y como lo establece la ejecutoria que se cumplimenta, se procede a parafrasear parte de los razonamientos esgrimidos en la misma, los convenios de ocupación previa firmados por el actor, fueron declarados nulos absolutamente y en consecuencia inexistentes, por tanto, no debieron tener valor para demostrar que los pagos en ellos establecidos sean correctos. Al haberse declarado improcedente la prestación marcada con el número "12", referente al pago de los bienes distintos a la tierra por los magueyes pulqueros adultos y la avena que se localizaban en las fracciones de las parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 que fueron ocupadas por la vía de comunicación, se estableció que los pagos por estos conceptos ya habían sido pagados al actor, pues se tomó en cuenta los convenios de fecha veintisiete de marzo de dos mil cuatro, sin embargo, éstos fueron declarados nulos plenamente e inexistentes, habiéndose dicho que en los mismos existía una aceptación de pago por parte de los ejidatarios. Resultando que dicha nulidad no permite que el momento en ellos pactados sea correcto, ya que precisamente la causa de nulidad fue declarara por el hecho de haber faltado la firma de los que intervinieran en el mismo, entre ellos el representante de la Procuraduría Agraria; siendo por ello que el ejidatario al no contar con una adecuada defensa y estar asesorado sobre los alcances del convenio que firmara se encontraba en incertidumbre jurídica, no sólo respecto a la ocupación previa, sino también en cuanto al monto establecido como daños. Por tanto, en la ejecutoria se resalta el hecho de que resulta irrelevante, que el ejidatario hubiera firmado dicho convenio ya que no implica aceptara de forma legal los montos de los pagos, pues no estaba en la aptitud de saber si dichas cantidades fueran correctas por los bienes distintos a la tierra, a pesar de que éste no impugnara esa parte en su amparo, pero el Tribunal de Alzada suple la queja deficiente, destacando que no fue asentada la realización de un pago total por concepto de bienes distintos a la tierra fijos en la superficie que se le afectara, pues del convenio se aprecia que aparece en "ceros" la cantidad que supuestamente fuera pagada al ejidatario (foja 89 del expediente 536/2015 teniendo a la vista como hecho notorio); así como observó (sic) que los "avalúos de bienes distintos a la tierra" con número de folio APE-003, no se debieron tomar en consideración en virtud de no estar firmados por persona alguna, por ende no se puede tener por cierto que el promovente los tuvo a la vista y firmara de conformidad los montos ahí establecidos, ya que son únicamente formatos preliminares que no se encuentran autorizados. Resultando con ello que se ordenó en la ejecutoria que se cumplimenta, se prescindiera de considerar la aceptación del ejidatario de haber aceptado dichos montos por el concepto de pago de bienes distintos a la tierra, así como tampoco los "avalúos de bienes distintos a la tierra", debiéndose analizar la cuantificación precisa por esos conceptos. Por ende, se tienen por ciertas las afirmaciones del actor José Heriberto García Ordoñez en el sentido de que, en la fecha de afectación de las fracciones de sus parcelas para la construcción de la vía de comunicación, sí existían los bienes distintos a la tierra que refiere, máxime que la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala no contestó la demanda y se le hizo efectivo el apercibimiento de haber quedado incursa en afirmativa ficta. (...) Y en cuanto a las documentales solicitadas, se tiene que el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Presidenta Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, mediante oficio número 8ª/ALCALDÍA/387/2020, informó lo solicitado por este Unitario, en donde refiere que no se encontró registro alguno que permita precisar qué tipo de cultivo agrícola que de forma predominante se practica en el poblado de Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala; así como no se pudo encontrar registro que pueda precisar si en el área del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala se cultive habitualmente maguey pulquero o avena (fojas 1023 y 1024); pero el encargado de la oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tlaxcala, mediante oficio número 149.01/783/2020, recibido el cuatro de noviembre de dos mil veinte, dio contestación a lo solicitado por este unitario, en donde refiere que no se encuentra dentro del programa PROCAMPO registradas las parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 del actor José Heriberto García Ordoñez con cultivo de maguey pulquero y, respecto al cultivo de avena, dicho productor sembró en el ciclo PV 2019 en la parcela 8 Z-1 P-1/2 y en el PV 2020 en la parcela 10 Z-1 P-1/2 (foja 1118). Teniéndose así por cierto, que el promovente, sí contaba con cultivos de maguey y avena en sus parcelas 8 Z-1 P-1/2 y 10 Z-1 P-1/2 ubicadas en el poblado de mérito, teniéndose con dichas probanzas por debidamente probado el dicho del accionante, independientemente de habérsele dado valor por haber quedado incursa en afirmativa ficta la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. Debiéndose estar a la condena ya impuesta a la demandada en el considerando anterior referente al pago solicitado por el actor, al haber resultado procedente su pretensión; esto es la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala deberá pagar a favor del actor José Heriberto García Ordoñez, por los Bienes Distintos a la Tierra la cantidad de $222,500 pesos, pues el valor del maguey adulto por unidad ya actualizado es de $890 pesos, desde el año dos mil cuatro, al día en que emitió su dictamen." III.II Respecto a las prestaciones que identificó con los números 10 y 13, relativas al pago por las diversas afectaciones señaladas en torno a las tierras diversas a las áreas ocupadas, así como a las siembras, particularmente desde el once de febrero de dos mil cuatro, en su caso, hasta el cumplimiento de la sentencia que se dicte, la responsable prescindió de considerar que se actualizó la prescripción, pues determinó lo siguiente (foja 477 a 492): ".Ahora bien, toda vez que aún no se ha emitido el decreto expropiatorio correspondiente, no obstante que la carretera de mérito ya ha sido concluida en el tramo que afectó la parcela del ejidatario, por tratarse de un hecho continuado, es de estimarse que la ocupación previa ilegal subsiste, pues será hasta que se desincorpore del régimen ejidal la superficie materia de este juicio, que dicha ocupación previa ilegal concluya para dar paso a la ocupación definitiva, de ahí que resulte procedente condenar a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a pagar los daños y perjuicios, los cuales son equiparable al pago legal y justo por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario, desde que se firmó el convenio de ocupación previa con fecha once de febrero de dos mil cuatro hasta que se realice el pago indemnizatorio y se desincorporen las superficies afectadas. Ahora bien, una vez establecida la obligación de la demandada, resulta procedente y en acatamiento a la ejecutoria número D-283/2019 que se cumplimenta, en donde se ordenó que este Tribunal se pronunciara respecto a la excepción de prescripción que hicieran valer las demandadas al dar contestación a la demanda que realizara el promovente. Toda vez que la ley agraria no prevé la figura de la prescripción negativa, se debe acudir a la legislación supletoria, esto es, el Código Civil Federal tal y como lo prevé el artículo 2º (sic) de la Ley Agraria, en donde dicho Código define a la prescripción negativa como: "Artículo 1158.- La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley." Asimismo, el numeral 1934 del mismo ordenamiento supletorio establece un plazo para poder exigir dicho cumplimiento, que es precisamente el de dos años a partir de que se ha causado el daño, tal y como se lee en el mismo: "Artículo 1934.- La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño." Sin embargo, como ya se analizó con antelación, dicha excepción deviene improcedente, toda vez que los daños y perjuicios causados a la parte actora han sido continuos, al persistir la ocupación previa ilegal, la cual seguirá existiendo hasta en tanto no se desincorpore la superficie afectada del régimen ejidal. Por ende, las pretensiones correspondientes al pago de daños y perjuicios, los cuales comprenden, el pago por la ocupación previa y las percepciones agrícolas dejadas de percibir por la promovente, se encuentran subsistiendo hasta en tanto no sea desincorporada la superficie ilegalmente ocupada por la demandada del régimen ejidal, determinando que el cómputo inicia en la misma fecha, esto es, desde el once de febrero de dos mil cuatro, fecha en que fuera suscrito el convenio de ocupación previa por el ejidatario, por los motivos ya expuestos con antelación. Pues atendiendo los términos en que fue opuesta dicha excepción por las demandadas, de la misma se conoce que fue hecha valer por las prestaciones que se reclaman a su representada, esto es, se traduce a todas las pretensiones hechas valer por la demandada, en donde, la demandada transcribe el numeral 1934 del Código Civil Federal, el cual aduce a la prescripción de dos años con que se cuenta para exigir la acción de la reparación de daños causados, a partir del día siguiente a que se hayan generado éstos; estableciendo dicha demandada que, la acción que la parte actora ejercita para demandar a su representada, tiene naturaleza jurídica eminentemente civil, misma que se configura como una acción de pago de pesos; circunstancia que se actualiza en el presente asunto, pues al observar las pretensiones que se analizan en el presente rubro, solicitados por la parte actora, es el pago por la ocupación previa, el pago de los daños y perjuicios y el pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas dejadas de percibir. Sin embargo, tal y como ya se expuso de manera fundada y motivada en los párrafos que anteceden, dicha excepción deviene improcedente." III.III Prescindió de considerar que la contraprestación por concepto de ocupación previa es un pago anticipado y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación, pues al respecto expuso (fojas 499 y vuelta): ".Resultando con ello que no se realizará descuento alguno al monto que le será pagado al actor José Heriberto García Ordóñez por parte de la demandada Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala en virtud de no haberse demostrado en autos que el mismo recibiera dichos montos como pago de los daños y perjuicios, los cuales comprende la ocupación previa y las percepciones agrícolas, ni los bienes distintos de la tierra, como ya fue estudiado supra líneas." (sic) IV. Enseguida, se analizan las manifestaciones vertidas por el quejoso José Heriberto García Ordoñez. Mediante escrito presentado en este órgano colegiado el veintiocho de octubre de dos mil veinte expone lo siguiente (fojas 334 a 338): a) El Tribunal Agrario responsable, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, requirió al quejoso para que en el término de cinco días designara perito en materia de topografía, valuación de inmuebles, bienes distintos de la tierra y percepciones agrícolas, además para que adicionara los puntos de los cuestionarios propuestos sobre los que versarían dichas periciales, con los apercibimientos correspondientes en caso de no cumplir con dicho requerimiento. b) Al respecto, el ahora quejoso manifestó a dicho Tribunal Agrario que por carecer de medios económicos solicitaba se le proporcionara un perito adscrito a ese órgano jurisdiccional. c) Sin embargo, no accedió a su petición, sino que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte determinó tener por perdido su derecho para realizar tal designación y por conforme con los peritajes que emitieran en las materias antes mencionadas los expertos designados por el codemandado Gobierno del Estado de Puebla. d) Con lo anterior, la autoridad responsable incurre en "exceso y defecto", además transgrede el principio "contradicción y congruencia", toda vez que revoca sus propios acuerdos; por tanto, debe admitir la pericial con las modalidades propuestas por el quejoso. Como se puede constatar de los resumidos argumentos, la parte quejosa, aun cuando afirma que la responsable incurrió en exceso y defecto, lo cierto es que su pretensión es evidenciar que al recabar oficiosamente la pericial incurrió en una infracción de carácter procesal porque no accedió a su petición de que le proporcionara un perito adscrito al órgano jurisdiccional. Sin embargo, tales argumentos expuestos por la parte quejosa no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, pues en ésta se concedió la protección constitucional para que la responsable recabara oficiosamente la pericial en valuación y acordara la práctica, aplicación o perfeccionamiento de diligencias en favor del ejidatario ahora quejoso, con la finalidad de establecer el monto de los bienes distintos a la tierra, particularmente respecto a magueyes pulqueros adultos y avena que se localizaban en las parcelas ocupadas. De ahí que cualquier infracción procesal en que pudiera haber incurrido el tribunal agrario es un aspecto ajeno a la ejecutoria de amparo y, por ende, al ser novedosos no pueden ser materia de examen en esta resolución, pues ello escapa a los límites establecidos en el fallo protector. En apoyo a esta decisión, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." V. Ahora, la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar manifestaciones, expone que el cumplimiento realizado por el Tribunal Unitario Agrario responsable debe calificarse en estricto apego a la normatividad aplicable y considerando el efecto para el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 513 a 515). Al respecto, debe decirse que, como ya se determinó anteriormente en esta resolución, la autoridad responsable emitió el nuevo fallo siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector. Consecuentemente, de lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso; por oficio al Gobernador del Estado de Puebla; Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; Organismo Público Descentralizado "Carreteras de Cuota-Puebla", Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, estos dos últimos por conducto de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y por lista a Vías Concesionadas de Carretera "PAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecisiete del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el tercero interesado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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