José Helmer López Valenzuela

Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
710/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • José Helmer López Valenzuela
  • Juez Oral de lo Penal del Primer Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio y negó el amparo solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio y negó el amparo solicitado; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la mayoría de las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, que mediante proveídos de treinta de junio, así como trece, veinte y veintisiete de julio del presente año, ante el incumplimiento de los requerimientos efectuados a la parte quejosa, se declaró la inexistencia de las autoridades que señaló como responsables, "comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal", "agente del Ministerio Público Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas", "agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos de Robo", "encargado o jefe de grupo de Policías adscritos a la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas", "Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal", "agente del Ministerio Público de la Sexta Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral", "agente del Ministerio Público de la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad" y "agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común, Investigador Especializado en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos", todas con sede en esta ciudad. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar que las partes no ofrecieron medios de prueba. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por José Helmer López Valenzuela, contra los actos atribuidos al juez Oral de lo Penal del Primer Distrito Judicial, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, José Helmer López Valenzuela, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de esa fecha, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión, comparecencia, citación, localización, detención o presentación librada contra el quejoso, y su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables siguientes: Administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno; Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; Agente del Ministerio Público, Titular de la Primera Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral; Agente del Ministerio Público de la Segunda Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral; agente del Ministerio Público titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; agente del Ministerio Público titular de la Cuarta Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; agente del Ministerio Público titular de la Quinta Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; agente del Ministerio Público del Sector III; secretario de Acuerdos en Funciones de Agente del Ministerio Público del Sector IV; agente del Ministerio Público del Sector V; Agente del Ministerio Público del Sector VI; Agente del Ministerio Público del Sector VII; Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Robo de Vehículo y Maquinaría Agrícola del Sistema Tradicional; Agente del Ministerio Público Auxiliar del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos en Contra de los Animales por Actos de Maltrato o Crueldad; Director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo; Agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del departamento de órdenes de aprehensión y comparecencias; y, Comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública; Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe con justificación; sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de título: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Presunción de certeza del acto reclamado En otro orden, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos al Agente investigador del Ministerio Público Especializado en Investigación de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de localización, detención, presentación, comparecencia, citado o entrevista reclamada, pues no obstante encontrarse debidamente notificada para rendir su respectivo informe, fue omisa en hacerlo. V. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. En el caso, el solicitante del amparo aduce que la orden reclamada viola los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la determinación combatida carece de las formalidades establecidas en los citados ordenamientos constitucionales. Los motivos de queja devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa no probó que la orden de localización, detención, presentación, comparecencia, citado o entrevista reclamada conculque alguno de esos derechos fundamentales, toda vez que no es en sí mismo violatorio de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente existan elementos que así lo demuestren, esto es, a través de la propia naturaleza intrínseca del acto y que el mismo contravenga la ley fundamental, es decir, su inconstitucionalidad depende de que realmente exista una orden privativa de libertad que no cumpla con las formalidades esenciales que rige todo procedimiento en la materia, y que el quejoso se encuentre en el estado al que alude en su escrito de demanda o que carezca de alguno de los requisitos previstos en la legislación aplicable para emitir dicha determinación. En consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse violatorio de garantías en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para emitir el acto reclamado, y como éste no es inconstitucional en sí mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al solicitante del amparo conforme lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 117 de la ley de la materia. En efecto, si el quejoso no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de derechos que alega, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para determinar si dicho acto -orden de localización, detención, presentación, comparecencia, citado o entrevista- presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por ese motivo que se estiman infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establezca que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que la responsable reconozca en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyó la autoridad responsable para emitir la determinación impugnada y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio; pero es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues, como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Tiene aplicación, por las razones que la contienen, la jurisprudencia V.2o. J/16, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme". Asimismo, tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Ahora, de la parte final del último criterio citado, se desprende expresamente que la regla de recabar constancias oficiosamente, no se aplica cuando la presunción de certeza del acto deriva de la falta de informe, y ésta tesis no admite alguna excepción que dé lugar a considerar que si la naturaleza del acto que reclama en la presente vía, se justifica recabar constancias pues es enfática, al igual que el artículo 117 de la Ley de la materia, la afirmación en el sentido de que corresponde al quejoso la carga de la prueba. Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos atribuidos y por las autoridades responsables precisadas en el considerando III de esta sentencia De igual forma, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto la autoridad y acto señalados en el considerando IV de este fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de derechos, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso José Helmer López Valenzuela, por las razones plasmadas en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en proveído de treinta de junio del presente año, se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la inexistencia de las autoridades responsables "agente del Ministerio Público de la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad" y "agente Primero del Ministerio Público del Fuero Común, Investigador Especializado en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos, con sede en esta ciudad", sin que lo haya hecho, no obstante de habérsele apercibido que de no hacer manifestación alguna, se tendría a esa autoridad como inexistente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla, se hace efectivo el apercibimiento de mérito y se tiene a esas autoridades como inexistentes y se suspende toda comunicación legal con éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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