José Héctor Serrano Olmos
Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Héctor Serrano Olmos
- Instituto de Vivienda de León (Inmuvi León)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de diez de agosto de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
V I S T O el juicio de amparo 639/2022-IV promovido por José Héctor Serrano Olmos, contra un acto del Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI León), con sede en esta ciudad, que consideró violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4°, 8° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el siete de junio de dos mil veintidós, José Héctor Serrano Olmos, presentó demanda de amparo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal; se admitió a trámite el veintiuno siguiente, previo cumplimiento al acuerdo de nueve anterior, y se ordenó requerir a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del ministerio público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, debido a que el acto reclamado se hace consistir en una omisión, de ahí que, al haberse presentado la demanda en esta ciudad de León, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este juzgado, se surte la competencia para conocer de la misma. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a analizar el escrito de demanda, así como las constancias que integran los autos, para determinar que el solicitante de la protección constitucional reclama de la autoridad señalada como responsable, Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI León), con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dar repuesta al escrito de petición presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director General del Instituto Municipal de la Vivienda de León, con sede en esta ciudad, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones y con las documentales que anexa, de las que se desprende que si bien el treinta de mayo del año en curso dio respuesta al escrito de petición presentado por el quejoso el veintitrés anterior, no fue sino hasta el veintinueve de junio del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, cuando le notificó al impetrante tal respuesta; por tanto, se tiene por cierta la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, dicha certeza se corrobora, se insiste, con la documental allegada con el informe justificado, consistente en copia certificada de la constancia de notificación del oficio de data treinta de mayo del año en curso, a través del cual se dio respuesta a la petición formulada por el quejoso (foja 32 de autos). Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. En el presente juicio se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. De la documental remitida por el Director General del Instituto Municipal de la Vivienda de León, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, se advierte que el veintinueve de junio del año en curso notificó a la parte quejosa, por conducto de su esposa, el oficio D.A.J./02944/2022, de data treinta de mayo de dos mil veintidós, que contiene la respuesta que recayó al escrito de petición que presentó el veintitrés anterior (foja 32 de autos). Por tanto, en atención a que del libelo de amparo se aprecia que el solicitante de la acción constitucional señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a aquella petición, así como de informarle en breve término dicha respuesta, tal como lo exige el artículo 8° Constitucional; es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado, con motivo del dictado de la respuesta respectiva y de su notificación en el domicilio que señaló para tal efecto; pues se repuso al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica. Así las cosas, es innegable que respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis de jurisprudencia 2a./J. 205/2008, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita que la autoridad responsable invoca la actualización de diversa causal de improcedencia además de la estudiada en párrafos que anteceden; sin embargo, al haberse materializado la prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de la restante. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 639/2022-IV promovido por José Héctor Serrano Olmos, contra el acto y autoridad indicados en el considerando segundo, por las razones asentadas en el último considerando del presente fallo. .
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la autoridad responsable Director General del Instituto Municipal de Vivienda de León, con el cual se da vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las documentales que acompaña al informe de mérito, respecto de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta se desprende que la autoridad responsable ha dado contestación al escrito de petición del quejoso, cuya falta de respuesta representa en esta instancia constitucional el acto reclamado; no obstante a ello, no es el caso dar vista con dicha contestación al impetrante, a efecto de una posible ampliación de demanda, pues la referida respuesta es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de inconformidad y/o el proceso administrativo previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; de ahí que a ningún fin práctico conduciría dar vista para la ampliación de una demanda que a la postre tendría que desecharse por no haberse agotado el principio de definitividad.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y como de los mismos se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para rendir informe justificado que se le otorgó a la autoridad responsable Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI), en proveído de veintiuno de junio del presente año, mismo que le fue notificado en data veintidós de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo y a fin de dar oportunidad de que el presente juicio de amparo se encuentre debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil veintidós.
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