José Héctor Leyva Villavicencio

Expediente 1082/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1082/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
06/08/2015

Partes del expediente

  • José Héctor Leyva Villavicencio

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B Vistos los autos, de los que se advierte que el cuatro de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, y tomando en consideración que en sesión de dieciocho de mayo de este año, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó en el punto de acuerdo C. CAR. 116/2015-V, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la resolución de juicios de amparo; en consecuencia, remítase este expediente al citado juzgado auxiliar por conducto de su Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos del dictado de la sentencia correspondiente. Por tanto, en términos del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, y notifíquese a las partes esta determinación, haciéndoles saber que una vez que el órgano auxiliar comunique la radicación del juicio de amparo, se les dará a conocer mediante notificación por lista. Por último, con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes.

  2. Principal

    MESA I A Vista la demanda de amparo signada por José Héctor Leyva Villavicencio, contra actos del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1082/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, se advierte que el demandante del amparo reclama de las autoridades responsables el acta de infracción número 0410 de dos de julio de dos mil quince, la multa derivada de dicha acta de infracción, así como la orden de visita de inspección que se menciona en dicha acta, en la que se asentó que el establecimiento del que es responsable José Héctor Leyva Villavicencio, aquí quejoso, ha violado los artículos 9, 11 y 15, fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales en el municipio de Oaxaca de Juárez, en virtud que no presentó su registro al padrón fiscal municipal o inicio operaciones del establecimiento comercial, encontrándose abierto en el momento de la visita, por lo que se ha hecho acreedor a la sanción consistente en multa establecida en el artículo 85, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales en el municipio de Oaxaca de Juárez-. Versus esos actos, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación. ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra los actos aquí reclamados, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1, 96 fracción I y 122 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo e inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. [.] Artículo 96.- Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; --- [.]. Artículo 122.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: ? Que la Ley de Justicia Administrativa se aplicará en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de éstos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111, segundo párrafo, e inciso C, de la Constitución Política del Estado; ? Que los Juzgados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley, y ? Que cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario que contemple la ley de la que provenga el acto o agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que ejercida la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. En vinculación con lo anterior, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en sus preceptos 149, 150 y 152 señala: ARTÍCULO 149.- Las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución. ARTÍCULO 150.- Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: I.- Se interpondrá dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación, ante la propia autoridad municipal, que haya emitido el acto, acuerdo o resolución que se impugne. II.- El escrito de interposición contendrá: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. III.- Se admitirán toda clase de pruebas emitidas por la ley, con excepción de la confesional de las autoridades; en caso de ofrecerse prueba testimonial o pericial, se acompañará el interrogatorio para los testigos y el cuestionario que deban resolver los peritos. IV.- Una vez interpuesto el recurso, la autoridad lo remitirá al Síndico Municipal para su trámite y resolución. V.- Recibidas las constancias del recurso por el Síndico Municipal, se abrirá un periodo de prueba por diez días hábiles para desahogar las que se hubieren ofrecido oportunamente. VI.- Concluido el término a que se refiere el artículo anterior, desahogadas las pruebas que así lo ameriten, el Síndico Municipal dictará la resolución definitiva debidamente fundada y motivada. ARTÍCULO 152.- La interposición del recurso administrativo de revocación suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnados. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, el impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca o, en su defecto, previo al citado juicio el recurso administrativo de revocación que prevé la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en atención a que las leyes ordinarias contemplan un medio de defensa tendente a modificar o acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión. En relación con lo anterior, los artículos 185 y 188 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: ARTÍCULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. ARTÍCULO 188.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b) Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. II. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Juez, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Juez o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a). La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante el Juzgado en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; b). Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Juez; c). El Juez deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d). El Juez requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Juez resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Juez podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Juez ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, el Juzgado ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. De esos preceptos, se colige que la suspensión se concederá siempre cuando se trate conservar la materia del juicio; no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, incluso los requerimientos básicamente son los mismos que la Ley de Amparo señala en sus preceptos 129 y 132, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 125/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Bajo esas directrices, se evidencia que en las referidas leyes no se establecen mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y epígrafe: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. En el propio tenor, es de anotarse que el acta de visita de inspección 0410 efectuada el dos de julio del año en curso, por el Inspector municipal dependiente de la Coordinación de Inspección y Vigilancia, Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se advierte que se citaron diversos preceptos, lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas. Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al quejoso impugnar los actos atribuidos, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, y como se anotó, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Toda vez que el quejoso señala los estrados para recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, y ténganse por autorizadas para tales efectos a las personas señaladas, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que aparece que no tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el presente asunto es de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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