José Gustavo Vargas Cruz

Expediente 1482/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1482/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • José Gustavo Vargas Cruz
  • José Gustavo Vargas Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, el quejoso Leonardo López Jiménez no se inconformó contra el proveído de seis de agosto pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo de la Justicia Federal, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó modificar la sentencia revisada y por una parte negó el amparo y protección de la justicia federal y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Leonardo López Jiménez (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1508/2019, mismo que se encuentra acumulado al presente asunto, es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). 5. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues encuadra en la hipótesis prevista en el Punto Vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del acuerdo general conjunto de mérito. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso Leonardo López Jiménez en auto de veinticuatro de julio pasado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se presentó el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que hace a José Gustavo Vargas Cruz y Leonardo Leopoldo Jiménez (fojas 2 y 118), mismo que se admitió el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 142 a 145), con los juicios de amparo 1482/2018-III y 1488/2018-II, respectivamente. Por autos de dos de octubre y quince de noviembre de dos mil dieciocho, se decretó la acumulación de los juicios de amparo 1508/2018-I y 1697/2018-I (fojas 420 a 425 y 1115 a 1119), relativos a los quejosos René Flores Martínez y José Fernández Caballero. Los actos reclamados en el presente asunto consisten en: "(. ) la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho emitida en el recurso de revisión RR-PAR/219/2016, y sus acumulados RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/233/2016 que declaró la validez de la diversa de uno de agosto de dos mil dieciséis, en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/78/14, confirmando el pliego preventivo de responsabilidad respecto a José Gustavo Vargas Cruz, René Flores Martínez, José Fernández Caballero y Leonardo López Jiménez, en su carácter de Presidente, Síndico, Tesorero y Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Zinacantepec, Estado de México, respectivamente, durante la administración 2009-2012, cuya resarcitoria asciende a $193,200,046.00 (ciento noventa y tres millones doscientos mil cuarenta y seis pesos 00/100). Asimismo, el quejoso René Flores Martínez precisó en el capítulo de actos reclamados de su demanda la determinación dictada en primera instancia el uno de agosto de dos mil dieciséis; sin embargo, sus conceptos de violación solo son atinentes a la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho al resolver el recurso de revisión RR-PAR/219/2016, y sus acumulados RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/233/2016, que declaró la validez de aquélla; por lo tanto, debe entenderse que el acto que dicho quejoso combate solo es la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho." En ese orden de ideas, mediante sentencia emitida el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 1158 a 1214), se determinó lo siguiente: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Gustavo Vargas Cruz, René Flores Martínez, José Fernández Caballero y Leonardo López Jiménez, contra el acto y autoridad mencionados en el considerando segundo y tercero, en los términos referidos en el último considerando de la presente resolución." Inconformes con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión, medio de impugnación del cual correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (fojas 1449 a 1582), mismo que mediante ejecutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 86/2019, resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Gustavo Vargas Cruz, René Flores Martínez y José Fernández Caballero, en relación con el acto consistente en la resolución emitida el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en los recursos de revisión RR-PAR/219/2016, RR-PAR/205/2016 y RR-PAR/223/2016, acumulados, por el titular de la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de México, derivados de la diversa resolución pronunciada el uno de agosto de dos mil dieciséis en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/781/14, acorde a los considerandos octavo, noveno y décimo de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonardo López Jiménez, en relación con el acto consistente en la resolución pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en los recursos de revisión RR-PAR/219/2016, RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/223/2016, acumulados, por el titular de la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de México, derivados de la diversa resolución pronunciada el uno de agosto de dos mil dieciséis en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/781/14, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria..." Ahora, la concesión del amparo fue para que la responsable: * En relación al quejoso Leonardo López Jiménez proceda a dejar sin efectos la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión RR-PAR/219/2016, RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/223/2016. * Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración el objeto por el cual se otorgaron los recursos objeto de la observación en la auditoría practicada en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, durante el ejercicio de dos mil once, y la forma en que se ejercieron, así como las atribuciones que el artículo 96 bis, fracción X, de la Ley Orgánica Municipal del estado de México establece al director de obras públicas, a efecto de garantizar el derecho de fundamentación y motivación, examine si en relación con dicho servidor público se configuró la responsabilidad administrativa resarcitoria, no sólo de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM), del programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM) y a los gastos de inversión sectorial dos mil once (GIS 2011), si no de los restantes que fueron objeto de observación, al tenor de los razonamientos que invocó en los recursos de revisión RR-PAR/219/2016, RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/223/2016. Así las cosas, mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso (foja 1602), se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el cual remite las determinaciones de de julio del año en curso donde dejó insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho emitida en los recursos de revisión RR-PAR/219/2016, RR-PAR/225/2016 y RR-PAR/223/2016, derivado del procedimiento resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/78/14. Y en el segundo de los acuerdos procedió a resolver los citados recursos de revisión en el que con plenitud de jurisdicción y tenor de los razonamientos que invocó el quejoso Leonardo López Jiménez, tomó en consideración el objeto por el cual se otorgaron los recursos objeto de la observación en la auditoría practicada en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, durante el ejercicio de dos mil once, y la forma en que se ejercieron, así como las atribuciones que el artículo 96 bis, fracción X, de la Ley Orgánica Municipal del estado de México establece al director de obras públicas, a efecto de garantizar el derecho de fundamentación y motivación, examinó si en relación con dicho servidor público se configuró la responsabilidad administrativa resarcitoria, no sólo de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM), del programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM) y a los gastos de inversión sectorial dos mil once (GIS 2011), si no de los restantes que fueron objeto de observación, determinó la invalides de la resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis emitida en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-AF/78/14, únicamente por lo que respecta al quejoso en mención y declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa y se canceló el monto determinado como resarcitoria. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso Leonardo López Jiménez.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite el acuerdo y resolución de veintidós de julio pasado emitidos en el recurso de revisión ******************** y sus acumulados ******************** y ********************. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso ******************** para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso ********************.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite el acuerdo y resolución de veintidós de julio pasado emitidos en el recurso de revisión ******************** y sus acumulados ******************** y ********************. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso ******************** para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso ********************.

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