Jose Gustavo Reyes Ramos

Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1030/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Jose Gustavo Reyes Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1030/2016 y dos anexos, así como testimonio de la resolución dictada en el R.P. 181/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Gustavo Reyes Ramos en contra de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1022/2008, por las consideraciones de este tribunal colegiado". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de marzo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos remitidos respectivamente por la Octava Sala Penal y Juez Vigésimo Sexto Penal, ambos en esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, por lo que hace al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 38119 de veintiocho de junio pasado, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado como amparo en revisión 181/2017.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el diecinueve de junio pasado, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del impreso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del ocurso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1030/2016, promovido por Jose Gustavo Reyes Ramos contra acto de la Octava Sala Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el dieciocho siguiente se admitió a trámite la demanda registrándose con el orden 1030/2016; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a la sala responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró el diecinueve de enero de este año, y se resolvió el uno de febrero siguiente. IV. Contra la anterior determinación el justiciable interpuso recurso de revisión, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, revocando la resolución puesta a su consideración y ordenó reponer el procedimiento a efecto de que este juzgado recabara las constancias de la causa penal 69/2008, relativas a los incidentes en los que el quejoso alegó que debe ser puesto en libertad por la supresión del tipo penal previsto en el artículo 163 Bis del Código Penal de esta ciudad. VI. Por auto de dieciséis de mayo de este año, se dio cumplimiento a lo anterior; una vez recibidas dichas constancias el veintidós siguiente se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse acto después de concluido el juicio, que se atribuye a autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la determinación de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en que resolvió improcedente la anulación de la sentencia solicitada por el quejoso, emitida por la Octava Sala Penal de la Ciudad de México en el toca 1022/2008. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la sala responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con copia certificada de diversas constancias que adjuntó a su informe de ley; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Previo a destacar las consideraciones por las que se afirma lo anterior, es menester precisar los antecedentes del caso que se advierten de las constancias remitidas por la sala responsable, de las que en lo que interesa se aprecia: 1. En sentencia de nueve de junio de dos mil ocho, dictada en la causa penal 69/2008, el juez responsable declaró al justiciable penalmente responsable en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express agravado y robo agravado, imponiéndole treinta y tres años, cuatro meses de prisión. 2. Inconforme con lo anterior, el amparista interpuso recurso de apelación, que fue resuelto el nueve de septiembre de dos mil ocho, por la Octava Sala Penal de la Ciudad de México, en el toca 1022/2008, en el que confirmó la pena impuesta en la causa de origen (contra la que se le negó el amparo directo que promovió). 3. El catorce de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso planteó a la sala responsable, entre otras cosas, la anulación de la sentencia mencionada en el punto 2. 4. El veintiséis siguiente la sala responsable resolvió improcedente la solicitud del amparista, pues en lo que interesa estableció lo siguiente: ".De lo anterior esta Sala advierte que el sentenciado JOSE GUSTAVO REYES RAMOS promueve la anulación de la sentencia establecida en los artículos 487 fracción II y 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo resulta improcedente su petición, toda vez que la ley aplicable lo es el Código Procesal Penal vigente al inicio del proceso al que se sujetó el sentenciado de mérito, lo anterior conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales reformado el 17 diecisiete de junio del año en curso, el cual en la parte conducente señala: '.El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo, respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. .En relación a la anulación de la sentencia planteada por el reo sentenciado y la traslación del tipo solicitada, este Tribunal de Alzada, advierte que su petición resulta improcedente. . Con la entrada en vigor la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se suprimió el artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, como lo refiere el reo. Por ende, es indiscutible que la Ley General estableció en su artículo segundo su ámbito de validez temporal, es decir, que su aplicación será para hechos que se realicen a partir de su vigencia, además de que no le genera beneficio alguno al reo, puesto que la actual fracción I del artículo 9, prevé penas de CUARENTA A OCHENTA AÑOS DE PRISIÓN y de MIL A CUATRO MIL DIAS MULTA; mientras el artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, contemplaba penas de VEINTE A CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN y de QUINIENTOS A DOS MIL DÍAS MULTA. Sin que se pierda de vista, que el delito por el que fuera sentenciado el reo peticionario, se acreditó bajo la circunstancia de VIOLENCIA, y sobre la cual el artículo 10 de la referida Ley General, establece la pena de CINCUENTA A NOVENTA AÑOS DE PRISIÓN; en tanto que el artículo 164 del Código Penal, contemplaba el incremento de la pena en una tercera parte, en relación a dicha agravante. Por lo que, a todas luces resulta evidente que Ley más benéfica para el reo sentenciado, lo es la establecida en el Código Penal vigente en la época de la comisión de los hechos; lo anterior, con fundamento a lo establecido en los artículos 1° y 14 Constitucionales, en base a los principios pro persona e irretroactividad de la ley penal. Ahora bien, del análisis de las citadas penas del Código Penal vigente para el Distrito Federal, con las de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, vigente al momento del dictado de la presente resolución, desprendiéndose que éstas son de CINCUENTA A NOVENTA AÑOS DE PRISIÓN Y DE CUATRO MIL A OCHO MIL DIAS MULTA, las cuales tampoco le genera beneficio alguno, ya que por el contrario resultan mucho mayores a la establecidas en el Código Penal antes referido vigente al momento de los hechos. Sin que sea procedente hacer comparación alguna con los dispositivos del Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de la reforma del 3 tres de Junio de 2014, toda vez que se trata de una ley intermedia. En conclusión, no le asiste la razón al reo, a efecto de analizar el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS, en base al Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que no existió supresión del tipo penal como lo señaló el incidentista de mérito. En cuanto a la petición del reo JOSE GUSTAVO REYES RAMOS, referente a solicitar se realizara en su favor la traslación del delito de SECUESTRO EXPRESS a ROBO, y asimismo solicitó se aplicara en su favor la retroactividad de la Ley Penal más favorable. Al respecto este Tribunal advierte que el sentenciado afecto cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ser juzgado ante los Tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expeditas con anterioridad al hecho, es decir que en el presente caso, la ley vigente en la época de los hechos (2008), lo era el Código Penal para el Distrito Federal, en tal contexto no fueron violentadas sus garantías individuales. Por ello, cabe señalar que la retroactividad de la ley penal, se da sólo en beneficio del sentenciado, lo que no ocurre en la presente caso, ya que al efecto el numeral 163 Bis contenido en el Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de la comisión de los hechos, preveía una pena de veinte a cuarenta años de prisión, mientras que la Ley General de Secuestro vigente en la actualidad, establece una punibilidad de cuarenta a ochenta años de prisión; lo que en nada le beneficiaría al sentenciado y por el contrario, de aplicarle ésta última se estarían violentando sus derechos fundamentales. En cuanto a la traslación del tipo que señala el sentenciado, se trata de un tema diverso al propuesto en su escrito, ya que para que proceda la misma, primero es necesario que una ley abrogue a otra, lo que en el presente caso no acontece, como ejemplo de cuenta con el Código Penal para el Distrito Federal de 1931 que fue abrogado por el Nuevo Código Penal del 2002. Y finalmente, sobre la supresión del tipo penal de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS, previsto en el artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los hechos; cabe señalar que el delito en comento no fue suprimido como lo señala el peticionario, ya que el mismo estaba previsto y sancionado en la Ley Penal (Código Punitivo del 2008) y con la entrada en vigor de la Ley General de Secuestro (2011), dicho tipo penal continúo subsistente ahora en una Ley Especial, es decir que el presente caso lo que aconteció fue una sucesividad de leyes. .En cuanto a que se realice un estudio correcto de los delitos de Secuestro Express y Robo, ilícitos por los que fue sentenciado; no le asiste la razón en virtud de que el reo promoverte fue condenado en la presente causa, en fecha 9 nueve de Junio del 2008 dos mil ocho, por el Juez Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, en la causa penal 69/2008, por su comisión en el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRES AGRAVADO y ROBO AGRAVADO, imponiéndosele una pena de 33 TREINTA Y TRES AÑOS 4 CUATRO MESES DE PRISIÓN y 1166 DIAS MULTA; negándosele sustitutivo penal alguno, así como la suspensión condicional de la ejecución de la pena. . Es decir, la resolución recurrida se trata de 'cosa juzgada', debiéndose entender la cosa juzgada como la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. . Por ende, no se puede efectuar de nueva cuenta el estudio de los delitos de SECUESTRO EXPRESS y ROBO, que señala en su escrito, ya que de ser así se estaría efectuando un nuevo análisis del fondo del asunto, lo cual ya había realizado este Tribunal de Alzada, por lo que esta autoridad no puede revocar o modificar sus propias resoluciones, y en atención a que el presente asunto adquirió carácter de cosa juzgada, lo anterior a efecto de no contravenir el principio de seguridad jurídica que obra a favor del sentenciado, como derecho fundamental plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . Es por lo anterior que las peticiones anteriores, resultan improcedentes, en virtud de que su escrito a estudio versa sobre la supresión del tipo penal de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS, previsto en el artículo 163 Bis del Código Penal vigente en la fecha de la comisión de los hechos, que no se actualizó..." (sic). Siendo esta determinación la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora, de la lectura integral de la resolución reclamada se advierte que la misma está adecuadamente fundada y motivada, porque la sala responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que declaró improcedente lo solicitado por el amparista, entre otras cosas, la anulación de la sentencia, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Antes de sustentar lo anterior, es necesario precisar que el justiciable refirió que debido a que el artículo tercero transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece que "Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto", considera que el artículo 163 bis del Código Penal de esta ciudad, que se le aplicó para imponerle la pena correspondiente fue derogado, al momento en que entró en vigor dicha ley general, por lo que solicitó que se anule la sentencia que le fue dictada, con base en los artículos 487, fracción II, y 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 487. Anulación de la sentencia. La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: (.) II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado.". "Artículo 488. Solicitud de declaración de inocencia o anulación de la sentencia El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al Tribunal de alzada que fuere competente para conocer del recurso de apelación; le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al Tribunal de alzada que se recaben. Al presentar su solicitud, el sentenciado designará a un licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional como Defensor en este procedimiento, conforme a las disposiciones conducentes de este Código; si no lo hace, el Tribunal de alzada le nombrará un Defensor público". Al respecto, fue acertado que la sala responsable determinara improcedente la anulación de la sentencia que planteó el justiciable en términos de los preceptos precisados en último término. Se afirma esto último por las siguientes consideraciones: - El artículo transitorio segundo de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece que "Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes"; por tanto, es evidente que para el procedimiento que se instruyó al amparista, las disposiciones aplicables a su caso son las vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron origen a la causa penal que se siguió contra el justiciable, esto es, está vigente el precepto 163 bis del Código Penal de esta ciudad que le fue aplicado. - Los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales en que sustenta la solicitud el justiciable en el sentido de que se anule su sentencia, al estar "derogado" el precepto 163 bis del Código Penal de esta ciudad, no son aplicables al caso de que se trata, ya que atendiendo al artículo cuarto transitorio de ese código nacional no es posible aplicar las reformas a los procedimientos penales iniciados con anterioridad al nuevo sistema de justicia penal en México. Además, el artículo transitorio 3 del citado código nacional, establece: "ARTÍCULO TERCERO. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo". En ese sentido, es evidente que no es posible aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que México adoptó a través de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, un sistema procesal penal de corte acusatorio y oral. En una visión general, la modificación integral al sistema de justicia penal atiende, entre otras, a las características siguientes: 1) Propone un sistema acusatorio, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, estableciendo de manera explícita el principio de presunción de inocencia para este. Este nuevo sistema acusatorio se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la característica de la oralidad, la cual conforma una herramienta para fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. 2) Prevé la inclusión de jueces de control que resolverán inmediatamente y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, respetando las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, y siempre deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones que haya entre jueces y Ministerio Público. El juez de la causa, se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta la emisión de la sentencia correspondiente, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena. 3) Sustituye el auto de formal prisión y el de sujeción a proceso por un auto de vinculación a proceso, con el objetivo de tener congruencia con el nuevo sistema acusatorio. 4) Asimismo, se establece una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, de tal forma que esta sólo excepcionalmente podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos. 5) Prevé mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación del proceso; y, 6) Establece un régimen de transitoriedad para la implementación del sistema acusatorio. Es importante mencionar que del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se aprecia que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. En ese sentido, se reitera, fue correcto que la sala responsable determinara improcedente la anulación de la sentencia solicitada por el quejoso, ya que los preceptos en que fundó su solicitud no son aplicables a su caso, de ahí que los conceptos de violación que formuló son infundados, por los motivos expuestos líneas atrás. Por tanto, con base en las razones precisadas, se estima que los motivos de inconformidad hechos valer, que se insiste, resultan infundados, en atención a dichas consideraciones, sin que exista materia para suplir deficiencia alguna, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada por José Gustavo Reyes Ramos, contra el acto que reclamó de la Octava Sala Penal de la Ciudad de México, consistente en la determinación de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en que resolvió improcedente la anulación de la sentencia solicitada por el quejoso, emitida por la Octava Sala Penal de la Ciudad de México en el toca 1022/2008, mediante la cual se declaró improcedente la anulación de la sentencia solicitada por el quejoso. Es importante destacar que en la determinación mencionada, la autoridad responsable analizó diversas solicitudes del justiciable; sin embargo, no serán motivo de análisis en este juicio, al no existir algún dato que permita establecer la causa de pedir en ese sentido, dado que el peticionario de amparo fue categórico en señalar en la demanda que de lo que se dolía era por la circunstancia de que la sala responsable no anuló la sentencia dictada contra él. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Gustavo Reyes Ramos, contra el acto reclamado consistente en la determinación de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en que resolvió improcedente la anulación de la sentencia solicitada por el quejoso, emitida por la Octava Sala Penal de la Ciudad de México, en el toca 1022/2008.

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