José Gustavo Greene Rosales

Expediente 441/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
441/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • José Gustavo Greene Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. De autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, un documento original; en consecuencia, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Director de Catastro Urbano y Rural de Comitán, Chiapas. 2. Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Oficina Registral de Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 441/2017-3-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizado integralmente el escrito inicial de cuenta y anexos que acompaña, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado de la autoridad ordenadora el cambio de propietario y poseedor de la propiedad ubicada en Juventino Aguilar, esquina avenida Dieciocho de Marzo s/n o bien avenida Francisco I. Madero, esquina calle José Vasconcelos, en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; y de la autoridad ejecutora reclama el hecho de dejar sin valor la escritura privada que ampara el bien que defiende, y que fuera registrada en la sección de documentos privados, bajo el número seiscientos catorce, con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil uno, derivado de la modificación de propietario o poseedor realizada por la autoridad ordenadora; y en el capítulo de antecedentes, en lo que interesa señaló lo siguiente: "A N T E C E D E N T E S . en el mes de septiembre del 2014 y con el objeto de seguir cumpliendo con mis obligaciones pretendí realizar mis pagos de impuestos prediales el cual me doy cuenta que no podía realizar mis pagos ya que la calve catastral número 0019000105324003 está ya aparecía con otro nombre, por lo que se emite un estado de cuenta de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 refiriéndose al mismo predio pero con el nombre de un nuevo poseedor o propietario que es el de HERNÁNDEZ VENTURA JOSÉ ROMERO, por lo que desde este momento y para ser más preciso el día 02 de septiembre del año 2014 a través de un escrito fechado el mismo día, mes y año, de recibido solicite la intervención del ARQ. ARMANDO GUTIÉRREZ NAVARRO, DIRECTOR DE CATASTRO URBANO Y RURAL, para hacerle de su conocimiento que mi predio ubicado en Avenida Francisco I Madero, esquina calle José Vasconcelos M47 L3, ubicado en la ciudad de Comitán Chiapas, había sido modificado en la oficina de catastro de Comitán Chiapas a nombre de C. JOSÉ ROMEO HERNÁNDEZ VENTURA. Anexando documentación que acreditan que soy el propietario de dicho predio así como también estado de cuenta a nombre del C. JOSÉ ROMEO HERNÁNDEZ VENTURA. El Cual se me dio respuesta con fecha 26 de septiembre del año 2014, por parte del Director de la Dirección de Catastro Urbano y Rural, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el cual me informan que con base al informe de la oficina de catastro de Comitán, el predio con clave catastral 05-324-003 ubicado en Av. Francisco I Madero, esquina calle José Vasconcelos M47 L3, de esta ciudad, esta DESABILITADO por duplicidad de escrituras, por lo tanto y de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Catastro para el Estado de Chiapas se procede a inhabilitar dicho predio, hasta que la autoridad competente resuelva lo procedente. Caso que no es así ya que en estos momentos el C. JOSÉ ROMEO HERNÁNDEZ VENTURA, ha tomado posesión del bien de mi propiedad, fraccionando y realizando ventas del mismo. Por lo que solicito se ordene a las autoridades responsables suspender todo acto tendiente a modificación deslindes o venta total del bien en comento, ya que el mismo se encuentra DESABILITADO por existir doble escrituración. Dejando sin efecto alguno todo movimiento o cambios de propietarios a partir de la fecha en que se declaró inhabilitado dicho predio, hasta que la autoridad competente resuelva lo procedente." De lo anterior, se evidencia que en el caso, el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de derechos fundamentales desde el mes de septiembre de dos mil catorce, pues, como ya se dijo, refiere "bajo protesta de decir verdad" en el párrafo doce del capítulo de antecedentes que en el mes de septiembre de dos mil catorce, al tratar de realizar sus pagos de impuesto predial, se emitió un estado de cuenta de los ejercicios de 2011, 2012 y 2013 refiriéndose al predio que aduce es de su propiedad, pero a nombre de un nuevo poseedor o propietario, por lo que a través de un escrito fechado el dos de septiembre de dos mil catorce, solicitó la intervención del Director de Catastro Urbano y Rural, para hacerle de su conocimiento que su predio había sido modificado en la oficina de catastro de Comitán de Domínguez, Chiapas, de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el capítulo de antecedentes del acto reclamado de la demanda de amparo, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado al menos desde el dos de septiembre de dos mil catorce. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (dos de septiembre de dos mil catorce), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintinueve de marzo de dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el aludido término de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En consecuencia, al ser manifiestas e indudables las improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jose Gustavo Greene Rosales. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de cita y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, por autorizada con facultades restringidas en términos de los artículos 12, último párrafo y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a la persona que índica, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, sin perjuicio de acreditarlo con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano