José Gustavo Arellano González
Expediente 330/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Gustavo Arellano González
- Juez Quinto de lo Familiar por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes en su caso, interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de veintisiete de agosto del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia emitida en este juicio, sin que hayan presentado escrito alguno al respecto; por ende, se tiene por consentido tal cumplimiento. Como el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este órgano de control constitucional. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por oficios 2252/2018, 2399/2018, 2452/2018 y 2499/2018, la Juez Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, aseveró haber cumplido con la ejecutoria de amparo y, para ello, exhibió copia certificada de diversas constancias, de la diligencia actuarial de diez de agosto de dos mil dieciocho y de los autos de dieciocho de junio, siete trece y dieciséis de agosto del año en curso, dictados en el expediente relativo al juicio 89/18 de su índice. Con motivo de lo anterior, mediante proveído de diecisiete del presente mes y año, se dio vista a las partes con tales documentales para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Este acuerdo se notificó a las partes el veinte siguiente, por lo que la parte quejosa hizo las manifestaciones que estimó pertinentes al caso. Por tanto, este tribunal procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de catorce de junio de dos mil dieciocho, este tribunal Federal otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a los quejosos José Gustavo Arellano González por su propio derecho y en representación del menor S.A.A.M., el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la determinación recurrida, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita un nuevo acto, en donde ordene verificar el domicilio donde residirá el menor y respecto de los dictámenes a practicarse indicar el motivo de su recabo, como la forma pormenorizada a realizarse, debiendo prevalecer el interés superior del menor amparista; para de esta forma restablecer a los quejosos en el derecho violado, acorde a lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a pronunciarse en los siguientes términos: - Dejar sin efectos la determinación recurrida. - Emitir un nuevo acto donde ordene verificar el domicilio donde residirá el niño de iniciales S.A.A.M. - Indicar el motivo del recabo de los dictámenes a practicarse, así como la forma pormenorizada a realizarse, debiendo prevalecer el interés superior del menor amparista. Esta determinación no fue recurrida por alguna de las partes, por lo que el diez de julio de dos mil dieciocho causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo en los términos precisados, lo que, tal y como se desprende de la copia certificada del auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente relativo al juicio 89/18, aconteció en los términos que sigue: ".este Tribunal a fin de dar cumplimiento a lo ordena por el Tribunal de Amparo, dentro de la ejecutoria emitida dentro del Juicio de Amparo número [330/2018-VIII], promovido por [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ] en representación del menor [S.A.A.M.], este Juzgadora decreta esta localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, como lugar de residencia del niño [S.A.A.M.]; en el domicilio que actualmente ocupa con la parte demandada [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ]. --- En cuanto a los estudios: a) estudio atropomórfico del niño [S.A.A.M.], b) así como la práctica de una serie fotográfica de reconocimiento; y c) el examen médico o entrevista Médica AM, donde se compile la ficha médica del niño, rasgos particulares, marcas de nacimiento, su recabado es con el objeto de evidenciar la identidad del niño [S.A.A.M.], motivo de la presente Litis así como su identidad, advirtiendo como bien lo referencia el aquí demandado dentro su contestación de demanda, la presente acción no resulta ser la única pretensión incoada en la cual se encuentra involucrado el menor, toda vez que una vez revisada la base de datos, así como el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal se hace constar que se encontró un Juicio radicado bajo el número de expediente [640/2017] relativo a un Juicio [ORDINARIO FAMILIAR] promovido por [MARIO MELÉNDEZ ORTEGA] en contra de [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ], del cual se demanda la [CONTRADICCIÓN DE PATERNIDAD Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DE ELLÓ SE DERIVA, respecto del menor S.A. ARELLANO MORALES], así mismo advirtiendo como bien lo señala el Tribunal de Garantías, considerando la tierna edad del infante, es imperioso contar con mecanismos que plasmen de manera indubitable su identidad, al no contar con documental idónea que llegara a amparar individualidad, máxime que a su edad los cambios fisonómicos resultan ser drásticos, así mismo, no resultaran ser mecanismos invasivos, y se busca con ello evitar suplantaciones de infantes, circunstancia propia al carecer de medios idóneos para su identificación, planteamientos todos los anteriores respecto de los cuales queda soportado la pertinencia y conducencia de la prueba. --- Ahora bien, por cuando hace a la forma en que habrá de verificarse los elementos convictorios ordenados por este Tribunal, se precisa que una vez que se lleve a cabo la aceptación y protesta del cargo de los peritos expertos en la materia que deberán de practicar dichos estudios, serán los indicados en precisar los términos y mecanismos en que habrá de efectuarse dichas probanzas, en término de los dispuesto por el numeral 312 del Código de Procedimientos Familiares, en todo momento esta Juzgadora tomando las providencias necesarias a fin de respetar y salvaguardar el interés superior del menor [S.A.A.M.].". Así las cosas y, toda vez que el veintisiete de julio siguiente, este órgano jurisdiccional estimó no cumplidos los lineamientos establecidos en el fallo protector, la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento relativo, procedió como se advierte a continuación: En proveído de siete de agosto del presente año, determinó lo siguiente: ".Se ordena dejar sin efecto el proveído de fecha [doce de febrero de dos mil dieciocho, publicado en la lista del día trece del mismo mes y año, con el número de lista nueve], consultable a fojas [nueve a la trece de autos], en su parte conducente a [.] Así como se deja sin efecto el auto de fecha [dieciocho, publicado en la lista del día diecinueve de [sic] del año en curso con el número dos], consultable a fojas [101 y 102] de autos. --- Se ordena emitir un fallo diverso bajo los siguientes lineamientos: A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Amparo, dentro de la ejecutoria emitida dentro del Juicio de Amparo número [330/2018-VIII], promovido por [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ] en representación del menor [S.A.A.M.], esta Juzgadora decreta esta localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, como lugar de residencia del niño [S.A.A.M.]; en el domicilio que actualmente ocupa con la parte demandada [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ]. --- En cuanto a los estudios a) estudio atropomórfico del niño [S.A.A.M.], b) así como la práctica de una serie fotográfica de reconocimiento; y c) el examen médico o entrevista médica AM, donde se compile la ficha médica del niño, rasgos particulares, marcas de nacimiento, su recabado es con el objeto de evidenciar la identidad del niño [S.A.A.M.], motivo de la presente Litis así como su identidad, advirtiendo como bien lo referencia el aquí demandado dentro de su contestación de demanda, la presente acción no resulta ser la única pretensión incoada en la cual se encuentra involucrado el menor, toda vez que una vez revisada la base de datos, así como Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, se hace constar que se encontró un juicio radicado bajo el número de expediente [640/2017] relativo a un Juicio [ORDINARIO FAMILIAR] promovido por [MARIO MELÉNDEZ ORTEGA] en contra de [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ], del cual se demanda la [CONTRADICCIÓN DE LA PATERNIDAD Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DE ELLO SE DERIVA, respecto del menor [S.A. ARELLANO MORALES], así mismo advirtiendo como bien lo señala el Tribunal de Garantáis, considerando la tierna edad del infante, es imperioso contar con mecanismos que plasmen de manera indubitable su identidad, al no contar con documental idónea que llegara a amparar individualidad, máxime que a su edad los cambios fisonómicos resultan ser drásticos, así mismo, no resultarán ser mecanismos invasivos, y se busca con ello evitar suplantaciones de infantes, circunstancia propicia al carecer de medios idóneos para su identificación, planteamientos todos los anteriores respecto de los cuales queda soportado la pertinencia y conducencia de la prueba. --- Ahora bien, por cuanto hace a la forma en que habrá de verificarse los elementos convicticos (sic) ordenador por este Tribunal, se precisar que una vez que se lleve a cabo la aceptación y protestar del cargo de los peritos expertos en la materia que deberán de practicar dichos estudios, serán los indicados en precisar los términos y mecanismos en que habrá de efectuarse dichas probanzas, en término de lo dispuesto por el numeral 312 del Código de Procedimientos Familiares, en todo momento esta Juzgadora tomando las providencias necesaria a fin de respetar y salvaguardar el interés superior del menor [S.A.A.M.]. --- Por lo que atendiendo a la ejecutoria de amparo se ordena se constituya el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, en el domicilio ubicado en [CALLE HACIENDA DEL RETIRO NÚMERO 3100 LOCAL 2, DE LA COLONIA HACIENDA DE LAS TORRES DE ESTA CIUDAD] y verifique el levantamiento de una constancia pormenorizada del domicilio señalado, es decir, si cuenta como lo señaló el impetrante de garantías, verifique si se trata de un consultorio médico particular no habitacional y una vez hecho lo anterior, se deberá de proveer por parte de este Tribunal al respecto, para determinar el lugar de residencia, de acuerdo a las necesidades básicas del niño y su sano esparcimiento. De igual manera, este Tribunal con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción I, 5, 6, fracciones V y VI del Código de Procedimientos Familiares del Estado, ordena la práctica de un ESTUDIO SOCIOECONÓMICO a la partes del presente juicio, señores [MANUEL JUÁREZ MAYNEZ, JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ y CECILIA MORALES] en sus respectivos domicilios particulares, esto con el objeto de contar con elementos que muestren el entorno físico, social, económico, moral y cultural en que el menor se desarrolla. [.] Por lo que hasta en tanto no obre la reseñada diligencia actuarial, procederá esta Juzgadora a emitir el proveído en cuanto al lugar de residencia del niño [S.A.A.M.], de acuerdo a lo que ordenó el Tribunal de Amparo.". Del contenido de la constancia actuarial de diez de agosto de dos mil dieciocho, se desprende lo que sigue: "En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día diez del mes de agosto del año dos mil dieciocho, el(la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito(a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos Licenciado(a) Daniel Flores Zárate, me constituí en la calle Hacienda del Retiro número 3100 (tres mil cien) local 2 (dos) de la colonia Hacienda de las Torres de esta ciudad y cerciorado de que es el domicilio señalado en autos y el mismo se encuentra abierto ya que es un consultorio médico y en el local contiguo es una farmacia pero que corresponde a la misma razón social denominada "MEDIFARM" Consultorios Médicos y Farmacias, por lo que al ingresar el suscrito soy atendido por el C. Lehiber Robledo Miguel, quien dijo ser empleado del C. José Gustavo Arellano González, y se identifica con credencial para votar folio 0707113101344 clave de elector RBMGLH88121307H200 número reverso 1902108985352, quien informa que el domicilio donde se actúa es un consultorio médico particular y no casa habitación, además me permite ingresar al interior donde se encuentra un escritorio y accesorios médicos, en otra área se encuentra una cama o camilla donde examinan a los pacientes, lo que hago constar para todos los efectos legales conducentes. DOY FE." Por tal motivo, el trece siguiente la autoridad responsable acordó lo conducente: "De igual manera y para que esta Juzgadora, se encuentre en aptitud de proveer lo requerido por el Tribunal de Amparo, se ordena se constituya el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la oficina Central de Oficiales Notificadores y ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, en el domicilio procesal de la parte demanda [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ], que se encuentra ubicado en calle [CALLE ÁLAMO NÚMERO 85233, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL BOSQUE EN ESTA CIUDAD], con la finalidad de notificarle el presente proveído, así como requerirle para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, manifieste bajo protesta de decir verdad a este Tribunal, su domicilio particular. Lo anterior con el objeto de que esta Juzgadora, se encuentre en aptitud de proveer lo requerido por el Tribunal de Amparo." Asimismo, del auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho se desprende lo siguiente: "Por recibido el escrito signado por el Licenciado [ADAN EDUARDO PEDRAZA MORENO], con la personalidad que tiene debidamente acreditada en atuso como representante procesal de la parte demandada y como lo solicita, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le hiciera a la parte demandada [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ], para lo cual se le tiene manifestando bajo protesta de decir verdad, que el menor [S.A. ARELLANO MORALES], reside en [CALLE HACIENDA BUENA VISTA NÚMERO 1002, HACIENDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD EN ESTA CIUDAD]. Por lo anterior se le tiene por cumplido el señalado requerimiento. --- En tales condiciones, con el objeto de que esta Juzgadora, se encuentre en aptitud de proveer lo requerido por el Tribunal de Amparo, dentro del fallo protector emitido dentro del Juicio de Amparo número [330/2018-VIII-N], promovido por el señor [JOSÉ GUSTAVO ARELLANO GONZÁLEZ], se decreta como lugar de residencia del niño [S.A. ARELLANO MORALES] el domicilio CALLE HACIENDA BUENA VISTA NÚMERO 1002, HACIENDA DE LAS TORRES UNIVERSIDAD EN ESTA CIUDAD]." Así pues, del examen de las probanzas remitidas por la autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa en el ordinal 2º de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria al juicio de amparo, se colige que se cumplieron con los lineamientos establecidos en el fallo protector, porque la autoridad responsable procedió en los términos siguientes: - Dejó sin efectos la determinación recurrida. - Emitió un nuevo acto donde ordenó verificar el domicilio donde residirá el niño de iniciales S.A.A.M. - Indicó el motivo del recabo de los dictámenes a practicarse. Este último punto, con el señalamiento particular de que los peritos relativos serán los indicados en precisar la forma pormenorizada en que se realizarán los estudios, pero haciendo hincapié de que en todo momento tal autoridad debe tomar las providencias necesarias a fin de respetar y salvaguardar el interés superior del niño amparista. En tal virtud, es inconcuso que jurídica y materialmente los efectos del fallo constitucional se han concretado, pues es claro que se acataron los lineamientos ahí establecidos, colmándose así el derecho por cuya infracción se concedió el amparo, sin que existan excesos ni defectos al respecto, precisamente, porque la autoridad responsable realizó el acto que, sin duda, constituye el deber de hacer impuesto en la ejecutoria respectiva. Esto, sin que resulten óbice las manifestaciones del quejoso en el sentido de que la autoridad responsable delega a los peritos propuestos para realizar los dictámenes relativos, la obligación de precisar los términos y mecanismos en que habrán de efectuarse tales probanzas; asimismo, que el respeto irrestricto al interés superior del menor se colmaría si la autoridad hiciere explícita la pertinencia de las pruebas, al describir el desarrollo que habrán de tener, en qué lugar y con cuáles personas y se tome en cuenta la edad del menor para la entrevista concerniente. Al respecto, cabe precisar que, contrario a su señalamiento, la autoridad responsable sí precisa el objeto del desahogo de tales medios probatorios -evidenciar de manera indubitable la identidad del niño, particularmente por la existencia de diverso juicio de contradicción de paternidad en relación con el propio infante- y, si bien la juez no señala las condiciones de tiempo, lugar y modo en que habrán de tener verificativo las periciales, no pasa desapercibido que de ninguno de los proveídos se avista que ya existan expertos designados para tales tareas, de ahí que no pueda existir un pronunciamiento al respecto. Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que no se desatiende el sentido del fallo por el simple hecho de la autoridad responsable encomiende a los peritos la obligación de precisar los términos y mecanismos en que habrán de efectuarse tales probanzas, en la medida de que, justamente, toda prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento, de ahí que, en el ámbito de sus atribuciones, la juez responsable se encuentre constreñida legalmente, únicamente a tomar las providencias necesarias para que tales estudios se realicen tomando en consideración en todo momento el interés superior del niño amparista, y una vez verificados, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para estar en posibilidad de determinar el valor probatorio de éstos. Lo que encuentra sustento, por las razones que informa, en la tesis aislada de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Séptima Parte, página 376, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA. La prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia y conocimiento. En consecuencia, un peritaje deba dar luz al Juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos. Ilustrar el criterio del Juez implica explicarle en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el juzgador, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar qué peritaje es el que le merece mayor credibilidad. Si los peritos se limitan a afirmar sus conocimientos y a hacer aseveraciones dogmáticas y generales que el Juez tiene que aceptar sin entenderlas, la prueba no está llenando su función. Aunque es claro que, según la complicación intrínseca del tema científico o artístico, la dificultad de explicar las cosas al juzgador de manera que las entienda y pueda razonar sobre ellas, puede ser mayor o menor. Pero en todo caso, la función del peritaje, aun en esos casos, es hacer algo así como una exposición de divulgación científica, para que el jurista pueda formarse una idea de las cuestiones técnicas o científicas involucradas, y elaborar un juicio propio sobre cuál de los peritajes es el correcto, cuando no son coincidentes. Y en principio, es claro que el juez debe dar mayor valor al peritaje que más luces le dé sobre las cuestiones técnicas involucradas y más elementos le dé para formarse un juicio propio, explicando el contenido y modo de aplicación de los principios teóricos, para que esté en posibilidad, con su propio criterio, de escoger entre los dictámenes contradictorios. En el caso, el perito tercero, en cuyo dictamen se funda la sentencia reclamada, fue mal valorado aun dentro de la discreción de la Sala responsable, porque ese dictamen está lleno de aseveraciones abstractas, generales, y respecto de los hechos concretos hace afirmaciones dogmáticas sin proporcionar luces al juzgador para interpretar y juzgar los hechos, ni para formarse un criterio propio al respecto. En cambio, el perito de la parte demandada, al hacer afirmaciones teóricas generales, explica claramente cuál es su contenido y el modo como se aplican al caso concreto, a los rasgos de las firmas auténticas y dubitadas. Por estas razones, las reglas de la lógica llevan a concluir que es al perito de la parte demandada, al que debió otorgarse valor probatorio, y no al del tercero". Asimismo, en la tesis aislada de la antigua Tercera Sala del máximo tribunal de justicia en el País, disponible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 238, del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA. Al valorar el juzgador la prueba pericial debe tomar en consideración las razones que los peritos emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los matices del caso y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para formarse una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria". Igualmente, por los motivos expuestos en ella, en la tesis aislada de la Primera Sala del tribunal de mayor jerarquía de la nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXV, Segunda Parte, página 45, intitulada: "PERITOS. APRECIACION DE SUS DICTAMENES. Es correcta la sentencia que niega valor probatorio al dictamen pericial cuando éste no informa al Juez nada acerca del modo y la forma como los peritos llegan a obtener según su leal saber y entender, el valor que les atribuyen a cada uno de los objetos materia del dictamen, sin que obste para ello, que en dicho peritaje se asiente que fundan los peritos su opinión en las constancias de autos, y estas no informen acerca de datos, fechas, estado de conservación y de uso de cada uno de tales objetos". Por lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la Juez Quinto Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la promoción presentada por el representante del demandado el dieciséis de los actuales y del auto de la misma fecha emitido por esa juzgadora, en el que se pronunció respecto del lugar de residencia del menor de iniciales S.A.A.M., lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado al fallo protector por la responsable; dese vista a la amparista con las constancias atinentes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda, en el entendido que una vez transcurrido el lapso otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará resolución en que se declare si la ejecutoria dictada en autos está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia, que acorde a lo dispuesto en el artículo 66 del supletorio código en comento, el expediente en que se actúa queda a su disposición en la secretaría del juzgado, a efecto de que se imponga del contenido del oficio y anexos de cuenta, así como de los diversos recibidos en este juzgado el ocho y catorce de los actuales.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la Juez Quinto Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la constancia levantada por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos y del acuerdo de trece del mes en curso, de las que se advierte que el domicilio originalmente señalado para que resida el menor, se trata de un consultorio médico y no de una casa habitacional, por lo que requirió al demandado para que dentro del plazo de veinticuatro horas señale su domicilio particular, con el fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de nueve de los actuales. Ahora bien, dada la naturaleza del propio fallo concesorio, requiérase a la responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que tenga conocimiento del presente proveído, informe el domicilio que señaló como residencia del menor, para lo cual debe remitir copia certificada del acuerdo respectivo; en el entendido de que quedan subsistentes los apercibimientos decretados en proveído de veintisiete de julio último.
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