Jose Guillermo Silva Martinez

Expediente 622/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
622/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Jose Guillermo Silva Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. (...) Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO DE 01-06-2021: "Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, difundido en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses años, habida cuenta que en términos de los numerales 15 y 17 del mismo Acuerdo General, este Juzgado estima que no contiene relevancia documental por el cual se deba conservar. Debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. (...) Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.".NOT.-

  3. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que presenta *******, por su propio derecho, contra actos del Comisionado General de la Policía Federal y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 5, 8, 13, 14, párrafo segundo, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 622/2020-III, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. A efecto de proveer lo conducente, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. En este orden, cabe señalar que los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Ley Fundamental establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resultará improcedente cuando la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, se advierta de la interpretación de la propia legislación o de la Constitución Federal. El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que "el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Conforme al citado numeral, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, de modo que quien ejercita la acción de amparo debe manifestar su voluntad de promover el juicio respectivo a través de signos indubitables, como lo es la demanda de amparo con la firma respectiva. En caso contrario, de no existir voluntad de instar la acción constitucional, el juicio de amparo será improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. Tratándose de los escritos en forma electrónica, deben presentarse utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como así lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo. Asimismo, este juzgado atiende a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se le informa a la promovente que acorde a la normatividad citada, para dar trámite al juicio en línea, es necesario, entre otros requisitos, presentar el escrito con la respectiva firma electrónica. Aspecto con el cual no cumplió. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica o autógrafa, procede desechar la demanda de amparo, por ausencia de "instancia de parte agraviada" de la parte promovente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En este orden, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica o autógrafa que refleje la voluntad de la promovente de instar el sumario constitucional, es claro que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, por lo cual es notorio y manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido el hecho que el escrito de cuenta contenga firma electrónica, toda vez es de una diversa persona al quejoso. Es aplicable, la tesis aislada II.1º.27K (10a.), Tomo III, Mayo de 2017, Décima Época, Libro 42, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, visible a la página 1877 que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." Sirve de apoyo también, por analogía, la tesis aislada II.1º.26 K (10a.), Tomo III, Mayo de 2017, Décima Época, Libro 42, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, visible a la página 2083, que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO LO PROMUEVE POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE SE ADVIERTE QUE EL TITULAR DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON EL QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO ES ÉSTE, SINO UNA DIVERSA PERSONA (AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS), AQUÉL ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE QUIEN FIRMA ELECTRÓNICAMENTE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica" (FIREL), la cual se define en el mencionado precepto como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si es voluntad de los promoventes presentar las promociones correspondientes por esa vía, deben ceñirse a los requisitos que la normatividad correspondiente exige para ellos, como la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o certificado digital institucional, emitido a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de ahí que si el quejoso promueve el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, y del certificado electrónico correspondiente se advierte que el titular de la firma electrónica certificada con la que fue signado el escrito relativo no es éste, sino una persona diversa (autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia), cuya cédula profesional, por cierto, no está registrada en el sistema establecido en el Consejo de la Judicatura Federal, aquél es improcedente por falta de legitimación procesal activa de quien firma electrónicamente ese medio de impugnación, por no contarse con la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el recurso de que se trata, ya que estimar lo contrario implicaría admitir como válido que cualquier persona presente promociones mediante la utilización de un certificado digital que no le pertenece, lo cual es ilegal, porque el trámite para obtenerlo es personalísimo." Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO DE 23-07-2020: "Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que presenta *******, por su propio derecho, contra actos del Comisionado General de la Policía Federal y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 5, 8, 13, 14, párrafo segundo, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 622/2020-III, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. A efecto de proveer lo conducente, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. En este orden, cabe señalar que los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Ley Fundamental establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resultará improcedente cuando la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, se advierta de la interpretación de la propia legislación o de la Constitución Federal. El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que "el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Conforme al citado numeral, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, de modo que quien ejercita la acción de amparo debe manifestar su voluntad de promover el juicio respectivo a través de signos indubitables, como lo es la demanda de amparo con la firma respectiva. En caso contrario, de no existir voluntad de instar la acción constitucional, el juicio de amparo será improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. Tratándose de los escritos en forma electrónica, deben presentarse utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como así lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo. Asimismo, este juzgado atiende a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se le informa a la promovente que acorde a la normatividad citada, para dar trámite al juicio en línea, es necesario, entre otros requisitos, presentar el escrito con la respectiva firma electrónica. Aspecto con el cual no cumplió. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica o autógrafa, procede desechar la demanda de amparo, por ausencia de "instancia de parte agraviada" de la parte promovente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En este orden, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica o autógrafa que refleje la voluntad de la promovente de instar el sumario constitucional, es claro que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, por lo cual es notorio y manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido el hecho que el escrito de cuenta contenga firma electrónica, toda vez es de una diversa persona al quejoso. Es aplicable, la tesis aislada II.1º.27K (10a.), Tomo III, Mayo de 2017, Décima Época, Libro 42, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, visible a la página 1877 que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." Sirve de apoyo también, por analogía, la tesis aislada II.1º.26 K (10a.), Tomo III, Mayo de 2017, Décima Época, Libro 42, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, visible a la página 2083, que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO LO PROMUEVE POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE SE ADVIERTE QUE EL TITULAR DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON EL QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO ES ÉSTE, SINO UNA DIVERSA PERSONA (AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS), AQUÉL ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE QUIEN FIRMA ELECTRÓNICAMENTE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica" (FIREL), la cual se define en el mencionado precepto como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si es voluntad de los promoventes presentar las promociones correspondientes por esa vía, deben ceñirse a los requisitos que la normatividad correspondiente exige para ellos, como la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o certificado digital institucional, emitido a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de ahí que si el quejoso promueve el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, y del certificado electrónico correspondiente se advierte que el titular de la firma electrónica certificada con la que fue signado el escrito relativo no es éste, sino una persona diversa (autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia), cuya cédula profesional, por cierto, no está registrada en el sistema establecido en el Consejo de la Judicatura Federal, aquél es improcedente por falta de legitimación procesal activa de quien firma electrónicamente ese medio de impugnación, por no contarse con la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el recurso de que se trata, ya que estimar lo contrario implicaría admitir como válido que cualquier persona presente promociones mediante la utilización de un certificado digital que no le pertenece, lo cual es ilegal, porque el trámite para obtenerlo es personalísimo." Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.".NOT.-

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