José Guillermo Sánchez Sánchez y Otros.

Expediente 447/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
447/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2015

Partes del expediente

  • José Guillermo Sánchez Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que los promoventes lo hayan hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve José Guillermo Sánchez y Sánchez y María Angelina Martínez Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 447/2015 que le corresponde. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos legales en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 190035 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 31Tesis: P./J. 32/2001JurisprudenciaMateria(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de desalojo del inmueble ubicado en la avenida Uno Poniente, número cuatrocientos diecinueve (419), en Huatusco, Veracruz, dictada en los autos del juicio ordinario civil 122/2013 del índice del Juzgado Mixto Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz. Asimismo, de la narrativa que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que ésta fue emplazada al referido juicio como demandada y que incluso tiene conocimiento que perdió ese juicio y que se encuentra en sección de ejecución, de lo que se desprende que fue incorporada a ese procedimiento, de manera tal que la relación jurídico-procesal quedó debidamente establecida en el mismo. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución y que los promoventes fueron oídos y vencidos en juicio; en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de los promoventes que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la orden de desalojo dictada en ejecución de sentencia firme (incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública), pronunciada en un juicio en el que la quejosa fue parte y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, de ahí que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 178405 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXI, Mayo de 2005Página: 1331Tesis: VI.2o.C. J/253JurisprudenciaMateria(s): Civil ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que indica en su demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Modesto Xavier Fuentes Sol, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante profesionista que indica, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve José Guillermo Sánchez y Sánchez y María Angelina Martínez Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 447/2015 que le corresponde. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos legales en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 190035 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 31Tesis: P./J. 32/2001JurisprudenciaMateria(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de desalojo del inmueble ubicado en la avenida Uno Poniente, número cuatrocientos diecinueve (419), en Huatusco, Veracruz, dictada en los autos del juicio ordinario civil 122/2013 del índice del Juzgado Mixto Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz. Asimismo, de la narrativa que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que ésta fue emplazada al referido juicio como demandada y que incluso tiene conocimiento que perdió ese juicio y que se encuentra en sección de ejecución, de lo que se desprende que fue incorporada a ese procedimiento, de manera tal que la relación jurídico-procesal quedó debidamente establecida en el mismo. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución y que los promoventes fueron oídos y vencidos en juicio; en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de los promoventes que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la orden de desalojo dictada en ejecución de sentencia firme (incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública), pronunciada en un juicio en el que la quejosa fue parte y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, de ahí que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 178405 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXI, Mayo de 2005Página: 1331Tesis: VI.2o.C. J/253JurisprudenciaMateria(s): Civil ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que indica en su demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Modesto Xavier Fuentes Sol, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante profesionista que indica, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve José Guillermo Sánchez y Sánchez y María Angelina Martínez Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 447/2015 que le corresponde. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos legales en cita, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 190035 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXIII, Abril de 2001Página: 31Tesis: P./J. 32/2001JurisprudenciaMateria(s): Común AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de desalojo del inmueble ubicado en la avenida Uno Poniente, número cuatrocientos diecinueve (419), en Huatusco, Veracruz, dictada en los autos del juicio ordinario civil 122/2013 del índice del Juzgado Mixto Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz. Asimismo, de la narrativa que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que ésta fue emplazada al referido juicio como demandada y que incluso tiene conocimiento que perdió ese juicio y que se encuentra en sección de ejecución, de lo que se desprende que fue incorporada a ese procedimiento, de manera tal que la relación jurídico-procesal quedó debidamente establecida en el mismo. CONCLUSIÓN De lo expuesto se deduce que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución y que los promoventes fueron oídos y vencidos en juicio; en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de los promoventes que no se hubiesen discutido y decidido en el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues como se expuso precedentemente, por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la orden de desalojo dictada en ejecución de sentencia firme (incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública), pronunciada en un juicio en el que la quejosa fue parte y, por ende, escuchada en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no se considera como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, de ahí que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: "Registro No. 178405 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXI, Mayo de 2005Página: 1331Tesis: VI.2o.C. J/253JurisprudenciaMateria(s): Civil ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que indica en su demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Modesto Xavier Fuentes Sol, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante profesionista que indica, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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