José Guillermo Hernández Pintor

Expediente 784/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
784/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • José Guillermo Hernández Pintor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, haciendo uso de ese derecho la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en contra del acto reclamado a la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito responsable: Dejara sin efecto la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente F-109/2017, contenida en el oficio SAIE/CAVOD/FONDO-2236/2017, a través de la cual se canceló el apoyo económico otorgado al quejoso, **********. Efectuado lo anterior y tomando en consideración que el Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado, había autorizado un apoyo por $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos) a favor de **********, en términos del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, debería girar instrucciones al Director General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que emitiera la orden de pago respectiva, con cargo a los recursos del fondo a que se refiere el artículo 2, fracción III, de la Ley en cita. Debería abstenerse de emitir cualquier acto tendente a la cancelación del apoyo solicitado. En cumplimiento a lo anterior, la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió el oficio SAIE/CAVOD/3291/2018, al que adjuntó copia certificada del diverso SAIE/CAVOD/3063/2018, así como de un cheque expedido a favor del aquí quejoso; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Hizo del conocimiento de este Juzgado que en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Guanajuato, celebrada el doce de junio del año en curso, se dictó el Acuerdo 04/CONSEJO-III-ORDINARIA/2018, en el que: a) se dejó sin efectos la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente F-109/2017, contenida en el oficio SAIE/CAVOD/FONDO-2236/2017, a través del cual se canceló el apoyo económico otorgado a **********; b) se informó sobre la elaboración del cheque por la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y, c) se determinó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dicho Consejo se abstendrá de emitir cualquier acto tendiente a la cancelación del referido apoyo. Mediante oficio SAIE/CAVOD/3063/2018 giró instrucciones a fin que se emitiera un cheque por la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de reembolso de gastos funerarios y con cargo a los recursos de fondo a que se refiere el artículo 2, fracción III, de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato. El doce de junio de dos mil dieciocho, fue entregado el cheque al aquí quejoso, cumpliendo así con lo dispuesto en el numeral 47 del Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido de Delito en el Estado de Guanajuato. Por otra parte, el veintiuno de junio del año que transcurre, se tuvo al asesor jurídico de quejoso, manifestando su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Asimismo, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes, en el plazo a que alude el multicitado acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, haciendo uso de ese derecho la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en contra del acto reclamado a la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito responsable: Dejara sin efecto la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente F-109/2017, contenida en el oficio SAIE/CAVOD/FONDO-2236/2017, a través de la cual se canceló el apoyo económico otorgado al quejoso, **********. Efectuado lo anterior y tomando en consideración que el Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado, había autorizado un apoyo por $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos) a favor de **********, en términos del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, debería girar instrucciones al Director General de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que emitiera la orden de pago respectiva, con cargo a los recursos del fondo a que se refiere el artículo 2, fracción III, de la Ley en cita. Debería abstenerse de emitir cualquier acto tendente a la cancelación del apoyo solicitado. En cumplimiento a lo anterior, la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió el oficio SAIE/CAVOD/3291/2018, al que adjuntó copia certificada del diverso SAIE/CAVOD/3063/2018, así como de un cheque expedido a favor del aquí quejoso; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Hizo del conocimiento de este Juzgado que en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Guanajuato, celebrada el doce de junio del año en curso, se dictó el Acuerdo 04/CONSEJO-III-ORDINARIA/2018, en el que: a) se dejó sin efectos la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente F-109/2017, contenida en el oficio SAIE/CAVOD/FONDO-2236/2017, a través del cual se canceló el apoyo económico otorgado a **********; b) se informó sobre la elaboración del cheque por la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y, c) se determinó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dicho Consejo se abstendrá de emitir cualquier acto tendiente a la cancelación del referido apoyo. Mediante oficio SAIE/CAVOD/3063/2018 giró instrucciones a fin que se emitiera un cheque por la cantidad de $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de reembolso de gastos funerarios y con cargo a los recursos de fondo a que se refiere el artículo 2, fracción III, de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato. El doce de junio de dos mil dieciocho, fue entregado el cheque al aquí quejoso, cumpliendo así con lo dispuesto en el numeral 47 del Reglamento de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido de Delito en el Estado de Guanajuato. Por otra parte, el veintiuno de junio del año que transcurre, se tuvo al asesor jurídico de quejoso, manifestando su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Asimismo, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes, en el plazo a que alude el multicitado acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe **********, asesor jurídico de quejoso; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en relación al cumplimiento dado por la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Coordinadora de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

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