José Guillermo Granja Rojas
Expediente 1387/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- José Guillermo Granja Rojas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Atento al estudio íntegro efectuado a las constancias que obran en autos, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, toda vez que, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1086/2014, y el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés emitió otra en los términos precisados en párrafos que anteceden; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina lo siguiente: 1. El presente expediente principal se considera CONSERVABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso a) del acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el expediente en que se actúa en este órgano jurisdiccional por un periodo de tres años a partir de esta fecha. 2. Transferencia, una vez concluido el plazo de tres años precisado con antelación, durante los noventa días subsecuentes y anterior a la visita física de inspección correspondiente, deberá transferirse el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su concentración hasta el cumplimiento de diez años contados a partir de esta fecha, todo lo anterior, previa anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la integración del libro electrónico, y elaboración de acta y listados digitales, como lo dispone el Capítulo Octavo, artículo 26, 27 y 28 y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, se hace constar que en presente asunto no existen documentos originales aportados por las partes; ni tampoco anexo alguno, toda vez que la autoridad responsable no exhibió documentales voluminosas que ameritaran la formación de anexos Asimismo, una vez que se remita el presente expediente al archivo, la Secretaria (o) deberá hacer constar que el expediente físico, coincide con el expediente electrónico en su totalidad.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Asimismo, en relación al domicilio que se señalan para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. También, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como medio de atención, para comunicaciones no procesales, el correo electrónico y teléfonos que indica, los cuales, excepcionalmente, podrán emplearse también para comunicaciones procesales siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, en cuyo caso deberá certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de amparo que le dio origen, promovida por José Guillermo Granja Rojas, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar los escritos presentados el quince de agosto y trece de septiembre de dos mil veintitrés, con números de folio 009224 y 010781, respectivamente, dentro del juicio laboral 01/807/2020, mediante los cuales informó que falleció la actora Gabriela Marín Sánchez, solicito la apertura de la declaración de beneficiarios y exhiben carta poder donde se acredita la personalidad de los apoderados legales de dicha parte. En ese sentido, no pasa desapercibido que del informe justificado de cuenta, rendido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó la existencia de lo reclamado, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el citado informe, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en efecto, el nueve de octubre del año en curso, se pronunció respecto de los escritos presentados el quince de agosto y trece de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, con números de folio 009224 y 010781, dentro del juicio laboral 01/807/2020. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que acreditan el envío del exhorto JE3/39/2023. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Yuridia Ibarra Rojas, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuse de recibo del exhorto JE3/39/2023; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.
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