José Guillermo Castro Martínez

Expediente 659/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
659/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • José Guillermo Castro Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte promovente no recurrió en queja el auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. VII. Devolución de constancias. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, anexó los autos originales del toca 74/2018, las cuales constan en un cuaderno auxiliar por separado, de su índice administrativo, atendiendo que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, devuélvanse las referidas constancias a dicha autoridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de octubre de dos mil dieciocho. Se recibe incompetencia. Se tiene por recibida la boleta de turno 000070/2018, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a la cual anexa el oficio 14019/2018 firmado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que se anexan los autos originales del juicio de amparo directo 848/2018, promovido por José Guillermo Castro Martínez, dado que, el colegiado señaló que el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiocho de agosto del año en curso, en la que la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, tuvo por no interpuesto el recurso de apelación hecho valer en contra de la parte relativa del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado por la Juez natural en el que no admitió prueba. La cual considera no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo dé por concluido; y por ende, no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 170 de la Ley de Amparo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para combatirse a través del juicio de amparo en la vía directa, por lo que es reclamable en vía indirecta ante un juez de Distrito. Se acepta competencia. En consecuencia, por las razones que invoca el tribunal colegiado declinante, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Acúsese recibo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. IV. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 659/2018. V. Radicación. Por otra parte, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Guillermo Castro Martínez. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 659/2018. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." (Octava Época; Registro: 221353; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común; Tesis: Página: 198). Del escrito de demanda de amparo se observa que el promovente José Guillermo Castro Martínez, bajo protesta de decir verdad reclama la resolución dictada en el toca familiar 74/2018, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, donde, al no tenerse por interpuesto el recurso de apelación, implica la firmeza del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el que dicha autoridad no admite la prueba documental en vía de informe a cargo del psicólogo José Enrique Ledesma Lares, en los puntos I y VI, por considerar que lo que pretende demostrar no es objeto de Litis dentro del expediente 289/2018. Al respecto de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de amparo, mismos que previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo que en derecho corresponda; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que en la especie se reclama la resolución dictada en el toca familiar 74/2018, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, donde, al no tenerse por interpuesto el recurso de apelación, implica la firmeza del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el que dicha autoridad no admite la prueba documental en vía de informe a cargo del psicólogo José Enrique Ledesma Lares, en los puntos I y VI, por considerar que lo que pretende demostrar no es objeto de Litis dentro del expediente 289/2018. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, como el auto del juez de origen versa sobre la no admisión de una prueba, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una sentencia favorable a sus intereses en el incidente que se tramita y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa respectivo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la Sala responsable, brindó firmeza al auto de primera instancia recurrido, por el que admitió parcialmente las pruebas allegadas por la promovente, es inconcuso que únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia de mérito, y con apoyo en el artículo 113, se desecha la demanda de amparo. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Francisco Pantí Peña y Michel Armando Velarde Aramburo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Se tiene por recibida la boleta de turno 000070/2018, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a la cual anexa el oficio 14019/2018 firmado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que se anexan los autos originales del juicio de amparo directo 848/2018, promovido por José Guillermo Castro Martínez, dado que, el colegiado señaló que el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiocho de agosto del año en curso, en la que la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, tuvo por no interpuesto el recurso de apelación hecho valer en contra de la parte relativa del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, dictado por la Juez natural en el que no admitió prueba. La cual considera no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, o que sin decidirlo en lo principal lo dé por concluido; y por ende, no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 170 de la Ley de Amparo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para combatirse a través del juicio de amparo en la vía directa, por lo que es reclamable en vía indirecta ante un juez de Distrito. Se acepta competencia. En consecuencia, por las razones que invoca el tribunal colegiado declinante, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Acúsese recibo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. IV. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 659/2018. V. Radicación. Por otra parte, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Guillermo Castro Martínez. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 659/2018. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." (Octava Época; Registro: 221353; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común; Tesis: Página: 198). Del escrito de demanda de amparo se observa que el promovente José Guillermo Castro Martínez, bajo protesta de decir verdad reclama la resolución dictada en el toca familiar 74/2018, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, donde, al no tenerse por interpuesto el recurso de apelación, implica la firmeza del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el que dicha autoridad no admite la prueba documental en vía de informe a cargo del psicólogo José Enrique Ledesma Lares, en los puntos I y VI, por considerar que lo que pretende demostrar no es objeto de Litis dentro del expediente 289/2018. Al respecto de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de amparo, mismos que previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo que en derecho corresponda; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que en la especie se reclama la resolución dictada en el toca familiar 74/2018, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, de esta ciudad, donde, al no tenerse por interpuesto el recurso de apelación, implica la firmeza del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el que dicha autoridad no admite la prueba documental en vía de informe a cargo del psicólogo José Enrique Ledesma Lares, en los puntos I y VI, por considerar que lo que pretende demostrar no es objeto de Litis dentro del expediente 289/2018. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, como el auto del juez de origen versa sobre la no admisión de una prueba, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una sentencia favorable a sus intereses en el incidente que se tramita y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa respectivo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la Sala responsable, brindó firmeza al auto de primera instancia recurrido, por el que admitió parcialmente las pruebas allegadas por la promovente, es inconcuso que únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia de mérito, y con apoyo en el artículo 113, se desecha la demanda de amparo. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Francisco Pantí Peña y Michel Armando Velarde Aramburo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8 del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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