José Guadalupe Zúñiga Buendia

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
24/01/2021

Partes del expediente

  • José Guadalupe Zúñiga Buendia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Posteriormente, en sesión de ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado líneas arriba. Asimismo, en sesión de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales Precisado lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo con evidencia criptográfica de firma (FIREL) de Ricardo Emiliano Paredes Zuñiga, a nombre de Guadalupe Zúñiga Buendía; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 90/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Requerimiento para ratificación Atendiendo que la demanda de que se trata fue promovida en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo por Ricardo Emiliano Paredes Zúñiga, a nombre de Guadalupe Zuñiga Buendía; con fundamento en el referido precepto legal y el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, requiérase al quejoso, para que ante la presencia judicial manifieste si es su voluntad ratificar el contenido de la demanda de amparo. Para el cumplimiento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción, para que se comunique al número telefónico proporcionado en la demanda, a fin de que el quejoso le manifieste si dicho número cuenta con la plataforma WhatsApp para llevar a cabo la ratificación de la demanda. En caso contrario, para que en el acto, le proporcione un número telefónico que le permita llevar a cabo la diligencia de ratificación de la demanda de mérito en la citada plataforma, y ante la presencia del Actuario Judicial de la adscripción, para lo cual, al inicio de la referida diligencia, deberá identificarse con documento oficial vigente expedido a su favor. Lo anterior, siempre y cuando el estado de salud del quejoso se lo permita. De no ser así, deberá manifestarlo el promovente y/o persona autorizada para ello, con la finalidad de que el Actuario Judicial lo asiente en esos términos y se dé nueva cuenta a este órgano federal. Todo lo anterior a efecto de proteger la integridad tanto del ocursante como de los servidores públicos de esta Institución y darle celeridad al presente asunto. En el entendido de que, por única ocasión y hasta en tanto se ratifique la demanda de amparo, se habilita la notificación de la presente determinación, mediante el número telefónico proporcionado en la demanda de amparo. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Análisis de la procedencia de la suspensión En otro aspecto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este juzgado de distrito se pronuncia sobre la suspensión de oficio y de plano solicitada, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Del precepto legal transcrito se conoce que, procede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Con esa base, es que la suscrita considera que la falta de atención médica, puede poner en peligro la salud del quejoso. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Por tanto, se concluye que la falta de, o la indebida asistencia médica y servicios médicos que refiere el quejoso, podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación al enfermo. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, le proporcionen previa valoración el diagnóstico, los cuidados médicos necesarios, el medicamento o medicamentos necesarios; y/o en su caso, lo canalicen con la institución médica que puede atenderlo. Lo anterior es así dado que el quejoso tiene derecho a recibir la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese orden de ideas, y dado que la suscrita no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente el suministro o aplicación de un medicamento, máxime que no es perito en medicina, por lo menos un médico especialista deberá decidir y certificar bajo su más estricta responsabilidad, el mejor tratamiento, designar hospital especialista o medidas que sean necesarias para preservar la salud e integridad física y personal de Guadalupe Zuñiga Buendía. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE" De igual manera apoya a lo anterior lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en su engrose relativo a la Contradicción de Tesis 517/2019, la cual aún no se publica, sin embargo ya está aprobada y es del rubro siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- (...) --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión otorgada. Atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de distrito, por mandato expreso del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen en la forma más eficiente a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 9jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, se estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo. Peticiones del Promovente Por lo que se refiere a las personas que autoriza y el nombre de usuario que indica para oír y recibir notificaciones, y domicilio, una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo, se acordará lo conducente; lo anterior con motivo de que la presente demanda es promovida por persona diversa al directamente agraviado y por tanto tiene el carácter de representación provisional. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo rubro dice: PERSONALIDAD PROVISIONAL EN EL AMPARO. Cuando el promovente del juicio de garantías, no es la parte quejosa por la imposibilidad del agraviado para firmar la promoción al encontrarse incomunicado, debe decirse, que esta representación tiene el carácter de provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual deja de surtir efectos cuando a la persona a cuyo nombre se llevó a cabo la solicitud de protección constitucional, se encuentre en aptitud de continuar el juicio de amparo. Se exhorta a la quejosa a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Habilitación de actuarios De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA CONFORME A LO ORDENADO EN EL PRESENTE AUTO.

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