José Guadalupe Virgen Mancillas
Expediente 1443/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Guadalupe Virgen Mancillas
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de abril de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio y se concedió a ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, efectuara los siguientes actos: ".En caso de que no se celebre la diligencia testimonial el veinticuatro de marzo próximo se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo.". Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que las responsables, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo mediante oficio recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, al cual adjuntaron copia certificada de la diligencia testimonial celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. En estas condiciones, se estima que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Archivo. Por ello, con fundamento en el artículo 3, fracción VII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente juicio como asunto concluido. Valoración del asunto. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, con entrada en vigor el veintiséis del mes y año en cita (día siguiente a su publicación), se establece que el presente asunto es susceptible de depuración. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable, mediante los cuales, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: En caso de que no se celebre la diligencia testimonial el veinticuatro de marzo próximo, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con el informe justificado, e informes en alcance a este, todos rendidos por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace constar y se certifica que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse del informe justificado, las constancias de autos, y ofrecer pruebas de su interés. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por las responsables; así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto, ofertadas por la parte quejosa. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza la documental en trato, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1443/2022 L -II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad El cuatro de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La fecha señalada en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dentro del juicio de origen 2619/14JE1. La omisión de la presidente de entregar el expediente al actuario adscrito, para realizar las notificaciones a las partes. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a) a la Junta laboral, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por las responsables al rendir su informe justificado, así como de las constancias que remitieron en apoyo, de las que se desprende la existencia de los actos en reclamo. Por otro lado, no se tiene por cierto el acto reclamado b), ya que, no se actualiza la presunción de certeza del acto precisado en el apartado 4 del considerando III del presente fallo en términos de los establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Ello en razón de que, la presidente responsable, rindió su informe con justificación, y con independencia de que esta no afirmó ni negó lo concerniente al acto en cuestión, de las constancias agregadas en oficio registrado con número de folio 491, del control de este Juzgado, se denota que mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, se comisionó al actuario adscrito a la Junta responsable para que realizara las notificaciones correspondientes. Luego, al no existir prueba en contrario de que efectivamente se denote la materialización de dicha omisión, es decir, no entregar el expediente al fedatario público de dicha Junta, no es dable tener por cierto lo aseverado por la parte quejosa en su escrito de demanda. Inexistencia del acto reclamado En la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b) del apartado III, consistente en la omisión de la presidente de entregar el expediente al actuario adscrito, para realizar las notificaciones a las partes. Pues como se relató con anterioridad, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, y con base en los argumentos vertidos en el apartado anterior de certeza de los actos reclamados, ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. Pues del aludido auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente de origen, se hace patente la pretensión objetiva de la presidente responsable de entregar el expediente al área correspondiente, al comisionar al actuario adscrito a la Junta responsable para que realizara las notificaciones ordenadas en dicho proveído. Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el apartado que antecede, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Consideraciones jurídicas Por otro lado, y en relación con el acto reclamado a que se refiere el inciso a, del apartado III, toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 17 Constitucional, y en consecuencia, violación a sus garantías individuales y al procedimiento laboral, y el derecho humano del debido proceso y la debida impartición de justicia. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la Junta responsable, fijó fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que supera la que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la autoridad que conozca del asunto debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por las responsables, se desprende que: La parte quejosa promovió demanda laboral, que fue radicada bajo el número de expediente 2619/14JE1. Luego, previos diferimientos en virtud de que las partes intervinientes en diversa diligencia no se encontraban notificadas, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo del presente año, para el desahogo de una prueba testimonial, que alude el arábigo 883 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, más de cinco meses después. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable es contraria a los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada para llevar a cabo el desahogo de una probanza a que se refiere el artículo 883 de la ley obrera vigente en aquella época, supera el plazo de treinta días establecido en la legislación obrera. En ese tenor, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en dicha porción normativa. Por otro lado, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a del referido apartado III y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: En caso de que no se celebre la diligencia testimonial el veinticuatro de marzo próximo, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En esa inteligencia, resulta relevante precisar que emitir una resolución concediendo el amparo solicitado con efectos de que la responsable señale nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la multicitada probanza, resultaría más perjudicial que benéfico para la quejosa, toda vez que sería una labor compleja notificar a las partes, lo que desemboca en su inminente diferimiento y, por ende, un trámite retardatorio, toda vez que los tribunales obreros cuentan con una carga excesiva de trabajo para realizar diligencias y demás actos judiciales. Ahora, la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, se destaca que los alcances de la protección federal, se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado identificado con el inciso b, del apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en relación con el acto reclamado indicado con el inciso a, del apartado III, por las consideraciones aducidas en el apartado VI, para los efectos precisados en el diverso VII, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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