José Guadalupe Vergara Mendoza

Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
164/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • José Guadalupe Vergara Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción del testimonio del recurso de queja, se recibe oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del trigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en el recurso de queja 65/2018, interpuesto contra el auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por el quejoso, contra el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado de Circuito del Trigésimo Segundo de Circuito, por medio del cual acusa de recibo del original y copia del escrito de queja interpuesto por la parte quejosa...agréguese al sumario y se toma nota de la anterior circunstancia para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Colima, Colima, seis de marzo de dos mil dieciocho. Interposición del recurso de queja. Visto; agréguese el escrito signado por el quejoso, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintisiete de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta. Remisión del recurso de queja al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa para lo que tenga a bien proveer y copia certificada del juicio de amparo 164********************, esto, por haber sido objeto del análisis en el auto impugnado. Notifíquese en el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. ? Radicación. Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe José Guadalupe Vergara Mendoza, por propio derecho, contra actos que atribuye a la Subdelegada de Procedimientos Penales "A" Titular de la Unidad de Atención Inmediata UNAI de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima y otra autoridad. ? ? Análisis de la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución contenida en los oficios 614/2017 y 50/2018 de veinte de octubre de dos mil diecisiete y nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual la Subdelegada de Procedimientos Penales "A" Titular de la Unidad de Atención Inmediata UNAI, remitió la denuncia presentada por el aquí quejoso al Procurador General de Justicia en la propia entidad en virtud de que los hechos constitutivos del delito que se denunciaron no se desprende afectación alguna a la Federación. ? Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Para demostrar que el juicio es manifiesta e indudablemente improcedente, se traen a colación los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación los numerales 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Conforme a las normas aquí reproducidas, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple es insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. Así pues, en caso de no contar con un interés sobre el acto reclamado (jurídico o legítimo, no simple), el juicio de amparo resultará improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la ley. En el caso, la parte quejosa reclama los oficios 614/2017 y 50/2018 de veinte de octubre de dos mil diecisiete y nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual la Subdelegada de Procedimientos Penales "A" Titular de la Unidad de Atención Inmediata UNAI, remitió la denuncia presentada por el aquí quejoso al Procurador General de Justicia en la propia entidad en virtud de que los hechos constitutivos del delito que se denunciaron no se desprende afectación alguna a la Federación. Se afirma lo anterior ya que la resolución del Agente del Ministerio Público de la Federación, mediante la que se declara legalmente incompetente para conocer de hechos posiblemente constitutivos de un delito, y remite la averiguación previa iniciada a su homólogo del fuero común, no es reclamable en amparo indirecto, toda vez que hasta ese momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, lo cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna a la institución del Ministerio Público. Por lo que dicha resolución de incompetencia no es un acto que vulnere la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, porque el hecho de que sea otro agente del Ministerio Público investigador quien integre la indagatoria y señale si se actualizan o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, en su caso, no implica que se lesione el patrimonio jurídico del particular porque dentro de éste no se encuentra la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia o no, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el precepto constitucional invocado, lo cual es jurídicamente inadmisible, pues aun cuando existe la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, ese derecho, elevado a rango de garantía individual, sólo se actualiza cuando el Ministerio Público ha emitido ya una determinación en cualquiera de los dos sentidos, hipótesis que no se da cuando lo combatido es la resolución de incompetencia, ya que ésta no encuadra específicamente dentro de los supuestos que prevé el citado artículo, porque: a) no es una resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal; y, b) en forma alguna se relaciona con la reparación del daño. Por tanto, al no existir un agravio personal y directo, tampoco existe interés jurídico del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, únicamente por las razones que la informan la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, página: 2592, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.- Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación los numerales 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley; por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha la demanda de amparo. ? Notifíquese personalmente.

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