José Guadalupe Vázquez Flores

Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
252/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • José Guadalupe Vázquez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo -interpretados a contrario imperio- se declara que dicha sentencia que sobreseyó en audiencia en el juicio de amparo 252/2022-I-B, ha CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. No es óbice para lo anterior, que en autos no obren los acuses de recibo que ampara los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se le remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ella se reclama. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este juzgado en la misma fecha, José Guadalupe Vázquez Flores, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, consistente en: "a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para ficha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua." SEGUNDO. Admisión de la demanda. El treinta de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 252/2022-I-B; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados son leyes estatales y tienen ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, se procede a su fijación clara y precisa, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; Así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del análisis y lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: "a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para ficha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos que se impugnan a las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, en el ámbito de su respectiva competencia, consistente en la aprobación, expedición y promulgación de los indicados decretos, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". A lo anterior debe agregarse que, en cuanto a las normas impugnadas, por estar vigentes, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Al caso se aplica por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 191452, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la diversa tesis V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, Registro 209107, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Materia Común. Consultable en la página 205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. Causales de improcedencia. En la especie, la autoridad Congreso del Estado de Chihuahua, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por estimar que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación, ya que no anexo como medio de prueba algún comprobante del pago que refiere para acreditar el interés jurídico. Asimismo, el suscrito juez, considera que el quejoso carece de interés jurídico para tramitar la presente instancia constitucional, puesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no acreditó su interés jurídico para impugnar los Decretos No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y el decreto LXVII/EXLEY/107/2021, que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que contiene la Tarifa de derechos reclamada, por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituciones sobre estos, con motivo de su primer acto de aplicación. En lo conducente, esa hipótesis normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Se aprecia de los preceptos y fracciones transcritos que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto impugnado. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, contrario a lo que argumenta la parte quejosa se advierte que no demostró su interés jurídico. En el particular, los decretos combatidos tienen el carácter de autoaplicativo por lo que obliga a los gobernados que se ubiquen en los supuestos normativos que prevé desde el momento en que inicia su vigencia. Lo anterior cobra relevancia, si se toma en consideración que la parte agraviada refiere erogó el pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura que contiene la traslación de dominio. En tal sentido, se advierte que esa calidad no fue demostrada con alguna documental que haya exhibido el quejoso a su demanda de amparo, ni ofertado en la substanciación del juicio de amparo en estudio, por tanto, es que en la especie, carece de interés jurídico para tramitar el presente controvertido. Lo anterior es así, pues si bien en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, señaló que realizó con número de operación1664035 la descripción del pago en la cual se le aplican los artículos reclamados. Sin embargo, de la revisión efectuada a las constancias de autos, no se advierte que haya exhibido la documental consistente en de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura que contiene la traslación de dominio con operación 1664035, por tanto, ante la falta de la constancia que acredite que se adecua a la norma reclamada, es que carece de interés jurídico para reclamar la norma que tilda de inconstitucional. En tal virtud, resulta incuestionable que no le asiste interés jurídico a la parte quejosa para reclamar en sede constitucional los Decretos LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, así como el decreto LXVI/EXLEY/107/2021que contiene la Ley Estatal de Derechos, específicamente, el artículo 29 en las fracciones que se contiene la tarifa de 167.3734 UMAS, que establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente el numeral 29 de la Ley Estatal de Derechos para esta entidad federativa. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 206258, consultable en la página 252, que es del rubro y texto, siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO PUEDE ESTIMARSE ACREDITADO CON LA SIMPLE ADMISION DE LA DEMANDA. La circunstancia de que el juez federal haya admitido la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, por haber apreciado que reunía los requisitos del artículo 116 del propio ordenamiento, no es obstáculo para que, una vez agotadas las fases del procedimiento constitucional, al emitirse el fallo correspondiente, pudiera considerarse que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, del citado cuerpo legal, toda vez que las causas de improcedencia entre ellas la falta de interés jurídico deben examinarse previamente al estudio de la inconstitucionalidad planteada. Además, el desechamiento de la demanda de garantías sólo es procedente cuando, al ser presentada, se advierta una causa de improcedencia indudable y notoria, y si en el caso se dio dicha hipótesis, la parte quejosa, durante la tramitación del juicio de garantías y aun en la audiencia constitucional, estuvo en aptitud de aportar pruebas idóneas para demostrar su interés jurídico y al no hacerlo, dio lugar a que sobreseyera en el juicio respectivo". En el mismo sentido, orienta por similitud de razón, la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 207946, consultable en la página 239, que es del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA LEYES. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA DE DEMOSTRAR ESTAR SUJETO A LA NORMA. Cuando se impugna en amparo una ley fiscal, y el quejoso, para demostrar que se halla en la hipótesis de aplicación, se limita a exhibir la copia de una declaración tributaria, de cuyo examen aparece que no sólo el resultado final señala cero, sino que también están en cero todos y cada uno de los rubros de la mencionada manifestación, debe sobreseerse en el juicio por falta de interés, ya que la declaración en ceros demuestra que no es causante y que tampoco existe acto de aplicación. Bajo esa perspectiva, se afirma que la parte quejosa no acreditó el interés necesario para promover el presente juicio de amparo respecto de la norma tildada de inconstitucional y por ende deviene fundada la causal de improcedencia antes invocada. Por tanto, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es que resulta procedente sobreseer el presente controvertido de conformidad con la fracción V, del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ GUADALUPE VÁZQUEZ FLORES, de conformidad con lo razonado en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes auto, se advierte que, el INFORME JUSTIFICADO que remitió la autoridad responsable, a saber, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con sede en Chihuahua, capital; no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas que estimen pertinentes; por lo que, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito Juez ordena de oficio el diferimiento de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89." NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la secretaría General de Gobierno, en representación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital; agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual, se le tiene rindiendo su respectivo informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, confundamento en lo dispuesto por los artículos117 y 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegadas a las personas que indica en su informe. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano