Jose Guadalupe Vargas Robledo

Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Vargas Robledo
  • Rodrigo Melbourne Ruiz
  • Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mexicali, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que transcurrió el término concedido a la parte promovente por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara sobre el informe de la autoridad responsable con relación al cumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto, en la que, se declaró fundada la presente denuncia y, no habiendo hecho manifestación alguna, el suscrito juzgador acuerda lo siguiente: Por oficio que signó la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en ciudad de México, en cumplimiento a la resolución que se dictó dentro de la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21383-2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual dejó insubsistente el oficio 223301EL352605, de quince de junio de dos mil veintidós y dictó otro en el que dejó de aplicar los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales, mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 y emitió autorización sanitaria para realizar las actividades indicadas. En virtud de lo anterior, mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se mandó dar vista a la parte promovente, para que en el término de tres días expresara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En tales circunstancias, el acuerdo precisado en párrafo supra, se notificó por medio de lista a la parte promovente el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós; sin que hubiera desahogado esa vista; por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, como se estableció en el acuerdo multicitado, si de acuerdo con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplido el fallo dictado. Al respecto, debe decirse que mediante resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, que se dictó en el presente juicio en la que se declaró fundada la Denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida, en los siguientes términos: OCTAVO. Requerimiento cumplimiento. En esta virtud, con fundamento en el artículo 210, fracción I, párrafo quinto, requiérase a la autoridad denunciada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Titular de la aludida Comisión, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, en el ámbito de sus facultades: Dejen insubsistente el oficio 223301EL352605, de quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberán emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, Vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. En cumplimiento, la autoridad Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en ciudad de México, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21383-2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual dejó insubsistente el oficio 223301EL352605, de quince de junio e dos mil veintidós y dictó otro en el que dejó de aplicar los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales, mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 y emitió autorización sanitaria para realizar las actividades indicadas. Así, tomando en consideración lo expuesto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador considera que se restituyó a la parte promovente los derechos humanos por cuya infracción se declaró fundada la denuncia promovida, ello en virtud de que la autoridad responsable llevó a cabo los lineamientos que se precisaron en la resolución dictada, esto, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio 223301EL352605, y dictó otro en apego a los lineamientos trazados en la aludida resolución. Motivo por el cual se concluye que ha quedado cumplido el fallo emitido por este Órgano Jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos trazados en la resolución, con fundamento en el artículo 210 de la ley de la materia, se declara cumplida la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En virtud de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.; y archívese este asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y se considera que el mismo no es de relevancia documental. Notifíquese....

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Notifíquese personalmente al promovente...

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    notifico por lista que se fija en la recepción del Edificio sede del Poder judicial de la Federación, en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, parte RODRIGO MELBOURNE RUIZ, el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 2/2022, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mexicali, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite vía electrónica la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en Ciudad de México; mediante el cual solicita prórroga para dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Por tanto, atendiendo a la complejidad del asunto y por única ocasión, ante las manifestaciones realizadas por la responsable, se otorga la prórroga solicitada. En razón de lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Titular de la aludida Comisión, para que dentro del improrrogable término de diez días informen las actuaciones llevadas a cabo a fin de lograr el cumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto. En el entendido que la resolución que se dictó en el presente asunto, se declaró fundada para los siguientes efectos: OCTAVO. Requerimiento cumplimiento. En esta virtud, con fundamento en el artículo 210, fracción I, párrafo quinto, requiérase a la autoridad denunciada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Titular de la aludida Comisión, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, en el ámbito de sus facultades: Dejen insubsistente el oficio ********************, de quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberán emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de dos mil veintidós, misma que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, al multiplicarse la Unidad de Medida y Actualización de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cien veces la unidad de medida y actualización, conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinada desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Finalmente, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad en cita, a los profesionistas que indica en su informe, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Notifíquese....

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