José Guadalupe Vargas Hernández

Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
217/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • José Guadalupe Vargas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que únicamente la autorizada de la parte quejosa realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Luego, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán (fojas 179 a 192), se determinó por una parte sobreseer y por otro lado, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juan Manuel Pérez Ugalde, para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente formalmente el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete emitido en el juicio de divorcio 799/2017; y, b) En su lugar, emita otro en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de análisis en esta sentencia y, de manera fundada, motivada y congruente con los planteamientos de las partes que versen sobre la medida a decretar, resuelva el monto de la pensión alimenticia provisional que regirá a partir de esa nueva determinación, justificando su magnitud y atendiendo al contexto procesal que existía en el momento en el que se emitió el auto en comento." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Partido Judicial de Xalisco, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Primero.- Dejar insubsistente el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete emitido en el juicio de divorcio 799/2017. Segundo.- Emitir otro en el que reiterara las consideraciones que no fueron materia de análisis en esa sentencia y, de manera fundada, motivada y congruente con los planteamientos de las partes que versen sobre la medida a decretar, resuelva sobre el monto de la pensión alimenticia provisional que regirá a partir de esa nueva determinación, justificando su magnitud y atendiendo al contexto procesal que existía en el momento en el que se emitió el auto en comento. Resolución que fue confirmada por ejecutoria emitida el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 1094/2018, que corresponde al 507/2018 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad (fojas 247 a 256). Así, por acuerdo de catorce de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio certificado de dicha ejecutoria y visto el sentido de la misma, se requirió a la responsable para que dentro del plazo de diez días siguientes a su notificación, diera cumplimiento a la misma (fojas 257 y 258). Luego, por oficio 741/2019, de diecinueve de marzo del presente año (foja 262), recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de marzo posterior, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Xalisco, Nayarit, comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Manuel Pérez Ugalde y para tal efecto remitió copia certificada del acuerdo emitido el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 264 a 269), del que se advierte lo siguiente: Dejó sin efecto legal el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de divorcio 799/2017, en lo referente a la pensión alimenticia provisional que le fue fijado al demandado deudor alimentista aquí quejoso Juan Manuel Pérez Ugalde. Con plenitud de jurisdicción, dentro del propio acuerdo, determinó fijar como pensión alimenticia a favor de la menor de edad con iniciales B. M. P. H., el veinte por ciento del sueldo que percibe como trabajador de la empresa "Embotelladora del Nayar, S. A. de C. V.". Lo anterior, tomando en consideración, que estaba demostrado con la certificación de nacimiento exhibida, que el demandado era padre de la menor de edad involucrada y que por tanto, a aquél le corresponde proporcionar alimentos; que además, se encontraba acreditada la posibilidad económica del deudor, derivado del informe rendido por su empleador, en el cual se asentó que el demandado labora en dicho ligar y percibe un ingreso mensual variable: y finalmente, ponderó el hecho de que el demandado al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, precisó que proporciona alimentos a dos diversos hijos menores, por los cuales le descuentan el cuarenta por ciento, aunque aclaró que no proporcionó los documentos idóneos para acreditar tal aseveración. Frente a lo anterior, la autorizada de la parte quejosa, manifestó entre otras cuestiones, lo siguiente: Que la autoridad responsable debió desechar la demanda presentada en su contra por ser notoriamente improcedente. Que la autoridad responsable no tomó en consideración que tiene otros dos acreedores alimentarios, por los cuales se le descuenta el cuarenta por ciento de su sueldo. Además, la promovente en dicho escrito, formuló conceptos de violación. No obstante, el primer concepto de agravio resulta inoperante, habida consideración que el mismo no fue materia de concesión en la sentencia protectora de amparo emitida en el presente asunto. Por otro lado, resulta infundado el concepto de agravio, en el cual la autorizada de la parte quejosa, señala que la responsable no tomó en consideración que tiene otros dos acreedores alimentarios, por los cuales se le descuenta el cuarenta por ciento de su sueldo, pues contrario a lo que sostiene, basta revisar el acuerdo que se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, para observar que el órgano jurisdiccional responsable si ponderó esa situación, aunque indicó que las pruebas aportadas no acreditaban esa aseveración que fue realizada al momento de contestar la demanda. Máxime, que esa situación, fue materia de la concesión de amparo, en la que se determinó que en el acuerdo declarado inconstitucional, no se advertían claramente las razones por las cuales se fijó previamente el veinticinco por ciento del salario percibido por el demandado como pensión a favor de la menor de edad con iniciales B. M. P. H.; además, de que en ese auto no se atendió las manifestaciones el quejoso en el sentido que tenía otros dos hijos menores de edad que dependían económicamente de él; lo cual fue subsanado por la responsable en el proveído emitido el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 264 a 269). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en tanto que, el cuaderno original, será destruido una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por otro lado, una vez que transcurra la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil quince (foja 314), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, la cual confirmó la sentencia impugnada, que sobreseyó en el presente juicio de garantías, misma que se notificó a las partes, el dieciocho de septiembre del mismo año (foja 315 reverso), surtió sus efectos, para la parte tercera interesada y quejosa, el siguiente día hábil, esto es, el veintiuno del mismo mes y año; por lo tanto, el término de seis meses previsto por el numeral 156 de la Ley de Amparo, para reclamar la devolución de los certificados de depósito N 671996 y N 672004, valiosos por la cantidad de 5,100.00 (cinco mil cien pesos 00/100 moneda nacional) y $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, que exhibió la parte quejosa para garantizar tanto la suspensión provisional, como la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, comprendió del veintidós de septiembre de dos mil quince, al veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, plazo dentro del cual la parte tercera interesada, no se presentó a efecto de promover incidente de daños y perjuicios para obtener la garantía otorgada. En consecuencia, al no ser necesaria la retención de los certificados de depósitos N 671996 y N 672004, valiosos por la cantidad de 5,100.00 (cinco mil cien pesos 00/100 moneda nacional) y $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger dichos billetes, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declararán prescritos a favor del Fisco Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibidos que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibidos que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO.

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