José Guadalupe Soto Salvarrey
Expediente 1182/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Guadalupe Soto Salvarrey
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de julio de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de julio de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por José Guadalupe Soto Salvarrey; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En nueve de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por JOSÉ GUADALUPE SOTO SALVARREY, registrada con el número 13551.- Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, A NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de garantías promovida por JOSÉ GUADALUPE SOTO SALVARREY, por su propio derecho, contra actos de la Administración Local de Recaudación Fiscal , con residencia en esta ciudad y otras autoridades, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1182/2015 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, este Juez de Distrito emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, consistente en la carta invitación de veintisiete de mayo de dos mil quince, emitida por el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, para corregir situación fiscal sobre Impuesto Sobre la Renta e Impuesto a Tasa Unica por el ejercicio fiscal de 2010, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º y 5º, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". El precepto legal citado en primer término establece la improcedencia del juicio de amparo, fuera de los supuestos previstos en las diecisiete fracciones de dicho numeral, siempre y cuando así resulte de cualquier otra disposición de la propia ley de la materia. De los restantes artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo sólo procede contra leyes o actos de autoridad; sin embargo, no todos aquellos actos que un órgano del Estado realice tendrán la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para los efectos del juicio de garantías se considera como acto de autoridad aquél que se emite de manera unilateral, a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en la siguiente jurisprudencia las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, en el caso, el quejoso reclamó al Administrador Local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, la emisión de la carta invitación con número de folio 500-68-00-05-00-2015-2702, la cual es del tenor literal siguiente. / / Ahora bien, del análisis de la carta invitación, se desprenden los siguientes puntos de interés: 1.- Que conforme a los controles establecidos en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, se conoció que la contribuyente a la fecha tiene presentada su declaración anual de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el ejercicio fiscal de 2010, en las que manifestó deducciones improcedentes en dicho ejercicio. 2.- Que de ello se conoció que realizó operaciones con el contribuyente RFC: EEI090703371 en cantidad de $813,497.00 en dicho ejercicio. 3.- Que la operación antes señalada incide en la determinación de los pagos mensuales definitivos de Impuesto al Valor Agregado, por el citado ejercicio, por lo que se le invitó a corregir su situación fiscal por el ejercicio fiscal de 2010. 4.- Atento a lo anterior, se le convocó para que presentara diversos papeles de trabajo. 5.- Finalmente, se le hizo saber que de no atender esa invitación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que recibiera esa invitación, esa autoridad fiscal procedería a ejercer sus facultades de comprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y se le reiteró, que el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, evitaría la revisión de la autoridad, sanciones y molestias innecesarias. Todo lo anterior apunta a la conclusión de que las cartas invitación emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, son instrumentos a través de los cuales se comunica a los contribuyentes respecto de las deducciones improcedentes y de la forma en que la autoridad propone la corrección de su situación fiscal por el ejercicio fiscal de 2010, es decir, exhibiendo los papales de trabajo necesarias para tal efecto, constituyéndose de esta manera un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias (como son la generación de requerimientos y sanciones por incumplimiento de éstos, o el inicio de las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación), que no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica de los contribuyentes, y, por ende, no les causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es el caso que la carta invitación reclamada en el juicio de amparo, se emitió por el Servicio de Administración, y en ella únicamente se comunicó al contribuyente José Guadalupe Soto Salvarrey que conforme a los controles establecidos en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, se conoció que la contribuyente a la fecha tiene presentada su declaración anual de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Unica por el ejercicio fiscal de 2010, en las que manifestó deducciones improcedentes en dicho ejercicio; que de ello se conoció que realizó operaciones con el contribuyente RFC: EEI090703371 en cantidad de $813,497.00 en dicho ejercicio; que la operación antes señalada incide en la determinación de los pagos mensuales definitivos de Impuesto al Valor Agregado, por el citado ejercicio, por lo que se le invitó a corregir su situación fiscal por el ejercicio fiscal de 2010 y se le convocó para que presentara diversos papeles de trabajo. Por lo que es de concluirse que la carta invitación reclamada no se trata de un acto de autoridad que cause perjuicio al quejoso para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues si bien es cierto, es un acto unilateral en el que para su emisión no participó la voluntad del contribuyente quejoso, no menos cierto es que no crea, modifica o extingue por sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de este último, dado que le permite presentar la propuesta de la autoridad como autodeterminación, o, en su defecto, facilita que sea él quien formule y presente la declaración anual como lo considere pertinente, sin que se establezca sanción a falta de ejercicio de la opción. Luego, tal carta únicamente insta al contribuyente a corregir su situación fiscal si incurrió en deducciones improcedente, concediéndole a cambio, la posibilidad de exhibir copia fotostática legible de su papel de trabajo donde realizó el cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como copia fotostática de su papel de trabajo y de sus pagos complementarios definitivos de Impuesto al Valor Agregado, incluyendo los comprobantes fiscales que amparen las operaciones realizadas con el proveedor con RFC: EEI090703371, por lo que dicho instrumento en realidad constituye una herramienta de un programa preventivo para evitar sanciones, que de ninguna manera trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, y por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, de rubro y texto siguiente: "RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Los oficios o "cartas invitación" emitidos por la Administración Central de Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria mediante los que se comunica al contribuyente, que tiene trabajadores y empleados a su servicio, la obligación derivada del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la determinación del subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y en los cuales se indica que en la contradicción de tesis 97/2000-SS (jurisprudencia 2a./J. 19/2001) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto de dicho subsidio, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, no generan un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ello es así, porque con dichos documentos solamente se le comunica al contribuyente la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en cuanto a la inclusión de las cuotas patronales mencionadas para determinar el subsidio acreditable, convocándolo a corregir su situación fiscal si incurrió en la omisión de no considerar tales cuotas, y si bien se le indica que una vez regularizada su situación fiscal, se proporcione a la autoridad fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias dentro de un plazo no mayor a quince días, no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, dichas cartas, en realidad, constituyen un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo." En similares términos se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el Amparo en Revisión número 145/2012, por ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil trece. Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que existen criterios jurisprudenciales en el sentido de que la emisión de la carta invitación emitida por el Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para que regularice su situación fiscal no es impugnable en ese administrativa, ni constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Una de las razones fundamentales para sostener tal premisa lo es que se trata de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las irregularidades detectadas, presentando una propuesta para ello y que solo se afectará al contribuyente cuando la autoridad fiscal haga uso de las facultades de comprobación fiscal y en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efecto de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. Ante ello, este órgano jurisdiccional comparte tal criterio, pues sí en el caso, la citada carta invitación no puede ser impugnable en sede administrativa, por no tratarse de una resolución definitiva, por tanto, el amparo indirecto sólo procedería si se tratará de una resolución definitiva que fijará un crédito fiscal, siempre y cuando se agote el principio de definitividad previsto en la Ley que rige el acto. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.- La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado." "CARTA INVITACIÓN. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- La carta invitación al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, no constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través de ella la autoridad exactora únicamente se limita a sugerirle al gobernado la corrección de su situación en su calidad de contribuyente, con la finalidad de evitar una resolución determinante de crédito con base en las irregularidades detectadas; luego, si en el documento impugnado no se determina un crédito fiscal ni se aplica sanción alguna, es inconcuso que no trasciende a la esfera jurídica del demandante ni le causa perjuicios para efectos de la procedencia del juicio de nulidad." En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedentes es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por JOSÉ GUADALUPE SOTO SALVARREY, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracciones I y II, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a las licenciadas GLADIS ERALU RODRÍGUEZ ALFARO Y VERÓNICA FUENTES ORTIZ, quien cuenta con su cédula con número 2311636 y 2853604, respectivamente; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto, y únicamente se les tiene para oír notificaciones e imponerse de los autos, a los pasantes de derecho; NORMA SUSANA RODRÍGUEZ JUAREZ, NAYELI NOEMI ROBLES AMAVIZCA y JOSÉ EDUARDO TOLENTINO PUGA, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo en vigor; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Unión Central, número 101, Local 38, Plaza Futura, Zona Centro de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. L´JMZG.
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