José Guadalupe Serrano Leonides
Expediente 1029/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- José Guadalupe Serrano Leonides
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de octubre del año que transcurre, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 98 de la ley de la materia y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Comisariado Ejidal de San Mateo Atenco, Estado de México, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1029/2021-VIII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que el juicio biinstancial es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del amparo. Para demostrar lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En ese sentido, de lo narrado bajo protesta de decir verdad se advierte que los actos reclamados son: a) La falta de contestación por parte los Integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de San Mateo Atenco, Estado de México, que se constituye por el silencio de dichas autoridades responsables, al no dar respuesta al escrito de cinco de julio de dos mil veintiuno. b) La falta de contestación por parte los Integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de San Mateo Atenco, Estado de México, que se constituye por el silencio de dichas autoridades responsables, al no dar respuesta al escrito de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Actos que se atribuyen al Integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de San Mateo Atenco, Estado de México, como autoridades responsables ordenadoras; sin embargo, éstas no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Por lo que, los actos que se reclaman no pueden ser analizado en la presente instancia constitucional, toda vez que como ya se precisó con anterioridad el referido Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de San Mateo Atenco, Estado de México, no puede ser considerados como autoridades responsables en el juicio de amparo; toda vez que forma parte del comisariado el cual conforme al artículo 33 de la Ley Agraria, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido y sus principales facultades como se denota en la siguiente trascripción: "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. De lo anterior, se concluye que el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de San Mateo Atenco, Estado de México, al ser miembro de éste, quien de manera conjunta con los demás miembros, les compete la determinación de reconocer la asignación de derechos ejidales a los campesinos y esa resolución adquiere obligatoriedad únicamente para los ejidatarios miembros, de manera que sus actividades se limitan a cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción; asimismo, si bien es cierto que el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia forman parte del órgano de ejecución de los acuerdos determinados por la Asamblea, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria para efecto de este juicio constitucional, pues su carácter de órgano de ejecución es respecto del ejido y hacia su interior. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..." Es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria, aclara enfáticamente que el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia no es una autoridad agraria, ni mucho menos el presidente de este, dado que no tiene facultades de imperio, sino solo de representación del ejido y ejecución de los acuerdos tomados por sus integrantes, por lo que se concluye que al no tener facultades de imperio, no es autoridad para efectos del amparo. Sirve de apoyo, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 151-156, Tercera Parte, visible a página 41, con registro 237644, que no ha sido superada, con el rubro y texto siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes." De igual forma, encuentra apoyo lo anterior en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 189776, la cual no ha sido superada, que dice: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción." Así mismo, el criterio sustentado en la Tesis 133 A, editada en la página cuatrocientos sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Materia Administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, con registro 208669, del tenor literal siguiente: "PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión." Y la tesis publicada en la página ochocientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Administrativa, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, con registro 214009, cuyo texto es el siguiente: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo". Lo anterior conlleva a concluir que el Comisariado Ejidal de San Mateo Atenco y Consejo de Vigilancia de esté, no pueden ser autoridades para los efectos del amparo, en virtud de que los actos que se reclaman, pudieran ser conducta respecto a la cual el promovente está en aptitud de hacer valer sus derechos, ante la autoridad correspondiente, no constituye un acto reclamable en esta vía constitucional, ya que, por sí mismo no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al peticionario. Por tanto, al carecer de facultades coercitivas, decisorias y ejecutoras, se desecha de plano la demanda de garantías, por concurrir los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la parte promovente en su demanda de amparo; y como autorizados en términos del artículo 24 de la legislación citada a las personas que cita, por así haberlo solicitado. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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