Jose Guadalupe Santos Lopez

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Santos Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, sin que lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y se tiene al quejoso*****promoviendo la demanda de amparo por propio derecho. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, conviene precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a su escrito de once de agosto de la presente anualidad. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda, así como de la documental que se adjuntó a la misma, se advierte que la parte promovente manifestó que el veintiséis de julio del año en curso, el representante legal de la empresa denominada*****Sociedad Anónima, tuvo una reunión con la administradora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, para tratar el tema de volver a prestar el servicio de taxis en el aeropuerto y le solicitaron determinados documentos, los cuales entregó -el apoderado legal- mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha le hayan dado respuesta. Dicha omisión de dar respuesta es lo que se pretende reclamar en amparo. En ese sentido, al margen de que, según se ha determinado al inicio de este acuerdo, para los efectos legales se tiene que****promueve amparo por sí y no como apoderado legal de***Sociedad Anónima, que es la persona jurídica a quien -a través de su apoderado- supuestamente no se le ha dado respuesta a lo que peticionó; lo cierto es que de cualquier forma, la omisión que se reclama es una cuestión entre particulares, ajeno a un acto de autoridad para efectos del amparo. En efecto, como se indicó, se tuvo****promoviendo la demanda de amparo por su propio derecho y no como representante legal de la empresa****Sociedad Anónima, situación que de suyo basta para advertir que el promovente intenta una acción constitucional improcedente en forma notoria y manifiesta porque lo que reclama en amparo se vincula con actos entre esa persona jurídica y aquella a quien identifica como "autoridad responsable" en su demanda. Pero sin que en forma alguna se vincule al promovente por propio derecho. Pero además de eso, también es patente que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Luego, como del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debe entenderse como tal, aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo que en la especie no acontece. Ello es así, porque la omisión reclamada deriva de la solicitud que una persona jurídica -distinta del quejoso- hizo el once de agosto del año en curso al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, para que entre ellos se llevara a cabo una prestación de servicios; esto es, la promovente presentó su escrito para poder seguir prestando el servicio de taxis dentro de las instalaciones de dicho aeropuerto. De ello se advierte que lo que se reclama corresponde al ámbito de una relación entre particulares, entre dos personas jurídicas que se ubican en un plano de igualdad. Tanto así que lo peticionado se vincula con un contrato o acuerdo de prestación de servicios, sin que implique el despliegue de una potestad pública que de manera unilateral y obligatoria cree, modifique o extinga una situación jurídica. Ni existen siquiera indicios de que quien se señala como responsable, emita actos de particular equivalentes a los de autoridad porque deriven del ejercicio unilateral y obligatorio de funciones determinadas por una ley, las cuales deba ejercer sin margen de discrecionalidad. De modo, que la omisión que reclama no encuadra en el supuesto de un acto de autoridad a un gobernado (relación de supra a subordinación) sino que se ubica en una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. En ese sentido, si la omisión reclamada no acontece al margen de autoridad y gobernado, el conflicto existente entre ambas partes no puede estar sujeto al análisis constitucional por la vía del amparo indirecto pues a la ********y su representante, no les reviste el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo. En ese orden, resulta que la omisión reclamada a las autoridades señaladas, no reúne las características reseñadas para considerarla como acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por*****, por propio derecho contra actos que reclama de la Administradora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y otra, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1070/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo114, fracciones I y III, en relación con los diversos numerales 6 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con copias necesarias del escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: - Precise si promueve la demanda de amparo por propio derecho o en representación de la empresa denominada Transportación Aeropuerto León, S.A. Ello, toda vez que del análisis integral de la demanda, se advierte que el veintiséis de julio del año en curso, tuvieron una reunión con la administradora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, para tratar el tema de volver a prestar el servicio en el aeropuerto por parte de la Transportación Aeropuerto León, S.A., y le solicitaron determinados documentos, los cuales entregó a la citada administración, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós. Sin embargo, del acuse de recibo que anexa se desprende que dicho ocurso lo signo como representante la empresa denominada ****. De ahí que es necesario que precise si acude a la presente instancia constitucional por su propio derecho o como representante legal de ****, toda vez que personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. De modo que, de ser el caso de que acuda en representación de la citada persona moral, el promovente debe acreditar con documento idóneo dicha personalidad y presentar copias suficientes de la respectiva documental para correr traslado a las partes, a efecto de estar en aptitud de realizar el pronunciamiento sobre la representación que ostenta tener, pues ese dato debe quedar plenamente demostrado por constituir un presupuesto procesal. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Abril de 200, visible a página 7, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167431, cuyo rubro y textos dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, visible a página1449, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2012992, cuyo rubro y textos dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que, de no cumplir con lo indicado, dentro del término legal concedido para tal efecto: Se proveerá la demanda como si el quejoso promoviera únicamente por propio derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES El promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. Por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones por lista, aún las de carácter personal. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****se le tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una dirección de correo electrónico en la etiqueta con la que presentó su demanda, la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Asimismo, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para ello, deberán cumplir con los requisitos que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano