Jose Guadalupe Sanchez Rodriguez
Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Sanchez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de nueve de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de inejecución de sentencia 7/2022, en el que resolvió reponer el procedimiento para la continuación del cumplimiento de la sentencia de amparo conforme los efectos precisados. Agréguese. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Efectos de la ejecutoria emitida por el Superior. En razón de lo anterior, resulta pertinente conocer los efectos de la ejecutoria emitida por la Superioridad, que son los siguientes: "1. Deje sin efecto el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que ordenó la tramitación del incidente de inejecución, así como sus consecuencias. Requiera el cumplimiento del fallo protector a LA TOTALIDAD DE LAS AUTORIDADES, TANTO RESPONSABLE COMO VINCULADAS, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para efecto de que se afecten las partidas presupuestarias relativas y se dote al Ayuntamiento de Tala, Jalisco, con los recursos necesarios para que pueda hacer frente al laudo dictado en el juicio laboral 673/2005. De no acatarse el fallo constitucional, deberá hacer efectivos los apercibimientos decretados respecto de todas y cada una de las autoridades antes señaladas y remitir de nueva cuenta el asunto vía inejecución de sentencia a este tribunal colegiado para continuar con el procedimiento respectivo.". En consecuencia, se procede a dar cumplimiento a dicha ejecutoria, por tanto, en estricto acatamiento a lo resuelto por el Tribunal de alzada, se deja sin efectos el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, y términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se continua con el procedimiento de ejecución respectivo. IV. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con el cumplimiento para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las gestiones realizadas dentro del juicio laboral 673/2005-B1 encaminadas a dar cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo resuelto por la superioridad, es decir, mientras persista la actitud contumaz de la parte demandada de dar cumplimiento al laudo, debe requerirla y apercibirla con la imposición de multas de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerlas efectivas e incluso ordenar la suspensión del cargo por quince días del Titular. De igual manera, puede solicitar el auxilio de las autoridades que considere pueden acatar el laudo. Requerir cumplimiento a la autoridad vinculada con el cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las siguientes autoridades vinculadas al cumplimiento: Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: Acredite que realizaron las gestiones necesarias a efecto de que se dote de los recursos presupuestarios necesarios al Ayuntamiento demandado, y éste pueda cumplir con lo laudado. Ejecución del cobro de las multas que imponga el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, con motivo del incumplimiento del laudo. Gobernador del Estado de Jalisco: Acredite que realizaron las gestiones necesarias a efecto de que se dote de los recursos presupuestarios necesarios al Ayuntamiento demandado, y éste pueda cumplir con lo laudado. Congreso del Estado de Jalisco: Acredite que realizaron las gestiones necesarias a efecto de que se dote de los recursos presupuestarios necesarios al Ayuntamiento demandado, y éste pueda cumplir con lo laudado. Instar el procedimiento administrativo de suspensión del cargo por quince días del servidor público de elección popular que no ha dado cumplimiento al laudo. Ayuntamiento de Tala del Estado de Jalisco. Por ser el directamente responsable, de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto. Se le informe del cobro de un laudo que previamente se encuentra autorizado a pagar con el fin de cumplir los principios de austeridad del país. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala del Estado de Jalisco. Ordenar expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo al que no se ha dado cumplimiento. Más porque es la autoridad obligada a vigilar que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y administración de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos propios del Municipio. Oficina encargada de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tala del Estado de Jalisco. Acredite que realizaron las gestiones necesarias a efecto de que se dote de los recursos presupuestarios necesarios al Ayuntamiento demandado, y éste pueda cumplir con lo laudado. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tala. Una vez que reciba la orden expresa del Presidente Municipal, debidamente autorizado, realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo al que no se ha dado cumplimiento. Más porque le corresponde verificar que el gasto de las dependencias municipales se encuentre debidamente justificado, comprobado y que cuente con suficiencia presupuestal de acuerdo a la partida autorizada y realizar la transferencia entre partidas necesarias. Para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, deberán de dar cumplimiento a lo señalado en supra líneas. VI. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VII. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el Tribunal responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". VIII. Devolución de constancias. Toda vez que la Superioridad, remitió el juicio laboral 673/2005-B1, mediante oficio que derive del presente proveído, devuélvase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el citado juicio, por resultar innecesarios que obren en este Juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar; al respecto, se solicita acuse de recibo de estilo.
- Principal
En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2104/2021, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Alejandra Paola Plascencia Aguilar, secretaria que da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace relación de las constancias que integran el presente sumario; además, da cuenta a la Jueza con el escrito de registro 11513. La Jueza acuerda: Interposición de recurso de queja. Téngase por recibido el escrito que presenta la tercera interesada ****, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de abril del año en curso, en que se admitió la ampliación de la demanda de amparo. Se requieren copias del escrito de agravios. Previo a acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la recurrente para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, exhiba dos copias más del recurso que hace valer, debido a que solo allegó seis y son necesarias ocho para ser distribuidas de la siguiente manera: una para ser agregada al sumario en que se actúa, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del medio de impugnación, una para la parte quejosa, dos para las autoridades responsables, dos para los agentes sociales terceros interesados y una para el representante especial del menor designado en autos; y de esa manera cumplir con el traslado de ley que debe darse con las mismas. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se tendrá por no interpuesto el recurso en trato, en atención al numeral invocado en el párrafo precedente. Relación de constancias. Por otro lado, se tiene por hecha la relación de constancias que integran el presente juicio de amparo. Se abre el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el que se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas documentales ofrecidas, respectivamente, por el quejoso, por la tercera interesada y por las autoridades responsables; al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Se abre el periodo de alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento alguno; además, se tienen por reproducidos los formulados por la tercera interesada mediante escritos de registro 22965 y 5821, así como los vertidos por la representante especial del menor quejoso, a través del ocurso de registro 5146; al no haber diverso escrito que tener por reproducido en dicho sentido, se cierra la presente etapa. Con lo anterior se finaliza el desahogo de la presente audiencia de ley, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2104/2021, promovido por ****, por derecho propio y en representación de su menor hijo S.AR.M., contra el acto que reclama del Juez Séptimo de lo Familiar y de la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar, ambos del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por derecho propio y en representación de su menor hijo S.AR.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Actos reclamados: "[.] Sentencia Interlocutoria de fecha 14 catorce de octubre del 2021, resuelta por la Juez Cuarto Auxiliar Especializado en Materia Familiar en apoyo a este H. Juzgado Séptimo de lo Familiar en autos del Juicio Civil Sumario ****[.]" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo, a la que le correspondió el número de expediente 2104/2021; previo desahogo de prevenciones, el veintiséis siguiente se admitió a trámite, además, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada María de Lourdes Mora Beltrán y dar la intervención legal a la representante social de la adscripción. Posteriormente, en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se reconoció como terceros al Agente de la Procuraduría Social adscrito al Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial y al Agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Estado Jalisco, y se ordenó su emplazamiento a juicio. Además, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda respecto de la autoridad responsable Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y se le requirió por su informe con justificación. Asimismo, en auto de tres de mayo del año en curso, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, conforme a los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse un acto de autoridades residentes en la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia; así como en atención al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el quejoso reclama del Juez Séptimo de lo Familiar y de la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar, ambos del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, lo siguiente: La resolución interlocutoria dictada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad de actuaciones tramitado dentro del juicio civil sumario ****. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo manifestaron al rendir informe con justificación el Juez Séptimo de lo Familiar y la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar, ambos del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, cuyo que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que, además, se corrobora con las copias certificadas de diversas actuaciones que integran el procedimiento de origen, remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe de ley; documentales a las cuales se confiere valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de protección de derechos fundamentales. En la especie, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo para presentar el juicio de amparo en su contra, transcurrió del veintiuno de octubre al doce de noviembre del mismo año; de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. Sin que en dicho plazo se computen los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, así como el seis y siete de noviembre, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el uno y dos de noviembre del mismo año, por haber sido declarados inhábiles mediante circular 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. QUINTO. Causales de sobreseimiento. La tercera interesada María de Lourdes Mora Beltrán, alegó mediante escrito de registro 5821, que debe sobreseerse en el presente juicio, en razón de que no fue señalada como responsable la autoridad emisora de la resolución reclamada, esto es, la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; además, porque en el juicio de origen ya se dictó sentencia definitiva. No obstante, sus manifestaciones deben desestimarse; en primer término, debido a que, como se precisó en el resultando segundo que antecede, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda respecto de la autoridad responsable Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En segundo término, debido a que, el hecho de que en el procedimiento de génesis se haya dictado sentencia ejecutoriada, es una cuestión inherente al fondo del asunto; de tal forma que no pueda partirse de tal aspecto para determinar la improcedencia del presente juicio, pues lo acertado o no de tal alegación, repercutiría en todo caso en la calificativa que de los conceptos de violación se haga, de tal forma, que de atenderse en el presente apartado de improcedencia, implicaría prejuzgar sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 135/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, página 5, de la Novena Época (registro 187973), que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Ahora, examinadas las presentes actuaciones, se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda revisarse de oficio, conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, existe la posibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa en su demanda. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen, allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe de ley, para lo cual se destaca lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, ****, demandó en la vía civil sumaria a ****, entre otras cuestiones, la custodia de sus tres hijos y la convivencia con los mismos. 2. Por auto de seis de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a la que se asignó el número de expediente ****, y se ordenó el emplazamiento del demandado. 3. En auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al demandado, aquí quejoso, dando contención a la demanda. 4. Posteriormente, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se decretó la convivencia entre la actora y sus hijos, en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara, y se determinó que el demandado debía presentarlos para dicha convivencia. 5. Seguidos diversos trámites, en auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, ante el desacato del demandado en presentar a sus hijos para la convivencia con su progenitora, se le impuso una sanción consistente en arresto administrativo por treinta y seis horas y se le requirió nuevamente para que los presentara en el día y hora programados; acuerdo que se ordenó notificarle personalmente. 6. Mediante constancias de nueve y diez de octubre de dos mil diecinueve, el Notificador adscrito al juzgado de origen, hizo constar la imposibilidad para notificar personalmente el precitado auto, al demandado, en su domicilio procesal; las cuales fueron proveídas el dieciséis siguiente, en el sentido de ordenar su notificación por Boletín Judicial, incluso las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. 7. Luego, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la que, entre otras cosas, se resolvió conceder a la actora la custodia definitiva del menor quejoso S.A.R.M., y se ordenó al demandado su entrega inmediata; la cual se declaró firme en auto de doce de abril siguiente. 8. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el demandado promovió incidente de nulidad de actuaciones a partir de la constancia levantada por el Notificador el diez de octubre de dos mil diecinueve, mismo que se admitió en auto de dieciocho siguiente. 9. Seguido el trámite del incidente de mérito, mediante resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, lo declaró improcedente. -Determinación que constituye el acto reclamado-. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente sumario constitucional, se centra en determinar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos fundamentales de la parte quejosa. II. Concepto de violación. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis registrada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." III. Decisión sobre la litis constitucional. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer. En los mismos, la parte quejosa alega, en esencia, que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en razón de que la responsable no realizó una interpretación y un estudio particularizado a los ordenamientos internacionales; además, debido a que transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, que debe imperar en toda resolución. Lo anterior, aduce la parte peticionaria del amparo, en razón de que la juez responsable debió adoptar la interpretación más favorable con relación a la procedencia del incidente hecho valer; aunado a que inobservó lo manifestado en dicha incidencia, en el sentido de que la finca que se señaló en la constancia impugnada, no es la misma al domicilio procesal que señaló en el juicio natural, y el notificador no se cercioró de ello por otros medios. Asimismo, arguye, que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, y que en la misma se dejó de observar y ajustar a las exigencias del procedimiento judicial, atendiendo al interés superior del menor, ante las incongruencias que se suscitaron en el procedimiento. Ahora, la inoperancia de los conceptos de violación, radica en que, respecto a la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones contra actuaciones practicadas con anterioridad al dictado de la sentencia ejecutoria, como en el caso concreto acontece, tal y como se evidenció en el considerando sexto que antecede, existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta obligatoria para este órgano de control constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de amparo, y sexto transitorio del propio ordenamiento legal. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, estableció que el dictado de la sentencia ejecutoria en toda controversia jurisdiccional cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad, respecto de las actuaciones practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda, o bien, durante la etapa de ejecutorización, pues en observancia del principio de cosa juzgada, una vez acontecido ello, no puede retrotraerse el incidente de nulidad hacia las actuaciones practicadas con anterioridad. Lo anterior, en razón de que el incidente de nulidad no puede proceder cuando es planteado contra alguna notificación practicada con anterioridad al dictado de un fallo firme, porque su regulación jurídica no le proporciona los alcances de destruir la firmeza de una sentencia definitiva; considerar lo contrario, llevaría al extremo de destruir la autoridad de la cosa juzgada y, consecuentemente, la trasgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica. Efectivamente, en caso de que prosperara la mencionada incidencia no afectaría solamente a la notificación impugnada sino que, como efecto directo, tendría que dejarse insubsistente una resolución definitiva que ya fue declarada ejecutoriada, lo cual no es factible jurídicamente. Tal criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia 30/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, página 12, registro 205424, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso". Criterio que sirvió de fundamento en el acto reclamado, tal y como se advierte de su contenido. En ese sentido, se reitera que los motivos de inconformidad en cuestión resultan inoperantes, habida cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció sobre el tópico de la procedencia de la resolución impugnada, lo cual torna innecesario su análisis pues, con independencia de su eficacia, el acto reclamado debe subsistir atendiendo a la referida jurisprudencia de observancia obligatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1o.5 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de 2000, página 724, con número de registro 191146, que a la letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación, y por ende innecesario su análisis, en los que en relación al fondo del asunto planteado en los mismos, ya existe jurisprudencia definida que resulta obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñen a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con la aplicación de la misma se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la parte quejosa, ningún beneficio obtendría esta última el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de la obligatoriedad de ésta, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en la misma.". Adicionalmente, debe decirse que no se inadvierte lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable debió adoptar la interpretación más favorable al inconforme, con relación a la procedencia del incidente de origen; sin embargo, ello también deviene inoperante, debido a que implicaría que juez de primera instancia inaplicara o controvirtiera las consideraciones en que se basó el Máximo Tribunal para emitir la precitada jurisprudencia 30/94. Lo cual no es jurídicamente posible, en términos de lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 64/2014, cuyo rubro y texto establecen: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica". En efecto, uno de los derechos fundamentales es precisamente la seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, la cual se haría nugatoria si la obligatoriedad de la jurisprudencia dependiera de lo que en cada caso determinaran los órganos jurisdiccionales que por disposición legal, tienen el deber de acatarla, precisamente para que prevalezca el criterio del órgano límite o del órgano terminal. Lo anterior es así, ya que la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, por disposición expresa de los artículos 192 de la abrogada Ley de Amparo y 217 de la normatividad vigente, que expresamente consagran lo siguiente: "Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la transcripción anterior, se puede evidenciar que ambos preceptos son coincidentes en cuanto disponen que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, es obligatoria para las Salas y, además, para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales, y que, a su vez, la jurisprudencia que emitan las Salas del Alto Tribunal cobra obligatoriedad para el resto de las autoridades jurisdiccionales señaladas. En el entendido de que la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito, es obligatoria para cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y de los Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Del mismo modo, la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito. De todo lo anterior, se puede concluir que las interpretaciones y consideraciones jurídicas que hacen los órganos judiciales establecidos expresamente por la ley, genera obligatoriedad a todas las autoridades jurisdiccionales inferiores, en el sentido de que éstos tienen que acatar dichas interpretaciones y consideraciones para dilucidar un punto de derecho que se suscite en un caso concreto semejante a aquel que originó la formación de la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia obligatoria es en relación con los órganos a los que obliga, de naturaleza similar a las normas jurídicas; esto es, cuando una decisión jurisdiccional es declarada formalmente obligatoria para las decisiones futuras, desempeña exactamente el mismo papel que la ley. Además, se precisa que en el caso concreto resultan aplicables las jurisprudencias que se citan en la demanda, relativas a la precedencia del incidente de nulidad de notificaciones, tales como las de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL" y "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Pues las mismas versan sobre la impugnación de la notificación realizada contra una sentencia dictada en el juicio de amparo, cuestión ajena a la que se trató incidente de origen. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. En la especie no resulta necesario hacer mayor pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por las partes, toda vez que los mismos no integran la litis, de acuerdo con la jurisprudencia 1315 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, publicada en el Apéndice 1917 - septiembre 2011, tomo II (registro 1003194), de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por derecho propio y en representación de su menor hijo S.AR.M., contra el acto que reclama del Juez Séptimo de lo Familiar y de la Jueza Cuarto Auxiliar Especializada en Materia Familiar, ambos del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la tercera interesada recurrente.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Secretario de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con lo cuales, en atención al requerimiento de tres de mayo del año en curso, informa que las notificaciones requeridas se realizaron mediante cédula que se fijó en los estrados de dicha junta; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Causal de sobreseimiento. Respecto a la causal de sobreseimiento que se hace valer, será considerada en el momento procesal oportuno.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. I. Vías de cumplimiento. Visto el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de once de mayo del año en curso, remite copia certificada del oficio ****, a fin de acreditar las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, agréguense a los autos, para los efectos legales correspondientes, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. II. Se concede prórroga. Atento a su solicitud, dígasele que se otorga una prórroga de diez días para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo, los cuales correrán a partir de la notificación del presente acuerdo. III. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). IV. Superior conmina. Por otra parte, visto el oficio signado por el Director de lo Jurídico Contencioso en representación del Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio ****, de su índice, conminó al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, a fin de que cumpla con el fallo protector, y al efecto, remite el acuse de recibo relativo al oficio de referencia; al respecto, agréguese a los autos el oficio de mérito y anexo adjunto, y se tiene a la oficiante informando lo anterior, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado en el proveído dictado el once de mayo de dos mil veintidós.
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