José Guadalupe Sánchez Beltrán
Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guadalupe Sánchez Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno principal incidental, encuadran en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el juicio de amparo, así como negado la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que se estima que los mismos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS. Finalmente, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito al Área de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación número 1003201712934, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
. ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO 530/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 530/2018 promovido por José Guadalupe Sánchez Beltrán contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en representación del Procurador. Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en representación del Fiscal Regional de Morelia. Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades DRSP-PAR-53/2013. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento presentado ante el Oficial de Partes, el trece de agosto de dos mil diecisiete. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-530/2018, promovido por José Guadalupe Sánchez Beltrán, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, José Guadalupe Sánchez Beltrán, presentó demanda de amparo contra actos del Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración y ratificación del escrito inicial de demanda, por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; asimismo, cabe señalar que por auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó suspender toda comunicación con la autoridad señalada como Director de Agentes del Ministerio Público Región Morelia, con sede en esta ciudad, por no existir bajo esa denominación; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 36 y 37 de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Procurador de Justicia del Estado de Michoacán y Fiscal Regional de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad, la omisión de vigilar que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora. Del Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, la omisión de investigar los hechos denunciados y que dieron origen a la carpeta de investigación 1003201712934. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son inexistentes los actos reclamados omisivos imputados a las referidas autoridades responsables, ello en principio porque el Procurador de Justicia del Estado de Michoacán y el Fiscal Regional de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad, no tienen facultades para exigir al Ministerio Público que integre y resuelva lo que en derecho corresponda en la carpeta de investigación, en donde el hoy quejoso se ostenta con el carácter de víctima u ofendido, dado que el Agente del Ministerio Público es el único autorizado para ejercer acción penal, en representación de la sociedad y en nombre del Estado, conforme lo estable el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en relación con la omisión reclamada al agente responsable, cabe destacar que la inexistencia del acto también se encuentra evidenciada con la documental que al efecto remitió la citada autoridad junto con su informe justificado. Medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ahora bien, los actos reclamados implican una omisión o abstención que se le atribuye al representante social; por su parte, la negativa que la autoridad responsable emite en este tipo de actos, propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye. Circunstancia que, como se adelantó, se advierte de las constancias que el agente responsable acompañó a su informe justificado, del que se desprende que se han practicado diversos actos de investigación tendentes a esclarecer los hechos, motivo por el cual en su momento se envió la carpeta al área de litigación, por considerar que ya estaba debidamente integrada, no obstante dicha carpeta fue devuelta para que se incorporaran diversos actos de prueba, por lo que en cumplimiento a dichas observaciones es que el representante social procedió a solventar los aspectos destacados. De ahí que, el agente responsable señale en su informe justificado que la última observación que falta de solventar acorde a lo señalado por el Ministerio Público de Litigación región Morelia en el oficio de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 250 del cuaderno de pruebas), corresponde a la necesidad de tener un domicilio para notificar al imputado para que sea citado a la audiencia de formulación de imputación. Lo anterior evidencia, que el representante social señalado como responsable no ha dejado de realizar los actos de investigación conducentes en la carpeta, ya que incluso esta ha sido devuelta para que se recaben diversos y si a la fecha no se ha judicializado la investigación es virtud a que el área de litigación le ha requerido para que solvente las observaciones que en su momento se destacan, siendo que la última data del trece de julio de dos mil dieciocho. Circunstancias que evidencian que no ha existido una omisión de parte del agente responsable ya que ha realizado cuanto acto le ha sido requerido para lograr la judicialización de la carpeta de investigación respectiva. De ahí, que como bien lo refiere el agente responsable no se incurrió en las omisiones reclamadas por la parte quejosa, ya que desde que se se tuvo conocimiento de los hechos no se ha dejado de actuar en la investigación y se han solventado prácticamente todas las observaciones destacadas por el área de litigación, quedando únicamente pendiente proporcionar dato sobre el domicilio del imputado para citarlo a la audiencia de formulación de imputación, dato que el área de litigación ha estimado necesario, de ahí que las omisiones reclamadas sean inexistentes. Tienen aplicación al respecto la jurisprudencia número I.3o.A. J/21 publicada en la página 660, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y textos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Y la tesis número I.4o.A.7 K del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, página 449, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es como sigue: "ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. DIFERENCIA ENTRE. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de autoridad a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Por ende contrario a lo afirmado por el recurrente debe decirse que los actos cuya existencia fue negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos como lo pretende el inconforme, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado, de ahí que la carga de la prueba correspondía al quejoso, es decir que éste tenía el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "El que afirma debe probar". Negativa la anterior que la parte quejosa no desvirtuó con ningún medio de convicción y, por el contrario, existe prueba de que el representante social cumplió con su obligación, sin incurrir en las omisiones reclamadas; de ahí que con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio, respecto de dichos actos omisivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 a 2000, del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, en relación con la fracción V, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Guadalupe Sánchez Beltrán, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil dieciocho. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la imposibilidad de emplazar a la autoridad que en su escrito inicial de demanda señaló como Director de Agentes del Ministerio Público de la Región Morelia, con sede en esta ciudad, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiere hecho. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos formulados en los proveídos en cita, lo cual conduce a tener por inexistente a dicha autoridad y suspender toda comunicación con la misma. Continuando con la vista de los autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de uno de agosto de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeMach
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