José Guadalupe Salvador Arcos

Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • José Guadalupe Salvador Arcos

Actuaciones

  1. Principal

    :: Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda, de conformidad con el numeral 21, inciso d) del citado acuerdo general conjunto, se determina que el presente expediente, es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, mismo que a lo que interesa refiere: "I. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Salvador Arcos, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 657/2022-IV. III. Decisión sobre la acción de amparo. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de notificar a las partes el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral 428/2019, del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, a efecto de que puedan comparecer al desahogo de la prueba testimonial señalada para las nueve horas con treinta minutos de esta fecha. Luego, el suscrito advierte que respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual prescribe que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, como se advierte de su literalidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Para fijar el alcance de la causa de improcedencia en consulta, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Luego, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la ley de la materia (previamente transcrito), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad o convencionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. De tal forma, la causa de improcedencia en consulta se actualiza cuando los efectos del acto reclamado que formalmente subsiste pero cuyo objeto o materia dejó de existir, no han afectado la esfera jurídica del quejoso y se modifica el entorno en el cual fue emitido, de modo que la protección que en su caso se concediera, carecería de efectos. Sirve de fundamento para lo antes apuntado, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se destacó en líneas anteriores, la parte quejosa impugna en esta instancia constitucional la omisión de notificar a las partes el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral 428/2019, del índice de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, a efecto de que puedan comparecer al desahogo de la prueba testimonial señalada para las nueve horas con treinta minutos de esta fecha. En esas condiciones, resulta claro que de acuerdo a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, subsiste la omisión reclamada; es decir, la de notificar a las partes el acuerdo en que se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida en autos, a efecto de que puedan comparecer a dicha audiencia. Sin embargo, en caso de concluirse en este juicio de amparo que la referida omisión es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estima violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, ya que la fecha programada para el desahogo de la prueba testimonial es para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós; es decir, para el día de hoy. De ahí que ningún fin práctico tendría constreñir al actuario responsable, a partir de la ejecución de la sentencia de amparo, a notificar el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pues evidentemente las partes ya no estarían en aptitud de comparecer en la fecha y hora ahí señaladas para el desahogo de la prueba en comento. Además, en el particular, aun cuando subsiste la omisión reclamada -de notificar a las partes el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós- se estima que, dada la naturaleza del acto impugnado, no deja alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, susceptible de reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, sino que se trata de una alegada violación de naturaleza adjetiva que únicamente tendría como consecuencia la continuación del procedimiento laboral de origen. En efecto, el hecho de que se encuentre señalada para el día de hoy la audiencia en que habría de desahogarse la prueba testimonial en comento, conllevaría que ante la incomparecencia de las partes por no encontrarse notificadas, no pueda verificarse el desahogo de dicha prueba en forma contraria a los intereses de la amparista y de ser procedente, la junta habría de señalar nueva fecha y hora para tal efecto y proveer respecto a las nuevas notificaciones y citaciones. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por José Guadalupe Salvador Arcos, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y Actuario de su adscripción. IV. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. 1. Parte quejosa: José Guadalupe Salvador Arcos. a. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señalan en el escrito de demanda, el cual se encuentra en esta ciudad. b. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a Anastasio Bautista Nicólas, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rubí Mercedes Chan Sosa y Selenia Córdova Ballona, hasta en tanto acrediten su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, o demuestren encontrarse autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho o abogadas. c. Autorización de consulta electrónica de expediente. Atendiendo a la solicitud de la parte quejosa y vista la certificación secretarial de cuenta, con apoyo en los artículos 3° y 30, fracción II de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Anastasio Bautista Nicolás, bajo el nombre de usuario "anastasiobautista1". d. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico que refiere, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. V. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha mantenido la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de los casos urgentes, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, se exhorta a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, la rendición de los informes de ley o de cualquier comunicación dirigida a este Juzgado se realice a través de medios que permitan privilegiar dicho esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx)- o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea). Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. VI. Requerimiento de contacto a las partes. Ahora, con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se requiere a las partes del presente asunto para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VIII. Aviso de privacidad y transparencia. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo."

  3. Principal

    :: Notificación personal a la parte quejosa del auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós.

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