José Guadalupe Salazar Meza

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • José Guadalupe Salazar Meza
  • Director General del Centro Penitenciario Federal número 5 Oriente, Villa Aldama, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el lugar de su reclusión y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los dos primeros oficio de cuenta, presentados por el Titular de la Delegación Veracruz de la Defensoría Pública Federal, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó por auto de veintiséis de noviembre del presente año, informa que designó como defensora pública federal del aquí quejoso a Diana Laura Yáñez Martínez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En consecuencia, dese vista a dicha defensora pública federal con el presente asunto, para que se imponga de los autos que lo integran, a fin de que manifieste lo que convenga a los intereses del quejoso José Guadalupe Salazar Meza, para los efectos legales a que haya lugar. Por cuanto hace al último oficio de cuenta, téngase por rendido, de manera conjunta, el informe justificado de las autoridades responsables denominadas Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica en suplencia por ausencia del Director General y Director de Seguridad, ambas del Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de las referidas autoridades responsables las documentales que anexaron a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicitan las autoridades responsables, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, los oficios de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tienen pleno valor probatorio al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2178, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2016852, bajo el rubro siguiente: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la defensora pública federal, la determinación que dice: Ténganse por recibidos los dos primeros oficio de cuenta, presentados por el Titular de la Delegación Veracruz de la Defensoría Pública Federal, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le realizó por auto de veintiséis de noviembre del presente año, informa que designó como defensora pública federal del aquí quejoso a Diana Laura Yáñez Martínez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En consecuencia, dese vista a dicha defensora pública federal con el presente asunto, para que se imponga de los autos que lo integran, a fin de que manifieste lo que convenga a los intereses del quejoso José Guadalupe Salazar Meza, para los efectos legales a que haya lugar. Por cuanto hace al último oficio de cuenta, téngase por rendido, de manera conjunta, el informe justificado de las autoridades responsables denominadas Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica en suplencia por ausencia del Director General y Director de Seguridad, ambas del Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de las referidas autoridades responsables las documentales que anexaron a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicitan las autoridades responsables, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, los oficios de cuenta, recibidos vía correo electrónico, tienen pleno valor probatorio al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias.

  4. Principal

    Vista la diligencia de notificación y ratificación de cuenta, y en atención a su contenido, en tiempo se tiene por desahogada la prevención de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, formulada al quejoso José Guadalupe Salazar Meza, en relación a la demanda de amparo promovida en su favor, contra actos reclamados al Director General del Centro Penitenciario Federal número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad, la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 1066/2019 IV-A En mérito de lo anterior, se provee lo siguiente: SE ADMITE la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda. SE ITERA LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONCEDIDA Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que sigue subsistiendo la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, atendiendo a la naturaleza de los actos que el quejoso reclamó en su demanda de amparo, se concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cesaran de inmediato las agresiones y amenazas que importen peligro a la vida del quejoso acto que ya se estudió, el cual no es susceptible de ser analizado en el incidente de suspensión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir sus informes justificados: a) Comuniquen el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remitan la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: Que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables sean inexistentes, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refieren la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, se determina que no existen los mismos, dada la naturaleza del acto que por esta vía se combate. LAS NOTIFICACIONES AL QUEJOSO, con motivo de que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, deben llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Además, la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de Internet. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos a las autoridades responsables se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. PETICIONES Ahora bien, tomando en consideración que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se reservó acordar respecto a la vista solicitada por el quejoso con los presentes autos a la Agente del Ministerio Público de la Federación en relación a su actos de agresión de los que aduce es objeto, dígasele que la fedataria judicial asentó en la diligencia de ratificación que no advertía señales de golpes, tortura física o maltrato; sin embargo, asentó que el quejoso manifestó que sufre de violencia pscológica; por tanto, toda vez que debe establecerse que de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho humano fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1o., 6o. y 8o. disponen: "Artículo 1o. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención". "Artículo 6o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.". "Artículo 8o. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.". De los preceptos transcritos se colige que el Estado Mexicano se obligó a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, entre las cuales se encuentran las siguientes: 1. Garantizar el derecho de toda persona que denuncie haber sido torturada a que su caso sea examinado imparcialmente. 2. Garantizar que cuando exista una denuncia o razón para creer que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades intervendrán oficiosa e inmediatamente para realizar una investigación sobre el caso e iniciar, cuando corresponda, un proceso penal. Cabe mencionar que, en congruencia con los referidos deberes del Estado Mexicano, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se estableció: "Artículo 11o. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento". Así pues, con base en los artículos 1o. y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o., 6o. y 8o. de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se advierte que las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. Además, atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, deben tomar medidas a efecto de que las autoridades competentes procedan a investigar al respecto. Acorde con lo anterior, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en sus artículos 12 y 13, establecen la obligación de velar porque siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. Asimismo, debe garantizarse que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, debiéndose tomar medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. En consecuencia, procede denunciar los hechos de tortura psicológica alegados por el quejoso en la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1º, 3º y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por tanto, mediante oficio al que se adjunte copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio se dispone dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, para que en su calidad de representante de la Procuraduría General de la República gestione lo conducente y, en su caso, turne las actuaciones al organismo que corresponda dentro de dicha dependencia, para que bajo la investidura de representante de la sociedad actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales, así como de conformidad con los estándares internacionales en la investigación sobre probables actos de tortura (física y psicológica) alegada por el quejoso. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCVII/2014 ( 10a ), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Ahora bien, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo que Diana Laura Yáñez Martínez lo represente en el presente juicio de amparo; sin embargo, manifestó que no deseaba ser representado en este juicio por dicha abogada y solicitó que este juzgado le nombrara uno de oficio. En consecuencia, gírese atento oficio al Titular de la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, con el propósito de que, de no tener inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificado, provea lo que en derecho corresponda, designe defensor jurídico federal para que represente en el presente juicio de amparo al quejoso para lo cual se le remite copia de la demanda de amparo, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa a de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente. ALEGATOS de la diligencia actuarial se advierte que el quejoso realiza diversas manifestaciones en relación a Víctor Hugo Velázquez Rosas, quien fue Juez de Distrito en el Estado de Colima, Rogelio Manuel Figueroa Velásquez Director del Centro de Reclusión donde se encuentra, Ex General de la Dirección de Infantería y Director del Consejo Nacional de Seguridad, Jaime Fernández López Director de Seguridad, Jesus Zavala Valdez, debido a las omisiones que aduce realizaron por tanto se tienen estas a título de alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de Control Jurídico en suplencia del Director General y Encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia en representación del Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor del aquí quejoso; por tanto, dése vista al mismo para que manifieste los que a sus intereses legales convenga.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano