José Guadalupe Ruiz Hernández
Expediente 603/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Guadalupe Ruiz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual acusa recibo del diverso 8922/2017 del índice de este juzgado, con el que se le notificó el proveído de veintidós de mayo del año en curso, y se le devolvió el tomo de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, Capital, del sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, dado el sobreseimiento decretado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, así como al Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Glósese el sobre que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mismo que contiene el despacho número 151/2017-II del índice de este juzgado, dirigido al Juez Penal de Partido de Comonfort, Guanajuato, de que se advierte la inexistencia de dicha autoridad; en tal virtud, dado que el veintiséis de los actuales, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, se ordena la cancelación de la citada comunicación. En ese sentido, se ordena dar baja la citada comunicación y hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE AL QUEJOSO: Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinte de los actuales, allega copia certificada de la sentencia dictada el dieciocho de enero del año en curso, dentro de expediente 74/2014 de su índice. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. El acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la resolución de diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del toca 87/2016 de su índice, en la cual se confirma el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de los proveídos de doce y trece de mayo del año en curso, dictados por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, proveídos mediante los que el Juez de la causa negó la admisión de la garantía hipotecaria para obtener el beneficio de libertad provisional como caución de la reparación del daño. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Juez de la causa dentro de expediente 74/2014 de su índice, dictó en contra del quejoso José Guadalupe Ruiz Hernández, sentencia condenatoria por el delito de fraude, en agravio de ********** y **********, imponiéndole al quejoso: Una pena de siete años de prisión, la cual deberá compurgar en el lugar que designe la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, bajo el control del Juez de Ejecución, descontándosele el tiempo que ha estado en prisión preventiva, esto es, a partir del veintisiete de noviembre de dos mil quince. Una multa de setenta días, a razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), lo que arroja un monto de $4,135.60 (cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 60/100 M.N.). La suspensión de sus derechos electorales por el lapso que impone la pena privativa de la libertad. El pago de la reparación del daño, debiendo pagar las siguientes cantidades: $1,328,460.00 (un millón trescientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) a favor de **********, y la suma de $2,600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **********. Y finalmente, se le niegan al quejoso los beneficios de la conmutación de sanciones y de la condena condicional, así como los sustitutivos de la pena de prisión consistentes en el trabajo a favor de la comunidad y la semilibertad condicionada. III. En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la resolución de diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, dentro del toca 87/2016 de su índice, que confirma el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de los proveídos de doce y trece de mayo del año en curso, que niegan la admisión de la garantía hipotecaria para obtener el beneficio de libertad provisional como caución de la reparación del daño, deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la resolución reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera versa única y exclusivamente sobre el desechamiento del recurso de apelación que el quejoso interpuso para la obtención de su beneficio de libertad provisional bajo caución durante el proceso, a través de la admisión de la garantía hipotecaria para la reparación del daño, y la segunda resuelve por completo el procedimiento llevado en su contra, así como lo relativo a su privación de la libertad; lo que trae como resultado que, la última resolución dictada puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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