José Guadalupe Rodriguez Bolaños
Expediente 331/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Guadalupe Rodriguez Bolaños
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, Capital, por el cual acusa recibo del oficio 4095/2017, por el que se le envío el original del juicio de amparo 331/2017, promovido por ********************; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado, y se avocó al conocimiento del citado juicio. Por tanto con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este Juzgado.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ********contra actos del Juez de Partido Civil especializado en Materia Familiar en San Miguel de Allende, Guanajuato, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado con el número 331/2017. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: La multa que se le impuso en la reanudación a la audiencia de juicio celebrada el veinte de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio oral ordinario F-322/2015, emitida por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por otra parte, el impetrante alega esencialmente en la demanda de amparo, que la imposición de la multa deriva de violaciones al procedimiento, por parte del juez responsable en el juicio oral citado con antelación, el cual se tramita en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por ende, la competencia se surte a favor del órgano en donde se encuentre el órgano emisor o a quien le corresponda la competencia a esa demarcación territorial -San Miguel de Allende, Guanajuato-, de ahí, que le corresponda conocer de la presente demanda al Juez de Distrito en turno en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, independientemente en donde se vaya ejecutar la multa reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.A.27 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de registro 2002125, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE UBICA EL TRIBUNAL AGRARIO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL PREDIO MATERIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN QUE OBSTE QUE LA MULTA SE IMPUTE A UNA AUTORIDAD EJECUTORA CON DOMICILIO DIVERSO, SI NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, una de las reglas para determinar la competencia por territorio del Juzgado de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En tales condiciones, si lo que se reclama es que un Tribunal Agrario hizo efectivo el apercibimiento por la violación a las medidas cautelares que decretó en relación con la enajenación de un terreno, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde aquél ejerce su jurisdicción, no obstante que la autoridad que ejecute la multa respectiva tenga su domicilio en lugar diverso, si dicha sanción no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de lo determinado acerca del desacato a la medida cautelar". En ese sentido, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, Capital. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en turno en Guanajuato, Capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló el ubicado en *** en la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta notificación, hágasele por medio de lista. Se le tiene autorizando en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral..
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