José Guadalupe Rivera Salinas
Expediente 183/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/08/2016
Partes del expediente
- José Guadalupe Rivera Salinas
- 1. Juez Noveno de Primera Instancia Penal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el dos de agosto de dos mil dieciséis, causo ejecutoria el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y se ordenó archivar el presente juicio como asunto concluido, sin embargo no se hizo pronunciamiento respecto al tomo de prueba remitido por la autoridad responsable 1. Juez Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro. En consecuencia, se ordena remitir UN TOMO DE PRUEBA, derivado de la causa penal 189/2015, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por oficio al Juez Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo dictado en autos, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al 1. Juez Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, de la causa penal xxde su índice. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Atento a que el quejoso xxxx, garantizó la suspensión definitiva concedida dentro de los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de garantías, los que quedan sin materia al haber causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal, se ordena poner a su disposición el billete de depósito xxx, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, el cual ampara la cantidad de tres mil treinta y cinco pesos 74/100 en moneda nacional ($3,035.74), apercibido que de no comparecer en el plazo de dos años ante este órgano jurisdiccional a que se le haga devolución del citado billete, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 36, 37, 45 y 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Indicándole que por razones de seguridad y orden el horario establecido para lo acordado es los martes de nueve a doce horas. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. Juez interina del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en atención a su contenido, se tiene a la autoridad en cita dando cumplimiento a lo requerido en proveído de diecisiete de junio del año en curso, dictado en la presente incidencia, en el sentido de informar que el quejoso x, compareció ante esa autoridad jurisdiccional, a fin de rendir su declaración preparatoria, dentro de los autos de la causa penal 189/2015, de su índice, circunstancia de la que esta autoridad toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por 1. la Juez Interina del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que el uno de julio de dos mil dieciséis, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso x, dictándole auto de término constitucional en donde se le decretó la formal prisión como probable responsable de la comisión del delito de lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por el artículo 127 fracciones IV y V, en relación al 14 fracción I, 129 y 131, fracción II, todos del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de x, y para tal efecto remite copias certificadas de dicho término constitucional con el que acredita su dicho. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias exhibidas por la autoridad se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.) De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia es el denominado "cambio de situación jurídica", mismo que se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a), el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, la causa penal 189/2015. Asimismo, se actualiza el elemento señalado en el inciso b), pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de la orden de captura reclamada. De igual forma, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica, ya que la orden de captura que reclamó el quejoso fue sustituida por el auto de formal prisión. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, es decir, de la orden de aprehensión y/o presentación, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del auto de formal prisión; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e) también se actualiza, ya que existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de amparo - aprehensión y/o presentación - y la nueva resolución dictada en el procedimiento - determinación de auto de formal prisión -, pues este última sustituye al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y/o presentación y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Lo ordenado encuentra fundamento también en la tesis aislada número XVII.1o.P.A.51 P, registro 167786, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo de Circuito, marzo de 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, foja 2687, que se transcribe: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así también, es aplicable a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia. El sobreseimiento citado se hace extensivo a las demás autoridades señaladas como responsables. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuatro minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente y por oficio a las autoridades responsables.
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