José Guadalupe Rendón Martínez
Expediente 1898/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1898/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/01/2019
Partes del expediente
- José Guadalupe Rendón Martínez
- Alejandro Bernal Hernández
- ALEJANDRO BERNAL HERNÁNDEZ y Otros.
- Ejido de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Estado de México
Actuaciones
- Principal
MESA I Por recibido el escrito signado por Juan Gabriel Jaimes Jaimes, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda. Con fundamento en la última parte del artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que solicita, previa razón que por su recibo sea asentada para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 87 a 90), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Mesa I. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA I. CITATORIO (QUEJOSO C.E.S.M.O.E.M.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ** mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia de la unión, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1898/2018-I. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho dictado por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil ** promovido por ** contra el núcleo agrario denominado ** a través del comisariado ejidal, en el cual se formó expediente y se registró; asimismo se previno al actor para que exhibiera determinadas constancias; y se le apercibió que de no hacerlo, no se admitiría su demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en el auto de prevención de cinco de noviembre de dos mil dieciocho dictado por el juez señalado como responsable, dentro del expediente ** promovido por ** contra el núcleo agrario denominado ** a través del comisariado ejidal. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los artículos citados en el párrafo que antecede, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y, en el caso, el auto dictado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio ordinario civil ** promovido por ** contra el núcleo agrario denominado ** no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el procedimiento natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de una violación que no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la promovente del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tanto la prevención como -en su caso- la admisión de la demanda son transgresiones que se reclaman podrán ser reparables en caso de obtener una resolución favorable en el juicio que se origine con motivo de dicho procedimiento natural, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso), al combatirse la resolución que dirima en definitiva el procedimiento de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ** al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. De conformidad con la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como domicilio procesal el señalado en el proemio de la demanda. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Tal y como lo solicita en su demanda de amparo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." SRG
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