Jose Guadalupe Prado Mendoza
Expediente 1289/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Guadalupe Prado Mendoza
Actuaciones
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, a través del cual devuelve el juicio de amparo 1289/2022, e informa que no comparte el criterio planteado por este Juzgado en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, mediante los cuales se le remitió el referido asunto por conocimiento previo; y al respecto, esencialmente argumenta lo siguiente: Que no se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, porque el juicio señalado como antecedente excede la temporalidad de cinco años requerida en relación con el amparo que se pretende vincular. Que en términos de lo previsto en el artículo 45 de la Sección Cuarta "Sistema Automatizado de Turno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, al Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos, y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, vigente a partir del quince de marzo siguiente, se podrá vincular un expediente con otro registrado con anterioridad dentro de la temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la Oficina de Correspondencia Común Correspondiente. Que el presente juicio de amparo lo recibió el ocho de noviembre de dos mil veintidós; mientras que el amparo 791/2017, señalado como antecedente, fue recibido el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, es decir, se registró hace más de cinco años; por lo que no corresponde al Juzgado oficiante avocarse a su conocimiento. Y al efecto, transcribe como antecedente, una parte del oficio SECNO/CT/387/2022 de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el cual contiene la resolución dictada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, derivada de la consulta formulada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el juicio de amparo 229/2022, en la que determinó que a dicho Juzgado correspondía conocer del juicio de amparo en mención, por actualizarse el motivo de temporalidad en mención. Este Juzgado comparte los argumentos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por lo que se ordena continuar con el trámite del juicio. PARTE QUEJOSA José Guadalupe Prado Mendoza, por propio derecho, en su calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-Oaxaca. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS. 2. Titular del Área Médica del citado centro de reclusión. 3. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social. ACTO RECLAMADO La falta de atención médica y suministro de medicamento controlado, consistente en clonazepam. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 17 Constitucionales, y demás aplicables. DESECHAMIENTO Atendiendo al acto reclamado consistente en: la falta de atención médica general, y suministro de medicamento controlado, consistente en clonazepam, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues es manifiesto que el medio de control constitucional que el quejoso intenta por la vía indirecta es evidente e indudablemente IMPROCEDENTE; por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque previo al juicio de amparo, el peticionario debe agotar la instancia judicial ante el juez de ejecución de la pena. En efecto, el numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Entonces, como quedó establecido con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Bajo esa premisa legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio o recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; con la condicionante de que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, no existe obligación de agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En el caso, como ya se precisó, el quejoso reclama la falta de atención médica y suministro de medicamento controlados, consistente en clonazepam, lo que constituye una omisión inherente a las condiciones de internamiento del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece y, por tanto, el acto omisivo recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de esos centros de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno se encuentra facultado para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En efecto, los artículos 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijo que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las Instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, e examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud". "Artículo 74. Derecho a la salud La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia". "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario". "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo". "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento". Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las Organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente Ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Los numerales transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que a petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses de los promoventes, estos pueden formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así, pues la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, como en el caso, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso colma los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el procedimiento administrativo contra la omisión reclamada, ante la autoridad penitenciaria Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca", pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en a Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la rey referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, enatención al principio de definitividad.". . Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad.". Sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio de amparo, ya que no existe un acto carente de fundamentación y motivación pues se reclamó una omisión; tampoco se alegan violaciones directas a la Constitución, ni se aprecia que la abstención reclamada produzca una violación directa a la Carta Magna, contrariamente, el incumplimiento de los deberes de darle atención médica por parte de la autoridad carcelaria originaría una violación a la norma secundaria de manera directa y a la Constitución Federal en forma indirecta; en tanto que el recurso se encuentra previsto en la ley aplicable que contempla su existencia. Tampoco se advierte que se está en la hipótesis de que la omisión reclamada comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento prohibido por el artículo 22 Constitucional, que haría procedente el juicio de amparo sin agotar el aludido medio de defensa, como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J.55/2019 (10ª), visible en la página 1270, del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2020430, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". En tales condiciones, como ya quedó precisado, en el caso, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, SE DESECHA la presente demanda, respecto del aludido acto reclamado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al advertirse, una causa manifiesta e indudable de improcedencia. NOTIFICACIÓN PERSONALAL QUEJOSO Por último, toda vez que el quejoso JOSÉ GUADALUPE PRADO MENDOZA se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 ...", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario en su busca, hecho que sea, le notifique el presente proveído. AVISO DE TRASLADO DEL ACTUARIO. En la inteligencia que se dará aviso al Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, del traslado del actuario del juzgado, al lugar donde se encuentra el aludido centro de reclusión. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su centro de reclusión.
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MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1289/2022. PARTE QUEJOSA José Guadalupe Prado Mendoza, por propio derecho, en su calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-Oaxaca. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS. 2. Titular del Área Médica 3. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social. ACTO RECLAMADO La falta de atención médica y suministro de medicamento controlado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 17 Constitucionales, y demás aplicables. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. CONOCIMIENTO PREVIO al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En ese sentido, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se localizó la existencia del diverso juicio de amparo indirecto 791/2017, promovido por José Guadalupe Prado Mendoza, y radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", y otras autoridades, del que reclama la falta de atención médica. Juicio de amparo en el que por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete se tuvo por no presentada la demanda de amparo y el trece de diciembre siguiente causó estado dicho auto. En tal circunstancia tenemos que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del quince de marzo de dos mil veintidós, que textualmente dispone: "ARTÍCULO 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I.- [.] II.- Los juicios de amparo directo o indirecto promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos." Bajo ese contexto, tenemos que en el presente juicio, el quejoso José Guadalupe Prado Mendoza, reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS, del Titular del Área Médica y del Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, la falta de atención médica y suministro de medicamento controlado. Conviene subrayar que, ambos juicios de amparo tienen estrecha relación en cuanto al acto y autoridades señaladas como responsables, tal y como se advierte a continuación: JUICIO DE AMPARO JUZGADO ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE 791/2017 Juzgado Segundo La falta de atención médica 1. Director General del Centro Federal de de Distrito en el Estado de Oaxaca Readaptación Social número 13 CPS 2. Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS. 1289/2022 Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca La falta de atención médica y el suministro de medicamento controlado 1. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS 2. Titular del Área Médica 3. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social Esto quiere decir, que ambos juicios de amparo promovidos por José Guadalupe Prado Mendoza, se analiza lo concerniente a la falta de atención médica, por ende se actualiza la relación de asuntos entre los juicios 791/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y el 1289/2022 del índice de este Juzgado, ya que corresponde al mismo acto reclamado en contra de las mismas autoridades responsables. SE DECLINA COMPETENCIA En ese tenor, por lo antes expuesto, los criterios generales de relación anotados en el invocado numeral transcrito emerge de un expediente jurisdiccional que involucra una resolución derivado de un expediente cuyo último antecedente se encuentra radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a saber, en el juicio de amparo 791/2017 de su índice. Esta circunstancia denota que, al actualizarse la hipótesis del artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se declara que es el citado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que tiene el último antecedente del asunto, le asiste legal competencia, por razón de turno, para resolver este juicio de amparo, por lo que se declina competencia a su favor. Con la salvedad de que el conocimiento previo que se plantea, es dentro de la temporalidad de los cinco años que marca el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del quince de marzo de dos mil veintidós, tomando en consideración la fecha en que se tuvo totalmente por concluido el juicio de amparo 791/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, siendo el trece de diciembre de dos mil diecisiete y aun cuando se haya tenido por no interpuesta la demanda en dicho juicio. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Por lo tanto, se ordena remitir la demanda de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que realice las anotaciones correspondientes y la turne al aludido órgano de control constitucional, a fin de que conozca del asunto y dicte la resolución que en derecho corresponda. Solicítese de la manera más atenta al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, remita el acuse de recibo respectivo. Con las constancias respectivas, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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