José Guadalupe Pinos Buendía
Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Guadalupe Pinos Buendía
Actuaciones
- Principal
I.- Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado ese auto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes y realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como concluido. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el juicio de amparo en que se actúa relativo se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del instrumento de referencia; por tanto, el expediente principal es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a la destrucción dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia.
- Principal
I.- Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once del mes y año que transcurre, remite copia certificada de las constancias con las que acredita que han sido remitidos y entregados los oficios a la Comisión Nacional Bancaria y Valores; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia certificada que remite como anexo al oficio de cuenta, documental que tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dispone: . Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa, en su demanda de amparo reclama la omisión de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, de girar los oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que esta última, informe sobre las cuentas bancarias de la parte demandada en el juicio laboral ..., cuya petición se advierte de los antecedentes que narra, la realizó el seis de julio del año en curso. Atento a lo anterior, la suscrita considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto: . La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: . De igual manera apoya a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, del tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor literal: . Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al impetrante de amparo en el goce de la garantía individual violada. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicha causa de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la actuación de la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, y de las constancias remitidas en apoyo a su oficio de cuenta, se aprecia que el cinco de agosto de este año, la responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa, de fecha seis de julio pasado; luego, el nueve de agosto de la presente anualidad, envío la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de cuyo acuse se advierte que fue revisada y aceptada para su gestión; por tanto, atendiendo a la eficacia demostrativa de las actuaciones remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, el acto impugnado por esta vía, consistente en la omisión de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en el juicio laboral ..., ha dejado de surtir efectos legales. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente. . Sobre la base de lo relatado con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar el sobreseimiento y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretarlo, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, del texto y rubro: . En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento en los términos antes precisados, procede dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por los motivos expuestos con antelación.
- Principal
I.- VISTO EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, MEDIANTE EL CUAL, RINDE INFORME JUSTIFICADO EN EL CUAL NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, DÉSE VISTA CON SU CONTENIDO A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENEN COMO PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA DOCUMENTAL QUE REMITE, CONSISTENTE EN DIVERSAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE LABORAL... SIN PERJUICIO DE SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR OTRA PARTE, TODA VEZ QUE EN EL INFORME DE CUENTA, LA RESPONSABLE INDICA QUE EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE REFIERE, ACORDÓ TODAS LAS PROMOCIONES DE LA PARTE ACTORA AHORA QUEJOSA, Y QUE EL OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO GIRÓ LOS OFICIOS A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A TRAVÉS DEL PORTAL QUE REFIERE. POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62 Y 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 297, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU NUMERAL 2°, REQUIÉRASE A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN-TEXCOCO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, REMITA COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA CON LAS QUE ACREDITE QUE, CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE CINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, HAN SIDO REMITIDOS Y ENTREGADOS LOS OFICIOS A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA LOS EFECTOS AHÍ INDICADOS. APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASÍ, SE HARÁ ACREEDORA A UNA MULTA DE CINCUENTA DÍAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE A ESTA FECHA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 237, FRACCIÓN I Y 259, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. TIENE APLICACIÓN LA JURISPRUDENCIA 1A./J.163/2005, SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA PÁGINA 319, TOMO XXIII, ENERO DE 2006, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, NOVENA ÉPOCA, MATERIA COMÚN, DE RUBRO Y TEXTO... LO ANTERIOR, NO OBSTANTE QUE REMITIÓ COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD FOLIO... SIN EMBARGO, DE LAS CONSTANCIAS QUE ACOMPAÑA SE ADVIERTE QUE DICHA SOLICITUD FUE RECHAZADA POR LOS MOTIVOS AHÍ INDICADOS.
- Principal
I.- NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · 7,342 expedientes
- José Guadalupe Beltrán Lozano176/2022
- José Guadalupe González Barbosa549/2022
- José Guadalupe Granados Bonifacio1684/2018
- José Guadalupe Granados Bonifacio351/2018
- José Guadalupe Granados Bonifacio808/2019
- José Guadalupe Pinos Buendía246/2019
- José Guadalupe Ramírez Zúñiga192/2021
- José Guadalupe Ramírez Zúñiga484/2021
- José Guadalupe Ramírez Zúñiga788/2018
- José Guadalupe Tilano Arriaga y Otros.967/2018
- José Guillermo Chávez Álvarez862/2021
- José Guillermo Marinho1906/2017