José Guadalupe Pech Balan y Otros.
Expediente 1102/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Guadalupe Pech Balan y Otros.
- José María Pech
- José Guadalupe Pech Balan
- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
- Ector Gonsalo Lópes Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 195/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta en dieciocho fojas útiles el testimonio de resolución dictada en el toca de queja 126/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por José Guadalupe Pech Balam, como representante común de la parte quejosa, en contra del auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda; testimonio del cual se advierte que el Tribunal Colegiado en cita declaró INFUNDADO dicho recurso. Acúsese recibo. Se ordena ARCHIVAR este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 5916/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del original y copia del escrito de agravios del recurso de queja interpuesto por José Guadalupe Pech Balan representante común de la parte quejosa, contra la resolución de nueve de octubre del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito, así como la certificación de las constancias relativas al presente expediente, y mediante el cual este Juzgado Federal rindió su informe sobre la materia de la queja; asimismo la Superioridad de mérito informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, registrado con el número 126/2018; constancia que se ordena agregar a este expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso el quejoso José Guadalupe Pech Balan, representante común de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual interpone recurso de queja contra del proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, al cual anexa el original y tres copias del escrito de expresión de agravios. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una copia del aludido escrito de expresión de agravios, y en su oportunidad, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase copia certificada de las constancias conducentes que integran el presente juicio de amparo 1102/2018-VI; así como el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos que en derecho correspondan, y la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Pech Balan, representante común de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple con la prevención de veintisiete de septiembre del año en curso. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, en el caso el acto reclamado versa esencialmente en la falta de notificación y emplazamiento a las asambleas de veintiséis de junio de dos mil doce y veintidós de agosto de dos mil trece, respecto del ejido de San Antonio Yaxche, Yucatán, así como el posible despojo o desposesión de los terrenos ejidales con motivo de dichas asambleas y su validación. En ese orden de ideas, se estima que en la especie, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, la anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Así, como se señaló con antelación en el caso la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, la falta de notificación y emplazamiento a las asambleas de veintiséis de junio de dos mil doce y veintidós de agosto de dos mil trece, respecto del ejido de San Antonio Yaxche, Yucatán, así como el posible despojo o desposesión de los terrenos ejidales con motivo de dichas asambleas y su validación. De lo que, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa provienen de lo acordado en las referidas asambleas ejidales, en contra de las cuales las leyes aplicables a la materia agraria de donde se origina el acto que se reclama, prevé la existencia de un juicio a través del cual la parte quejosa puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. El artículo 18, fracciones IV y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, prevé: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; (.) VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias". Del contenido de dicho precepto legal, se advierte que los Tribunales Unitarios Agrarios serán competentes para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación y de los demás asuntos que determinen las leyes y que no estén previstos en las fracciones de dicho numeral, es decir, lo previsto por los artículos de la Ley Agraria antes mencionados. De ahí que, el juicio de amparo intentado contra el acto reclamado es improcedente, en razón de que previamente a su interposición, la parte quejosa debió instaurar en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, por medio del cual pudo revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado, de modo que al no agotar la instancia ordinaria, la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad en que se sustenta el juicio constitucional. Es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 970 del Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dicen: "TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA EXPEDICION Y PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AUTORIDADES EJIDALES. El Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer de la expedición y publicación de las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, para la elección de autoridades internas del ejido, conforme al artículo 18, fracción VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque se está ante un conflicto derivado de un acuerdo de Asamblea General de Ejidatarios, y siendo ésta el órgano máximo de representación del núcleo de población, es inconcuso que el Tribunal Unitario Agrario goza de facultades para conocer del mismo, de acuerdo con dicho precepto legal; asimismo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 en relación al 166, de la Ley Agraria, los Tribunales Unitarios Agrarios en tratándose de juicios agrarios, tienen la facultad de proveer respecto de las diligencias precautorias necesarias, así como para acordar la suspensión del acto de autoridad, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo". Igualmente se invoca, la tesis con registro 237081, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AGRARIO. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, LEGITIMACION EN PROCEDIMIENTO DE. El procedimiento para declarar la nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias se iniciará de oficio o a petición de parte interesada ante la Comisión Agraria Mixta; si se trata de nulidad de las asambleas, solamente podrá ser promovida por el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia o por el veinticinco por ciento de los ejidatarios o comuneros. En tales condiciones, el procedimiento de nulidad de actos y documentos que promueve quien no está facultado para ello en contra de un acuerdo tomado en asamblea general extraordinaria, la sentencia emitida en el mismo, así como su ejecución, resultan ilegales por carecer de legitimación el actor para instaurar el citado procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 407, párrafo tercero, de la Ley Federal de Reforma Agraria; por lo que es jurídicamente correcta la sentencia que otorga el amparo respecto de esos actos." En esa tesitura, el impetrante del amparo pasó por alto el principio de definitividad, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la inteligencia de que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer ante el Tribunal Unitario Agrario, donde podrá interponer el juicio de nulidad a que hizo referencia en este acuerdo. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente, la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 334, del Tomo X, correspondiente al mes de julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 218901, que señala: "AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. LEGALIDAD DE LA. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VIA IDONEA PARA IMPUGNARLA. El juicio de garantías no es la vía idónea para combatir la ilegalidad de las Asambleas Generales de Ejidatarios, puesto que para ello existe un procedimiento especial previsto en la Ley de la Reforma Agraria. En el capítulo correspondiente a la "nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias" en los artículos 406 a 412 se detalla el procedimiento a seguir para impugnar de ilegales tales actos y, por su parte, el artículo 36 de la propia Ley dispone: "Toda controversia sobre la legalidad de las convocatorias, la validez de las Asambleas Generales y la fidelidad de las actas correspondientes será resuelta por las comisiones agrarias mixtas, conforme al procedimiento establecido en esta Ley". Es por medio de este mecanismo como debe impugnarse la validez de una Asamblea y no a través del juicio de garantías, que es un medio extraordinario de defensa, no previsto para la anulación de actos de carácter interno de los núcleos de población; además, no le es permitido al juez de amparo substituirse en las facultades que son propias de las autoridades agrarias; por ello previamente al amparo, para combatir la ilegalidad de una Asamblea General de Ejidatarios, se debe acudir ante la Comisión Agraria Mixta." Además cabe precisar que en el caso, no cobran actualidad las excepciones al principio de definitividad aludido. Es así, pues en cuanto a la excepción relativa debe agotarse la definitividad siempre y cuando conforme a las mismas leyes del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley; y, que el acto por sí mismo, no esté carente de fundamentación. Lo anterior resulta así, ya que la Ley Agraria, en el Título Décimo, denominado de la justicia agraria, capítulo I, en su artículo 166, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado en términos de lo dispuesto en la propia Ley de Amparo, es decir, no exige mayores requisitos a los de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva. El artículo de la Ley Agraria, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establece: "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso.". De los artículos transcritos, se observa claramente que la ley que rige al acto reclamado remite a la propia ley de amparo para resolver sobre la suspensión del acto reclamado. Asimismo, en el artículo 166, de la Ley Agraria se establece que en los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el Tribunal considerará las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de una garantía para tal efecto, siendo ese requisito equiparable al que se exige en el diverso artículo 132, de la Ley de Amparo, cuando por la suspensión de los actos reclamados se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, sujetando al quejoso a la obligación de otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si el quejoso no obtiene sentencia favorable. Por lo tanto, la disposición que rige para la suspensión del acto en materia agraria, en el juicio de nulidad que prevé la codificación agraria, y de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se concluye que el primero de dichos ordenamientos no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que la Ley de Amparo; es decir, es procedente la suspensión en ambos casos, siempre y cuando el interesado la solicite, que de concederse no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público y que si se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a un tercero, el solicitante deberá otorgar garantía para reparar el daño o indemnizar por los perjuicios que se pudieran ocasionar con dicha medida. Bajo tales consideraciones, resulta innegable que, en el caso, no se actualiza la primera de las excepciones al principio de definitividad. De igual modo, de la propia lectura del escrito de demanda y de las documentales que exhiben los peticionarios, se advierte que los peticionarios del amparo, no se duelen de que el acto carezca de fundamentación y motivación, sino que controvierten la legalidad de las asambleas reclamadas. Razones por las cuales este órgano jurisdiccional concluye que en contra de los actos que por esta vía reclaman los peticionarios de amparo, procede el juicio de nulidad correspondiente ante el Tribunal Unitario Agrario competente, previamente a la promoción del sumario constitucional, por lo que se encontraban obligados a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige la materia de amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648, tomo III, segunda parte-2, correspondiente al mes de enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, en el, octava época, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTIAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En las relatadas condiciones, ante la falta de observancia al principio de definitividad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda que se plantea, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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