Jose Guadalupe Ortiz Ramos

Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1047/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Ortiz Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1047/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, en contra el acto que reclama de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, por considerarlo violatorio de las garantías de legalidad. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintitrés, mediante Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el tres siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos,.". ACTO RECLAMADO "De la autoridad responsable reclamo la sentencia interlocutoria de fecha diez de julio del año en curso, respecto del recurso de revocación interpuesto por el suscrito en el juicio natural bajo el número de expediente 176/2023, radicado en la Primera Secretaría del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos.". SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1047/2023-II, se admitió la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza civil atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto efectivamente planteado como reclamados y la autoridad a la que se le atribuye son: De la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se reclama la sentencia dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, al resolver el recurso de revocación, dentro del juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles 176/2023. TERCERO. Acto reclamado existente. La Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto que se le reclamó; por tanto aquél debe tenerse por cierto. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con las copias certificadas del juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles 176/2023, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las cuales se advierte que a fojas 386 a 392 del anexo obra la sentencia dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Sentado lo anterior, en el caso se tiene que, de oficio, este juzgado de Distrito advierte que este juicio de amparo es improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De los preceptos legales transcritos se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos durante un procedimiento seguido en forma de juicio, que causen al gobernado una ejecución de imposible reparación. Un acto tiene una ejecución de imposible reparación cuando es susceptible de afectar de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales; es decir, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas -como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otras-, cuyos efectos no pueden repararse en el juicio del que dimanan tales actos; así como sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Esto es, la afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa que no pueden ser reparados con el dictado de la sentencia definitiva. Sin embargo, el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de actos cuyos efectos sean intraprocesales o adjetivos, que puedan ser reparados si se obtiene fallo favorable en el fondo; o en caso contrario, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en relación al tema de personalidad con motivo de la nueva Ley de Amparo, sostuvo que únicamente era procedente el juicio de amparo indirecto, respecto de actos dictados dentro de juicio que fueran de imposible reparación por afectar derechos sustantivos. Que lo anterior era así, porque de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducían dos condiciones que el legislador secundario había dispuesto para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro: 2006589, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se ha hecho referencia, es localizable en: Tomo I, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página: 39, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". De ahí que son actos de ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, en sentido contrario, son actos intraprocesales aquéllos que no afectan inmediatamente derechos fundamentales, sino que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene fallo favorable a sus intereses en el fondo; o en caso contrario, de seguirle siendo desfavorable a sus intereses, se puede hacer valer dicha violación a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso a estudio el acto reclamado se hizo consistir en la interlocutoria dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, al resolver el recurso de revocación interpuesto en contra el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles 176/2023. Cabe precisar que en la interlocutoria reclamada se declaró firme el acuerdo recurrido donde se desechó el incidente de "desconocimiento y/o falta de personalidad" de la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable (causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen), incidencia promovida por el demandado ********************, aquí quejoso, argumentando que la moral codemandada no participó en el contrato de arrendamiento base de la acción, del que se le reclama la rescisión. De ahí que es claro que en el caso a estudio en contra del acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, al resolver el recurso de revocación, dentro del juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles 176/2023, interpuesto por el ahora quejoso en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que desechó el incidente de "desconocimiento y/o falta de personalidad" de la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable (causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen), es improcedente el juicio de amparo indirecto ya que no es de imposible reparación sino que en todo caso afecta únicamente derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados en la sentencia si la parte aquí quejosa obtiene sentencia favorable, en primera instancia en el juicio ordinario civil, una resolución favorable en el sentido que pretende, es decir, que la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable, no está legitimada para formar parte de la relación jurídico procesal dentro del juicio especial sobre arrendamiento de inmuebles 176/2023, y, en caso contrario puede hacer valer las violaciones de que se duele a través del juicio de amparo directo, previo agotamiento del principio de definitividad. Lo anterior es así, pues con independencia de que la falta de legitimación propuesta por ********************, respecto de la moral ********************, sociedad anónima de capital variable (causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen), formulada mediante la promoción del incidente de "desconocimiento y/o falta de personalidad" debió ser promovido por quien se supone carece de aquélla (legitimación), ello no implica que el acto aquí reclamado sea uno de aquéllos que afecten materialmente derechos ni que a aquél (derecho) le revista la categoría de sustantivo. De ahí que deba concluirse que las violaciones de que ahora se queja el quejoso y que expone en sus conceptos de violación, relativas a que la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable, no debió ser llamada a juicio y, por ende, no debe formar parte de la relación jurídico procesal, no afectan derechos sustantivos sino adjetivos, pues como anteriormente ya se dijo, es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de las cuestiones de personalidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos; por tanto, se impone sobreseer en este juicio de amparo. En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento del juicio por inexistencia del acto reclamado; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, de conformidad con las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesado.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que debe mediar entre la fecha de notificación a la parte tercero interesada respecto del auto en el que se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y de la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por María Isabel Fuentes Galván, apoderada legal de los terceros interesados Tanya Salgado Fuentes y Ramón López Magaña, personalidad reconocida en término de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, por así habérsele reconocido ante la autoridad responsable, tal como consta de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable como justificante de su informe, entre las que se encuentra el poder general para pleitos y cobranzas, actos administrativos, actos de dominio, 7,131 de siete de septiembre de dos mil veintiuno, documental de la que se advierte que la promovente cuenta con dicho carácter. En razón de lo anterior, se tiene a la parte tercero interesada por apersonada a este juicio de amparo por conducto de su apoderada legal. Por otra parte, con base en la certificación de cuenta y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere y con facultades amplias a Ana Patricia Chirinos Palacios y Verónica Pérez Calzada, en razón de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 35, (Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario") del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan la realización de notificaciones electrónicas a la parte tercero interesada, siempre y cuando se realice con base en el usuario "mariadelcarmen01", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se faculta al Oficial Judicial "A" de la adscripción, a efecto de que autorice al usuario "mariadelcarmen01", la consulta del Expediente Electrónico del juicio de amparo en que se actúa a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio enviado por el Representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador Servicios Básicos, a través del cual informa que no localizó contrato de suministro de energía eléctrica alguno a nombre de Ramón López Magaña. Ahora bien, toda vez que en proveídos de veintinueve de septiembre y nueve de octubre, ambos del presente año, este órgano jurisdiccional requirió a diversas autoridades a efecto de que coadyuvaran con la localización de los terceros interesados antes referidos y toda vez que con el oficio de cuenta, han dado total cumplimiento a los requerimientos referidos; este juzgador determina no efectuar mayor pronunciamiento al respecto ni proveer sobre los domicilios de los terceros interesados obtenidos cuyo acuerdo se reservó, toda vez que como se advierte de párrafos precedentes, aquéllos se han apersonado al juicio de que se trata por conducto de su apoderada legal. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, los oficios enviados por el apoderado legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora Jurídica adscrita a la Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través de los cuales, el primero de ellos, informa que encontró diversas homonimias del tercero interesado Ramón López Magaña, por lo que solicita le sea proporcionado la Clave Única de Registro de Población, así como el lugar y fecha de nacimiento; por otro lado, la segunda de las autoridades, refiere que no encontró registro de la tercera interesada Tanya Salgado Fuentes, pero del tercero interesado antes referido, manifiesta que encontró dos registros con dicho nombre. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente en relación al emplazamiento de dicha parte procesal, hasta en tanto obre en autos la totalidad de los informes requeridos en el auto de nueve de octubre del presente año. Notifíquese.

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