Jose Guadalupe Ordaz Oliver

Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
872/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Ordaz Oliver
  • Lic. Francisco Javier Pastrana Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y tomando en cuenta el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el término concedido al promovente en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, para desahogara la prevención realizada, sin embargo a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamente en el artículo 74 de la Ley de Amparo se precisa el acto que reclama toda vez que del estudio integral de la demanda se advierte que se duele de la resolución que le fue notificada el seis de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio STCH/DN/0526/2021. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La resolución que le fue notificada el seis de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio STCH/DN/0526/2021. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el impetrante no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora en el caso concreto como ya se dijo la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de junio del año en curso, emitida por el Director de Normatividad y Trasporte Convencional de Hidalgo, dentro del procedimiento administrativo STC/DN/PAD/0526/2021 que le fue notificada el seis de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio STCH/DN/0526/2021, en la que se determinó que el aquí quejoso, se encontraba trasgrediendo lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, específicamente en la fracción XXVII del artículo 154, que se refiere a las prohibiciones de los permisionarios. Luego, al analizar dicho acto reclamado, se llega a la conclusión que éste debió controvertirse a través del recurso de revisión o juicio de nulidad, previstos en el artículo 81 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, que establece: "Artículo 81. El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo." Lo anterior, pues la parte quejosa tuvo conocimiento del acto administrativo reclamado desde el seis de julio de este año; por lo que desde esa data, estaba en aptitud de acudir ante las ahora responsables y hacer valer sus derechos como correspondiera, interponiendo los medios de defensa conducentes. Además, con la interposición de dichos medios de impugnación, el afectado puede solicitar la suspensión del acto reclamado, sin más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, en términos de los artículos 92 y 93 de la referida Ley Estatal de Procedimientos Administrativos para el Estado de Hidalgo, y 35 a 39 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen: "Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo. Artículo 92. La Autoridad que conozca de cualquiera de los recursos previstos en esta Ley, podrá ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, cuando: I.- Lo solicite el interesado; II.- No se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; III.- No se trate de infractores reincidentes; IV.- De ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación para el recurrente y V.- Se garantice debidamente la no-ejecución, con cualquiera de las formas siguientes. a.- Depósito de dinero en efectivo; b.- Prenda o hipoteca; c.- Fianza otorgada que no gozará de los beneficios de orden y excusión otorgada por Institución autorizada; d.- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia y e.- Embargo en la vía administrativa. Artículo 93. Al concederse la suspensión, deberá establecerse el monto de la garantía por la no-ejecución, el cual nunca excederá del doble de la cuestión debatida. La suspensión concedida no surtirá efectos si no se otorgan cualquiera de las garantías señaladas en el Artículo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se haya notificado la resolución que la hubiere concedido." "Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo Artículo 35. La suspensión de los actos impugnados, podrá concederse en el mismo auto en que se admita la demanda para su cumplimiento. Artículo 36. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto, el mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. No se concederá la suspensión, si se sigue perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Artículo 37. Cuando los actos materia de impugnación, hubieran sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad de subsistencia, en tanto se pronuncien las resoluciones que corresponda, el Magistrado podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Artículo 38. La suspensión podrá revocarse en cualquier momento del juicio si varían las condiciones en las cuales se acordó; dándose vista al actor por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Artículo 39. Tratándose de multas, impuestos, derechos y créditos fiscales se concederá la suspensión si quien la solicita, garantiza su importe ante la autoridad fiscal correspondiente, en alguna de las formas siguientes: I.- En efectivo; II.- Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; III.- Prenda; IV.- Hipoteca; V.- Embargo de bienes; o VI.- Procedimientos administrativos de ejecución." De los preceptos en cita se advierte que la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados, y con la interposición de los recursos la posibilidad de revocar o modificar el acto o determinación que se haya cuestionado, para lo cual prevé un recurso optativo (revisión) y el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. No obsta a lo anterior, el hecho de que el artículo 81 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, disponga que el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ya que el vocablo "podrá" no entraña la facultad de decidir si se impugna el acto mediante los recursos ordinarios o mediante el juicio de amparo, sino que se refiere únicamente a la voluntad de inconformarse o no. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 1ª./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Así es, no es optativo para el interesado observar o no el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, se encontraba obligado a agotar los recursos que las leyes secundarias establecen a su favor, previo al ejercicio de la acción constitucional. Cabe señalar que tales medios ordinarios de defensa no exigen mayores requisitos que los previstos en los artículos 128, 129, 130, 132 y 136 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto impugnado. En efecto, el estudio comparativo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo y Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Hidalgo, frente a la Ley de Amparo, pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución del acto reclamado, se establecen los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite expresamente el interesado [artículos 92, fracción I, de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, 36, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y 128, fracción I, de la Ley de Amparo]. 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público [artículos 92, fracción II, de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, 36, párrafo segundo, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y 128, fracción II, de la Ley de Amparo]. 3) En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar posibles perjuicios que con aquella se causen de no obtener sentencia favorable [artículos 92, fracción V, Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, 39 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y 132 de la Ley de Amparo]. 4) En tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión si se garantiza su importe ante la autoridad fiscal con dinero en efectivo, fianza, prenda, hipoteca, embargo de bienes, obligación solidaria por tercero, o procedimiento administrativo de ejecución [artículos 92, fracción V, Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, 39 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y 135 de la Ley de Amparo]. De ahí que, si la parte quejosa optó por acudir a la tutela constitucional sin antes haber agotado los medios de defensa que las leyes secundarias que rigen el acto reclamado prevén a su favor, debe considerarse que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Además, debe indicarse que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, es de resaltar que, aun y cuando se plantean en la demanda de amparo violaciones directas a la Constitución, específicamente a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 el quejoso plantea violaciones a la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo en sus artículos 6,7, 8 y 9, lo que no surte la excepción requerida en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas a la Constitución, y cuestiones de legalidad por lo que no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Finalmente, también se debe tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales; sin embargo, tal y como se demostrará, tampoco se actualizan dichas excepciones. En efecto, no se actualiza la excepción referente a que se trate de un tercero extraño al procedimiento, ello en razón de que, el quejoso es parte del juicio natural. Igualmente, cabe señalar que el acto reclamado no carece de fundamentación, pues cito como fundamento la responsabilidad los artículos 115, fracción V, inciso H, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 16 fracción V y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo y 48 de la Ley Orgánica para el Estado de Hidalgo. Por otro lado, cabe precisar que el acto reclamado no se trata de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ya que se trata de un acto administrativo que se atribuye a autoridades de igual naturaleza, además de que, en el presente asunto la parte quejosa se trata de una persona moral; por lo que en realidad no es posible que se surta el supuesto de excepción al principio de definitividad aludido. Por los motivos expuestos, es que, queda claro que no se actualizan las causas de excepción previstas en la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por el quejoso José Guadalupe Ordaz Oliver, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de julio del año en curso, lo anterior es así, toda vez que se le previno para que precisara el acto que reclama toda vez que del estudio integral de la demanda se advierte que se duele de la resolución que le fue notificada el seis de julio de dos mil veintiuno, señalando como acto la notificación del oficio STCH/DN/0526/2021. Sin embargo, del escrito de cuenta no refiere el acto que reclama, sino únicamente se concreta en manifestar esencialmente lo siguiente "Asimismo, a efecto de aclarar sin entrar en debate, el hoy quejoso consideró que dicho documento es solo una notificación, ya que a pesar de contar con el título de Resolución en la caratula de la misma, la mencionada no fue emitida por órgano jurisdiccional alguno y mucho menos por jueces del orden local o federal,.". Y al efecto anexa copia simple de la resolución que le fue notificado el seis de julio de este año, De ahí que no se tenga por desahogado dicho requerimiento, en tal virtud, dígasele que continúa corriendo el término y el apercibimiento decretado en dicho acuerdo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual informa la imposibilidad de designar perito en materia de Documentos Cuestionados, debido a que cuenta con incontables solicitudes de los Agentes del Ministerio Público que se atienden del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Sistema Tradicional, así como el reducido personal con que cuenta. Al respecto, se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto el Delegado en Hidalgo de la Fiscalía General de la República informe si cuenta con perito en la materia antes citada. Notifíquese

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano