José Guadalupe Mendoza Gutierres

Expediente 359/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
359/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • José Guadalupe Mendoza Gutierres

Actuaciones

  1. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Agréguese el escrito de cuenta suscrito por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual en desahogo al requerimiento formulado en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, informa que no le ha sido posible localizar a la perito que había designado; por tanto, solicita sea sustituida por el contador público Mauricio Alejandro Flores Rivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a dicho perito por conducto de su oferente, para que en el plazo de tres días comparezca ante este juzgado para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido. Apercibida la parte quejosa que de no hacerlo, se le tendrá por adherida al dictamen del perito oficial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Escrito de desahogo. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, se tiene por desahogado el citado requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Sentido de la determinación. Una vez analizado en su integridad el juicio de amparo que nos ocupa, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio de amparo indirecto, ya que a consideración de éste el órgano competente es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Antecedentes. "(.) (.)" Precisión del acto reclamado. "(.) (.)" Incompetencia En principio, conviene señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal. En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se procede a analizar si este órgano jurisdiccional tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo entre otros Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Ahora, toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se estima que el acto reclamado en este juicio de amparo es de naturaleza laboral, lo anterior toda vez que el acto que en forma destacada reclama la parte quejosa es la demanda inicial radicada con el número 3409/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje así como la radicación del juicio de amparo 1525/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; en tales condiciones, a efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer de dichos actos, cabe destacar que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán: [.] I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]" Así, tenemos que del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, para conocer de los juicios de garantías que se promuevan contra actos de naturaleza laboral, esto es, que se encuentran contenidos tanto en la legislación sustantiva como adjetiva de dicha materia, lo cual en ningún caso, puede conocer un órgano en materia distinta, como en el caso sucede con el Juez de Distrito en Materia Administrativa. Lo anterior obedece a que el espíritu del legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Además, del artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el conocimiento de los juicios de amparo tramitados ante juzgados de Distrito deriva de la naturaleza intrínseca de los actos reclamados, que en la parte que interesa dice: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,25 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Así, el elemento al que debe atenderse para fijar la competencia entre juzgados de distrito especializados por materia, es la naturaleza del acto, la cual, regularmente, se puede determinar mediante su análisis cuidadoso, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como los preceptos legales en que se apoye la demanda y no de acuerdo con la naturaleza de la autoridad a quien se atribuye, prescindiendo en todo momento del estudio de la relación jurídica sustancial entre las partes, por constituir una cuestión relativa al fondo del asunto que decidirá exclusivamente el órgano jurisdiccional competente. Es aplicable, la tesis P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." Corrobora lo anterior, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que limita la competencia de éste órgano jurisdiccional a lo siguiente: "[.] ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. [.]" Como se expuso, el acto reclamado consiste en la demanda inicial radicada con el número 3409/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje así como la radicación del juicio de amparo 1525/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; de ahí que tenga naturaleza laboral, porque tiene su origen en un procedimiento regulado por normas jurídicas de ese mismo carácter. En mérito de lo anterior, se considera que la naturaleza jurídica del acto reclamado es eminentemente laboral pues, como se estableció, lo que está en controversia es la radicación con el número 3409/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje así como del juicio de amparo 1525/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Por tanto, se deduce que el acto que por esta vía se reclama es de naturaleza laboral y la competencia para conocer de este asunto se surte en favor de un Juez de Distrito en esa materia. En esas circunstancias, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, toda vez que el acto reclamado no encuadra dentro de las hipótesis que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prescribe las atribuciones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente. Se solicita atentamente acuse recibo VÍA INTERCONEXIÓN e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar respecto a la aceptación o no de la competencia planteada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas vía interconexión y se advierte que admitió a trámite el recurso de inconformidad, quedando registrado bajo el toca 6/2021; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, quedando en espera de la determinación. Notifíquese.

  4. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 359/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículos 110, 114, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. Indique si su intención era promover demanda de amparo y de ser así, deberá cumplir con los puntos que dispone el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que de la "demanda" que presentó se deduce que cita diversos criterios jurisprudenciales y realiza una narración de los expediente 3409/17 y 1525/2020, sin que exista relación y continuidad de las autoridades responsables, actos reclamados, hechos y conceptos de violación correspondientes; por tanto, el escrito que presente como demanda deberá ajustarlo en términos de lo dispuesto en el citado numeral, pues dicho escrito debe satisfacer los requisitos en él previstos, los cuales a saber son: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 2. Copias del escrito aclaratorio. Deberá exhibir copias de su escrito aclaratorio, tomando en consideración que se requiere una para cada autoridad, otra para el Ministerio Público adscrito y dos para el incidente de suspensión que en su caso solicite. Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo solicitado en los puntos anteriores, dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo y último párrafos de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo a Elvia Trejo Hurtado y Verónica García Vargas, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por cuanto a las demás personas que menciona, se les tiene para efectos de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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