José Guadalupe Medina Arredondo y Otros.
Expediente 686/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí
- José Guadalupe Medina Arredondo
- José Guadalupe Medina Arredondo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se declara que el acuerdo que sobreseyó el juicio ha causado estado. Archívese el asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, se declara que el acuerdo que sobreseyó el juicio ha causado estado. Archívese el asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Notificación que se hace por lista a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el informe justificado, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado. Se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por María Magdalena Cansino Esparza, José Guadalupe Medina Arredondo, Rosenda Amalia Suarez Rodríguez, Silvia Martínez Zavala y Georgina Aguirre Martínez, por derecho propio, contra actos de la Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 686/2017-I. En primer término, resulta conveniente precisar que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierten los siguientes actos reclamados: a) La omisión de acordar el escrito signado por el quejoso José Guadalupe Medina Arredondo, presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil diecisiete; y, b) La omisión de acordar el escrito signado de manera conjunta por los quejosos María Magdalena Cansino Esparza, Georgina Aguirre Martínez, Silvia Martínez Zavala y Rosenda Amalia Suarez Rodríguez, presentado ante la autoridad responsable el nueve de junio de dos mil diecisiete. De lo que se tiene que dichos actos son inconexos, ya que de ningún modo están vinculados entre sí, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, procede la separación de juicios, siendo que en el presente juicio de amparo el acto reclamado será la omisión de acordar el escrito signado por el quejoso José Guadalupe Medina Arredondo, presentado ante la autoridad responsable Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí el ocho de junio del año en curso. Por lo que, en la demanda de amparo que se ordena separar, el acto reclamado será la omisión de acordar el escrito signado por los quejosos María Magdalena Cansino Esparza, Georgina Aguirre Martínez, Silvia Martínez Zavala y Rosenda Amalia Suarez Rodríguez, presentado ante la autoridad responsable Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí el nueve de junio del año en curso. Tiene apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, visible a en la página 117, del contenido literal siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA: Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Así pues, expídase copia certificada de la demanda de amparo que motivó la tramitación del expediente en que se actúa, a fin de remitirla mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda en la cual el acto reclamado será la omisión de acordar el escrito signado por los quejosos María Magdalena Cansino Esparza, Georgina Aguirre Martínez, Silvia Martínez Zavala y Rosenda Amalia Suarez Rodríguez, presentado ante la autoridad responsable Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí el nueve de junio del año en curso y la turne a este Juzgado de Distrito. En otro orden de ideas, respecto del acto que como se dijo, constituye el acto reclamado en este juicio, consistente en la omisión de acordar el escrito signado por el quejoso José Guadalupe Medina Arredondo, presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Medina Arredondo, contra actos de la Dirección General de Colegio de Bachilleres en el Estado de San Luis Potosí; solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente; dese la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Requiérase a la autoridad responsable para que, en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe justificado, remita la constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, adjuntando copia certificada de todo lo actuado en el expediente de origen, a fin de analizar la constitucionalidad del acto reclamado; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se le concede, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable, para que en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito, tal y como lo dispone el numeral 64 de la Ley de Amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional a celebrarse. En la inteligencia que de no existir la autoridad responsable bajo la denominación que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, ésta se tendrá por inexistente, sin previo acuerdo, suspendiéndose toda comunicación con ella. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para tal efecto, el que precisa. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional practique las notificaciones que se originen durante la tramitación del juicio de amparo. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase a las partes, que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de los artículos 8° y 18°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual sigue vigente de conformidad con el segundo y tercero transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, así como de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Angélica Ramírez Trejo, Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien actúa con la secretaria que autoriza y da fe Cristina Díaz de León Cabrero. Doy fe.
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