José Guadalupe Martínez Becerra

Expediente 765/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
765/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • José Guadalupe Martínez Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en que se desechó su demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido... Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso, de ese modo, se verifica la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] B) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Esos numerales disponen que cuanto se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en contra de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En otras palabras, en lo que interesa para la resolución del asunto, el texto constitucional sólo enuncia la procedencia del juicio de amparo en contra de actos "cuya ejecución sea de imposible reparación" y delega en la legislación secundaria las características que deben tener dichos actos. Así, el precepto 107 de la Ley de Amparo , en sus dos de sus fracciones contempla sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. De modo que el legislador estableció que tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para que los actos puedan ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, por lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derecho éstos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes relevantes del caso, según el escrito de demanda: 1. El once de mayo de dos mil quince, *** (aquí quejoso) promovió demanda laboral en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, y fue radicada bajo el expediente *** del índice de la Junta responsable. 2. El uno de agosto del año en curso la parte quejosa inició procedimiento de ejecución liquidación de laudo, el cual fue admitido y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia incidental. 3. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo dicha audiencia en la que el apoderado de la parte demandada promovió incidente de no acatamiento al laudo, el cual fue admitido y se señaló fecha para la audiencia incidental a las trece horas del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. La mencionada determinación que admitió dicho incidente de no acatamiento al laudo constituye el acto reclamado. Se considera entonces que el acto que se impugna tiene un efecto meramente procesal: como se dijo, solo admitió tal incidente, por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación: no violenta derechos sustantivos, únicamente cuestiones adjetivas. Además, las consecuencias jurídicas del auto de admisión son las de tramitar dicha incidencia por lo que la parte quejosa está en condición de obtener sentencia favorable. En caso de no ser así, podrá reclamar la resolución que ponga fin a dicha incidencia: hasta que se dicte se verá si, en realidad, causa perjuicio o no a la hoy quejosa. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal , ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas".

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