Jose Guadalupe Martinez Barrera

Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 37 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Guadalupe Martinez Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial que antecede, se obtiene que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Valoración de expediente. Destino del expediente principal.**** Valoración de incidente de suspensión.*** Duplicado del incidente destruible. **** Hágase constar la valoración en la carátula del expediente.*** Documentos a disposición de las partes. En el entendido que, respecto a los documentos originales y en copia certificada que fueron allegados por las partes, quedan a su disposición y podrán comparecer a recogerlos en el momento en que lo estimen pertinente; sin embargo, en caso de que transcurra el término de tres años aludido en párrafos precedentes, éstos serán destruidos. Sin que se haga mayor pronunciamiento sobre garantía alguna, ya que no se exhibieron en el presente sumario. Remisión de constancias.

  2. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial que antecede, se obtiene que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Valoración de expediente. Destino del expediente principal.**** Valoración de incidente de suspensión.*** Duplicado del incidente destruible. **** Hágase constar la valoración en la carátula del expediente.*** Documentos a disposición de las partes. En el entendido que, respecto a los documentos originales y en copia certificada que fueron allegados por las partes, quedan a su disposición y podrán comparecer a recogerlos en el momento en que lo estimen pertinente; sin embargo, en caso de que transcurra el término de tres años aludido en párrafos precedentes, éstos serán destruidos. Sin que se haga mayor pronunciamiento sobre garantía alguna, ya que no se exhibieron en el presente sumario. Remisión de constancias.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa********************, señala como acto reclamado: El acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ****, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, donde determinó la negativa de devolver los vehículos automotores: Tracto camión marca ****, año modelo ****, color ****, con número de serie ****, con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Tracto camión marca Freightliner, año modelo ***, color ****, con número de serie ***** y con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Tracto camión marca ****, año modelo ***, color ****, con número de serie **** y con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Ahora, de las constancias consistentes en la carpeta de investigación ****; mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se desprende: El cinco de abril de dos mil veinte, dio inicio la carpeta de investigación **** con motivo de la orden de cateo derivada del domicilio ubicado en **** de esta ciudad, donde se pusieron a disposición entre otros bienes:****** El doce de mayo de dos mil veinte, el aquí quejoso acudió ante la Agencia que tramita la carpeta de investigación ****, en su calidad de testigo y refirió que los vehículos asegurados (los que en esta demanda pretende defender) eran de su propiedad. El fiscal solamente notificó el aseguramiento de cinco de abril de dos mil veinte. El dos de septiembre de dos mil veintidós, la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, recibió al auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del cual el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del cuadernillo ***** informó que debía señalar fecha y hora para recibirle a******************** un escrito. En cumplimiento a lo requerido por el juez, el agente notificó al promovente para recibirle sus ocursos; por lo que, una vez recibidos emitió el acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, donde determinó la negativa de devolver los vehículos automotores. Acto reclamado. Medio ordinario de defensa legal. Ahora, este juzgado estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con los diversos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246, que tal acto es materia de conocimiento del juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. ****** De los numerales transcritos, se advierte que los acuerdos por parte del Ministerio Público respecto a los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, son susceptible de impugnarse ante el juez de control, ya que es a quien le corresponde determinar si fue correcto o no el aseguramiento, así como la negativa de autorizar la devolución de dicho bien, así como el instruir a la autoridad ministerial su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Por tanto, si el artículo 16 referido, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código referido, definen que el juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Caso concreto. La parte quejosa******************** se duele del acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación *****, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, donde determinó la negativa de devolver diversos vehículos automotores. Así, se tiene que el acto reclamado es recurrible a través del recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra actos suscitados en la etapa de investigación atinentes al aseguramiento y negativa por parte del Ministerio Público de devolución de los instrumentos, objetos o productos del delito; medio de impugnación que el aquí inconforme debió agotar previo a acudir a esta instancia constitucional. En ese sentido, se insiste, el recurso innominado es el medio ordinario de defensa idóneo y pertinente para combatir el acto reclamado, pues a través de tal recurso es susceptible modificar o revocar el acto del cual se queja el inconforme, con lo que se puede obtener su modificación. Por tanto, si en la especie el peticionario de amparo atribuyó al fiscal General del Estado, Unidad Especializada en Técnicas e Investigación Especializadas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y agente del Ministerio Público adscrito a dicha Unidad, todas con residencia en esta ciudad, la negativa de devolución de los vehículos automotores en cita, contra dichas actuaciones procede el recurso innominado; medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta inconcuso que debió agotar el principio de definitividad.***** Por lo que es claro que antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la victima u ofendido que reclamen cuestiones atinentes a retención o aseguramiento de vehículo automotor y demás objetos, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las actuaciones de la autoridad ministerial. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de la omisión de la autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el promovente de amparo debió agotar el recurso establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio la causa de improcedencia en estudio al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional. *** Decisión. Consecuentemente, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con los diversos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente acuerdo, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, esto es, manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia consagrada en el ordinal 17 constitucional, pues aún cuando se celebrara la audiencia constitucional, el resultado sería el mismo debido, y no se podría alcanzar diversa conclusión a la planteada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Audiencia constitucional. En ese tenor, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de promoción. En otro orden de ideas, téngase recibida la promoción signada por el promovente********************, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación; sin embargo, dado que la negativa de devolución de vehículos reclamado resultó improcedente, las cuestiones accesorias a esta, como en el caso, ampliación de conceptos, siguen la suerte de aquél. Por lo que, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia del acto reclamado primigenio que le dio oportunidad de ampliar su demanda.

  4. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa********************, señala como acto reclamado: El acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ****, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, donde determinó la negativa de devolver los vehículos automotores: Tracto camión marca ****, año modelo ****, color ****, con número de serie ****, con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Tracto camión marca Freightliner, año modelo ***, color ****, con número de serie ***** y con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Tracto camión marca ****, año modelo ***, color ****, con número de serie **** y con placas de circulación *** del servicio de Auto Transporte Federal. Ahora, de las constancias consistentes en la carpeta de investigación ****; mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se desprende: El cinco de abril de dos mil veinte, dio inicio la carpeta de investigación **** con motivo de la orden de cateo derivada del domicilio ubicado en **** de esta ciudad, donde se pusieron a disposición entre otros bienes:****** El doce de mayo de dos mil veinte, el aquí quejoso acudió ante la Agencia que tramita la carpeta de investigación ****, en su calidad de testigo y refirió que los vehículos asegurados (los que en esta demanda pretende defender) eran de su propiedad. El fiscal solamente notificó el aseguramiento de cinco de abril de dos mil veinte. El dos de septiembre de dos mil veintidós, la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, recibió al auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del cual el juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del cuadernillo ***** informó que debía señalar fecha y hora para recibirle a******************** un escrito. En cumplimiento a lo requerido por el juez, el agente notificó al promovente para recibirle sus ocursos; por lo que, una vez recibidos emitió el acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, donde determinó la negativa de devolver los vehículos automotores. Acto reclamado. Medio ordinario de defensa legal. Ahora, este juzgado estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con los diversos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246, que tal acto es materia de conocimiento del juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. ****** De los numerales transcritos, se advierte que los acuerdos por parte del Ministerio Público respecto a los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, son susceptible de impugnarse ante el juez de control, ya que es a quien le corresponde determinar si fue correcto o no el aseguramiento, así como la negativa de autorizar la devolución de dicho bien, así como el instruir a la autoridad ministerial su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Por tanto, si el artículo 16 referido, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código referido, definen que el juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Caso concreto. La parte quejosa******************** se duele del acuerdo de nueve de septiembre de nos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación *****, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, residente en la ciudad de Guanajuato, donde determinó la negativa de devolver diversos vehículos automotores. Así, se tiene que el acto reclamado es recurrible a través del recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual procede contra actos suscitados en la etapa de investigación atinentes al aseguramiento y negativa por parte del Ministerio Público de devolución de los instrumentos, objetos o productos del delito; medio de impugnación que el aquí inconforme debió agotar previo a acudir a esta instancia constitucional. En ese sentido, se insiste, el recurso innominado es el medio ordinario de defensa idóneo y pertinente para combatir el acto reclamado, pues a través de tal recurso es susceptible modificar o revocar el acto del cual se queja el inconforme, con lo que se puede obtener su modificación. Por tanto, si en la especie el peticionario de amparo atribuyó al fiscal General del Estado, Unidad Especializada en Técnicas e Investigación Especializadas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y agente del Ministerio Público adscrito a dicha Unidad, todas con residencia en esta ciudad, la negativa de devolución de los vehículos automotores en cita, contra dichas actuaciones procede el recurso innominado; medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta inconcuso que debió agotar el principio de definitividad.***** Por lo que es claro que antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la victima u ofendido que reclamen cuestiones atinentes a retención o aseguramiento de vehículo automotor y demás objetos, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las actuaciones de la autoridad ministerial. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de la omisión de la autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el promovente de amparo debió agotar el recurso establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio la causa de improcedencia en estudio al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional. *** Decisión. Consecuentemente, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley, en relación con los diversos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133, fracción I, 229, 231, fracción III y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente acuerdo, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, esto es, manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia consagrada en el ordinal 17 constitucional, pues aún cuando se celebrara la audiencia constitucional, el resultado sería el mismo debido, y no se podría alcanzar diversa conclusión a la planteada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Audiencia constitucional. En ese tenor, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de promoción. En otro orden de ideas, téngase recibida la promoción signada por el promovente********************, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación; sin embargo, dado que la negativa de devolución de vehículos reclamado resultó improcedente, las cuestiones accesorias a esta, como en el caso, ampliación de conceptos, siguen la suerte de aquél. Por lo que, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia del acto reclamado primigenio que le dio oportunidad de ampliar su demanda.

Quedan 33 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano