José Guadalupe Manriquez Juárez
Expediente 1648/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1648/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 21/05/2021
Partes del expediente
- José Guadalupe Manriquez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada el veintitrés de mayo de dos mil dos al ahora quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 471/2002, de la estadística del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, promovido por Víctor Manuel Morales García, por conducto de su endosatario en procuración Valentín González Centeno, en contra del aludido impetrante; y como consecuencia de esa diligencia, todo lo actuado con posterioridad. Por resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa JOSÉ GUADALUPE MANRIQUEZ JUÁREZ, contra los actos del Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, para los siguientes efectos Nulifique todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 471/2002, de su estadística, a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento reclamada y ordene nuevamente el desahogo de esa diligencia. La anterior concesión de amparo comprende el embargo trabado en diligencia de veintitrés de mayo de dos mil dos, por ser una consecuencia del acto tildado de inconstitucional, así como todo lo actuado con posterioridad por no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia de la diligencia combatida Inconforme con lo anterior, previo requerimiento, el cuatro y diez de marzo, ambos de dos mil veinte, se tuvo a los terceros interesados Javier de la Fuente Chacón y Víctor Manuel Morales García, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Y por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno los citados recursos de revisión. Así, el uno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informando que admitió a trámite los indicados recursos de revisión, registrándolos bajo el número de toca R-134/2020 de su estadística. Posteriormente, mediante oficio II-312/2021, recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, el referido órgano colegiado, remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del toca R-134/2021, de la que se desprende que se resolvió en los siguientes términos "PRIMERO. En lo que fue materia de esta ejecutoria, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el fallo impugnado, la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, en contra de los actos que reclama del Juez y Diligenciario encargado de los expedientes de número impar, ambos adscritos al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, actualmente Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla; precisados en el resultando primero de esta ejecutoria (Vicios de fondo). En consecuencia, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se requirió al Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla el cumplimiento a la sentencia dictada en autos Posteriormente, el Juez de Primera Instancia del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 932, recibido en la oficialía de este Juzgado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, informó que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 471/2002 dejó insubsistente el emplazamiento realizado al demandado aquí quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, así como todo lo actuado, levantando el embargo trabado en autos mediante diligencia de veintitrés de mayo de dos mil dos, sobre el inmueble materia de dicho procedimiento, ordenando también girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, a efecto de que realice la cancelación del embargo trabado sobre el citado inmueble. De igual manera ordenó turnar los autos al diligenciario de su adscripción, a efecto de que emplazara al demandado José Guadalupe Manríquez Juárez al juicio de origen, en términos de lo ordenado en auto de quince de mayo de dos mil dos dictado en el juicio de origen. Por lo anterior, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el treinta de abril de dos mil veintiuno; y a la parte tercera interesada el siete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de Primera Instancia del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colman las garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la autoridad responsable el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, informó que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 471/2002 dejó insubsistente el emplazamiento realizado al demandado aquí quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, así como todo lo actuado, levantando el embargo trabado en autos mediante diligencia de veintitrés de mayo de dos mil dos, sobre el inmueble materia de dicho procedimiento, ordenando también girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, a efecto de que realice la cancelación del embargo trabado sobre el citado inmueble. De igual manera ordenó turnar los autos al diligenciario de su adscripción, a efecto de que emplazara al demandado José Guadalupe Manríquez Juárez al juicio de origen, en términos de lo ordenado en auto de quince de mayo de dos mil dos dictado en el juicio de origen; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En diverso aspecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente incidente de suspensión carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de la Jueza Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del distrito judicial de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; sin embargo, no es el caso de realizar mayor acuerdo al respecto, atento que mediante acuerdo de veintinueve de abril del presente año, se dio vista a las partes con el cumplimiento que dio al fallo protector, por tanto, agréguese a los autos el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Cynthia Bello López, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. agréguese a sus autos el oficio del Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, mediante el cual informa el cumplimiento que dio al oficio que el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del distrito judicial de Puebla, le remitió en cumplimiento al fallo protector, para lo cual remite copia certificada de las constancias que así lo acreditan. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Primera Instancia del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros de la Ciudad de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, informando que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen 471/2002 en el que dejó insubsistente el emplazamiento realizado al demandado aquí quejoso José Guadalupe Manríquez Juárez, así como todo lo actuado, levantando el embargo trabado en autos mediante diligencia de veintitrés de mayo de dos mil dos, sobre el inmueble materia de dicho procedimiento, ordenando también girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, a efecto de que realice la cancelación del embargo trabado sobre el citado inmueble. De igual manera ordenó turnar los autos al diligenciario de su adscripción, a efecto de que emplace al demandado José Guadalupe Manríquez Juárez al juicio de origen, en términos de lo ordenado en auto de quince de mayo de dos mil dos dictado en el juicio de origen. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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