José Guadalupe Lozada Salazar
Expediente 1398/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- José Guadalupe Lozada Salazar
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL OFICIO SIGNADO POR...INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA POR ESTE JUZGADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...
- Principal
...VISTA LA DEMANDA DE AMPARO...SE ESTIMA QUE ESTE JUZGADO ES LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER EL PRESENTE JUICIO...POR TANTO, REMÍTASE LA DEMANDA Y LAS COPIAS AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO...PUES ES LA AUTORIDAD QUE SE ESTIMA COMPETENTE PARA RESOLVER EL MISMO...PUES EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE HAN EJECUTADO O, EN SU CASO, SE EJECUTARÁN LOS ACTOS RECLAMADOS...
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE ESTABLECE: doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ GUADALUPE LOZADA SALAZAR, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 1398/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, dado que se actualiza la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como se verá a continuación: Al respecto, cabe destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, debe destacarse que el acto que se impugna por esta vía constitucional, se hace consistir en: La orden de embargo, remate, adjudicación, escrituración y desposesión (desalojo) emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1761/2009, promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, en contra de Blanca Estela Quezada Tovar e Isidro Salazar Rivera, y su ejecución respecto de una fracción o porción de 2,250 m2 (dos mil doscientos cincuenta metros cuadrados), del bien inmueble que el quejoso dice es de su propiedad conocido como predio rústico "Los Dolores o Espinacas Blancas", del Municipio de San Luís de la Paz, Guanajuato, de las siguientes colindancias: AL NORTE, 45 metros con Isidro Salazar Rivera, AL SUR, 45 metros con camino, ahora llamada Calle del Recuerdo, AL ORIENTE, 50 metros con Isidro Salazar Rivera y al PONIENTE, 50 metros con Isidro Salazar Rivera. Ahora, el quejoso refiere que el dos de noviembre de dos mil dieciocho, le informaron que el bien inmueble conocido como predio rústico "Los Dolores o Espinacas Blancas", del Municipio de San Luís de la Paz, Guanajuato, (en el que se encuentra inmersa una fracción de su propiedad) fue sujeto del juicio ejecutivo mercantil 1761/2009, del índice del Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, en contra de Blanca Estela Quezada Tovar e Isidro Salazar Rivera, y que por ello dicho juzgador ordenó la escrituración, lanzamiento o desposesión de dicho predio, incluso con la autorización de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, con lo que se afecta el derecho de propiedad que tiene respecto de la citada fracción del consabido bien raíz, sin que haya sido oído y vencido en el juicio de origen. En consecuencia, es evidente que los actos reclamados consistentes en la orden de embargo, remate, adjudicación, escrituración y desposesión (desalojo) emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1761/2009, promovido por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, en contra de Blanca Estela Quezada Tovar e Isidro Salazar Rivera, y su ejecución respecto de una fracción o porción de 2,250 m2 (dos mil doscientos cincuenta metros cuadrados), del bien inmueble que el quejoso dice es de su propiedad conocido como predio rústico "Los Dolores o Espinacas Blancas", del Municipio de San Luís de la Paz, Guanajuato, de las siguientes colindancias: AL NORTE, 45 metros con Isidro Salazar Rivera, AL SUR, 45 metros con camino, ahora llamada Calle del Recuerdo, AL ORIENTE, 50 metros con Isidro Salazar Rivera y al PONIENTE, 50 metros con Isidro Salazar Rivera, se han ejecutado y, en su caso, se ejecutaran en el Municipio de San Luís de la Paz, Guanajuato, lugar en el que se encuentra el bien raíz que se defiende, en el que este Juzgado no ejerce jurisdicción y si los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, conforme al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En la inteligencia que de la demanda de amparo no se advierte ningún acto que se haya ejecutado o tenga ejecución en la zona territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, y si los actos reclamados se han ejecutado y, en su caso, continuarán ejecutándose en San Luis de la Paz, Guanajuato, por ser el lugar en que se encuentra el inmueble respecto del cual el quejoso reclama la orden de embargo, remate, adjudicación, escrituración y desposesión (desalojo) y su ejecución, sin ser parte dentro del juicio de origen. El citado acuerdo plenario en la parte que interesa señala lo siguiente: "XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. (.)" Es aplicable a la anterior determinación la Tesis I.1o.A.44 A, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, plasmado en el tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Finalmente, sustenta lo anterior en lo conducente, la tesis 3ª. XVIII/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y dos, visible en la página diecinueve, que dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." Por lo tanto, conforme a la primera regla de competencia señalada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y al Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pertenece a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, resulta evidente que el órgano competente para conocer de la presente demanda de garantías, lo es alguno de los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, en Turno, por ser el que ejerce jurisdicción dentro de la plaza territorial en la que se han ejecutado o, en su caso, se ejecutaran los actos reclamados (embargo, remate, adjudicación, escrituración y desposesión), precisamente porque el bien raíz sobre el cual se han pronunciado tales actos al ubicarse en San Luis de la Paz, Guanajuato, se han ejecutado (embargo), y tendrán ejecución (la orden de escrituración y desposesión o entrega); en cuyo lugar los Juzgados de Distrito con sede en Guanajuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de garantías; por tanto, remítase la demanda y las copias de la misma, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues es la que ejerce jurisdicción en el lugar en que se han ejecutado o, en su caso, se ejecutaran los actos reclamados. Solicitando al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. En la inteligencia, de que en la especie no resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 110/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1204, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." Ello en virtud, de que en el caso el quejoso no se duele del emplazamiento al juicio de origen (por ser tercero extraño), ni de la legalidad del trámite del mismo, sino que únicamente se duele de que con motivo de lo actuado en tal juicio se pretende afectar un bien inmueble que dice es de su propiedad, pero no de la legalidad o ilegalidad tramite del juicio de origen; de ahí que no es aplicable el citado criterio de Jurisprudencia. Tampoco es óbice a lo anterior el hecho de que no se señale a ninguna autoridad ejecutora en el Estado de Guanajuato, en razón de que al encontrarse el bien raíz que se defiende en el Municipio de San Luís de la Paz, Guanajuato, es inconcuso que para la ejecución de los actos reclamados la autoridad responsable (Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro), solicitará la intervención de alguna autoridad con competencia en tal Municipio, precisamente por ser el lugar en el que se encuentra el bien raíz controvertido. En la inteligencia, de que el criterio sostenido por este juzgado federal para declinar competencia, coincide con lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, quien conoció del Conflicto Competencial número 8/2017, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, Guanajuato; donde por ejecutoria de once de enero de dos mil dieciocho, la indicada superioridad resolvió que la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Juan Huerta López, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, y otra autoridad, en el que el acto reclamado fue "El embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de una fracción de 1,500 metros cuadrados del bien inmueble que refiere de su propiedad conocido como predio rústico denominado "Los Dolores" o "Espinas Blancas", en el Municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, con las siguientes medidas y colindancias al norte en 30.00 metros con Leticia Rangel Salazar; al Sur en 30.00 metros con Calle del Recuerdo; al Oriente 50.00 metros con J. Guadalupe Lozada Salazar y al Poniente 50.00 metros con Filiberto Salazar Ledesma, en favor de un tercero y como consecuencia de ello la desposesión, con motivo de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1761/2009 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, sin haber sido oído y vencido en juicio", corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, y como autorizado en términos amplios únicamente a JOSÉ MANUEL MACEDO RAMOS, y para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a MARIO MOISES QUILLO JIMÉNEZ; toda vez que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró registrada su cédula profesional de lo anterior, hasta en tanto acredite que está debidamente facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho y que haya registrado su cédula profesional. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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